Han muerto cuatro adolescentes y siguen otros tres en peligro, como consecuencia de las quemaduras recibidas en el Centro de Cumplimiento Juvenil del Ministerio de Gobierno y Justicia. El Centro tiene, en la actualidad, 145 niños entre 14 y 17 años de edad detenidos en un local con capacidad para sólo 70 procesados.
Los niños son privados de libertad por ser sorprendidos en actos delictivos. El Centro de Cumplimiento sólo tiene tres custodios. Para complementar los custodios, el Ministerio de Seguridad envía agentes de Policía que no tienen formación para hacer el trabajo correspondiente. Todo indica que las muertes fueron causadas por el trato inhumano y, además, incompetente de estos últimos.
En el pabellón que fue quemado habían 50 detenidos. Según se informó, 7 niños quemados fueron enviados al hospital donde ya han muerto cuatro. Otro número desconocido de niños recibieron atención médica por los perdigones y golpes recibidos durante el incendio del Centro de Cumplimiento. Los restantes fueron enviados a unos sótanos que existen especialmente para castigar a los detenidos. Cuando la Defensoría del Pueblo fue a entrevistar a los sobrevivientes, la Policía Nacional le negó la entrada a la delegación.
Según el Partido Alternativa Popular (PAP) como consecuencia “de las muertes ocurridas en el Centro de Cumplimiento de Menores tanto el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, como el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, deben ser separados de sus cargos y sometidos a una investigación exhaustiva por su responsabilidad en esta tragedia”. El PAP recuerda que “hace apenas seis meses, en Changuinola, Bocas del Toro, murieron dos obreros víctimas de disparos de perdigones y otras cuatro personas por los efectos de los gases lacrimógenos”, producto de la irresponsabilidad de la Policía Nacional.
A fines del año pasado, la ministra de gobierno y Justicia, Roxana Méndez, viajó a Ginebra para asegurarle a las Naciones Unidas que no se cometerían más abusos a los derechos humanos de los panameños. Todo parece que las promesas quedaron en el papel. El gobierno nacional continuará abusando de su poder. ¿Qué pasará cuando las víctimas de la violencia gubernamental no sean hijos del pueblo, adolescentes, estudiantes, trabajadores o campesinos? ¿Alcanzará en algún momento el brazo represivo del Ministerio de Seguridad a los hijos de las capas medias o de las familias ricas de Panamá?
El gobierno no ha asumido las consecuencias de lo acontecido. Según la Alianza Ciudadana, “los adolescentes privados de libertad están en condiciones insalubres, sin acceso a la luz del día, comen en el piso y en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, delante de todos. Los programas de resocialización son inexistentes, por lo que predomina la ociosidad”. Según el gobierno, “la Policía envía a sus peores unidades a los Centros Custodia y Cumplimiento de Menores”.
La Alianza Ciudadana también informó que después del incidente, cerca de 40 niños “fueron enviados a la celda de máxima seguridad del Centro de Custodia. La “máxima”, como la llaman, son celdas oscuras, donde se duerme en el piso, lo que está prohibido por las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”.
El PAP señala que “Panamá enfrenta un reto que debe abordar con valentía y decisión. El gobierno actual se ha declarado enemigo de los derechos humanos, considera que la vida de los jóvenes y trabajadores no son su responsabilidad y violenta todos los principios de respeto a las leyes. Las más altas autoridades tienen que rendir cuentas ante el país”.
Según la edición de La Estrella de Panamá, del 9 de julio de 2009, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, declaró que “he dado la instrucción de que el que se está evadiendo le disparen, tan sencillo como eso”. El ministro añadió que es a partir de “un absurdo de la ley que los custodios tienen temor a disparar, le he dado una instrucción y voy a poner mi pecho también”, expresó.
Las declaraciones inusuales del ministro Raúl Mulino fueron hechas en compañía del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, cuando visitaban las cárceles La Joya y La Joyita. Según el PAP “el ministro Mulino y el director Pérez tienen que ser reemplazados con otras personas que den garantías de su apego a la Ley y al respeto de los derechos humanos de los panameños”.
La Conferencia Episcopal panameña fue tajante al señalar que “la fuerza pública y los estamentos de seguridad no pueden olvidar que deben ser garantes de la vida y honra de todos los ciudadanos panameños, aun a riesgo de la propia...”
Panamá, 18 de enero de 2011.
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