Respeto para los pueblos ngobe y buglé

Los diversos comunicados de la Coordinadora Indígena señalan que los pueblos ngobe y buglé persiguen dos cosas: Por un lado, conservar sus tierras, sus comunidades y sus familias, ante el atropello de las instancias gubernamentales que los oprimen. Por el otro, quieren que se les respete su dignidad como pueblos, con culturas siempre enriqueciéndose sobre la base de sus propias costumbres. Lo que más desean es que los descendientes de los conquistadores y sus agentes detengan los ataques sistemáticos y permanentes.

El decreto 537 de 2011, que reformó la legislación que creó la figura legal de las comarcas en 1997, tiene varios defectos. El más importante, en mi opinión, es que se confeccionó y publicó sin consulta con las partes afectadas. Los gobernantes deben ser muy cuidadosos y consultar primero con todas las partes que tienen interés en una iniciativa. En este caso no se hizo.

Con relación a la intervención inconsulta del Tribunal Electoral (TE), esta instancia del Estado no interviene en las elecciones de otras etnias panameñas (Club Unión, Congreso Negro, Sociedad Española, Colonia China, etc.). Los gobernantes deben permitirle a los pueblos indígenas hacer uso de la autonomía que les confiere la Constitución y las leyes para su propio beneficio.

Las leyes, en general, y especialmente las panameñas, señalan con detalle lo que tienen que hacer los gobernantes. Todo lo que no menciona la ley le es prohibido al gobierno. Todas las leyes (panameñas) se aplican a la población de las comarcas indígenas. Por ejemplo, la ley dice que el Tribunal Electoral organizará elecciones nacionales y que todos los panameños (incluso los pueblos indígenas) tenemos el derecho y el deber de participar en las comicios para Presidente, diputados, alcaldes y representantes. Pero los Congresos que eligen a los "líderes tradicionales" de los pueblos indígenas son materia que le corresponde exclusivamente a esas comunidades originarias. (Igual que la Iglesia. En el caso de las iglesias cristianas el TE no le organiza la elección de obispos u otros dignatarios.). En parte alguna existe una ley que dice que el gobierno debe organizar politicamente a los pueblos indígenas de Panamá. El decreto 537 pretende - sin fundamento alguno - decirle a los pueblos indígenas como deben organizarse en materia política. La ley es muy clara cuando dice que el Estado respetará las costumbres de los pueblos indígenas.

En la actualidad, el gobierno ha elegido a un cacique general ngobe. Al mismo tiempo, el pueblo ngobe realizó su congreso tradicional y escogió a su propio presidente. En este último caso, fue elegido el agrónomo Celio Guerra. El gobierno lo descalifica porque dice que es miembro de un movimiento social popular contestatario. Personalmente no lo conozco. No sé si es miembro de FRENADESO. Lo importante es saber si es miembro del pueblo indígena que lo eligió presidente del Congreso. ¿Cuáles son las cualidades de Guerra para ser presidente del Congreso? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Obviamente, si hubiese sido militante de Cambio Democrático (partido del presidente Martinelli) o del PRD (partido opositor) diríamos que esos partidos políticos tienen "amarrada" politicamente a la comarca. Todo indica, si es cierta la afirmación sobre FRENADESO, que esa organización ha encontrado el consenso en los diversos grupos que forman el pueblo ngobe.

El presidente Martinelli, al igual que los mandatarios anteriores, ha ignorado los intereses de los pueblos indígenas de Panamá. Sus reformas al código minero y la represión en Changuinola son buenos ejemplos. Los insultos de sus ministros y asesores contra los indígenas, en general, es una buena muestra de la falta de respeto que tiene el gobierno del principio de autonomía.

Los pueblos indígenas son parte integrales del Estado panameño. Sus comarcas, al igual que las nueve provincias del país, forman parte de la República. Ellos respetan la Constitución y las leyes panameñas. Para contribuir a la paz social y al desarrollo de las comarcas (de igual manera que del resto del país), los gobernantes deben respetar la Constitución y las leyes que dicen que los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres. Los pueblos indígenas quieren mejorar sus niveles de vida económicos y sociales. Todo indica que ellos quieren que todos los panameños (y el gobierno) trabajemos con ellos (no supuestamente para ellos). Esto quiere decir, en primer lugar, que ellos tienen que resolver el problema de la producción (alimentos, infraestructura, manufactura, etc.) que requiere un gran esfuerzo en los campos de la educación, salud y vivienda. Segundo, reconocer que la comarca Ngobe-Buglé tiene un sistema de organización política que funciona. Hay que respetarla y no destruirla.

Panamá, 24 de marzo de 2011.

Preocupa presencia militar de EEUU en Panamá

Los medios de comunicación panameños publicaron una breve nota informando que el martes pasado (antes de ayer) se iniciaba una “intervención militar” norteamericana sobre territorio nacional. La “invasión” se realizó en varias antiguas bases militares que ese país tenía en lo que antes se conocía como la Zona del Canal de Panamá. Según las notas periodísticas, un total de 45 efectivos militares del Ejército y de la Armada de EEUU ocuparían posiciones en Sherman (antigua base de la Infantería de Marina), cerro Tigre (sede de Operaciones Especiales del Ejército a fines del siglo pasado) y Rodman (antigua base de la Armada norteamericana).
La información no detalló el tipo de armamento, ni la logística que implicaba la presencia militar norteamericana en Panamá. La nota periodística señala que entre los objetivos del despliegue militar se destaca el entrenamiento de un total de 45 panameños en operaciones antidrogas. No aclaraba el origen de los 45 panameños que recibirían estos cursos que se extenderían por más de un mes, entre el 15 de marzo y el 19 de abril de 2011.
Hay indicios que el gobierno nacional está creando estamentos militares con la cooperación de EEUU. La Constitución Política de Panamá señala en forma explícita que no existe y no se crearán fuerzas armadas en el país. En su lugar sólo existirá una Policía Nacional. Con la construcción de nueve bases aéreo-navales en las costas de ambos océanos por parte de EEUU, a partir de 2010, se inició de lleno la creación de los batallones militares.
El presidente Ricardo Martinelli ha dado señales que no se opondría a una creciente militarización de Panamá. El nombramiento de un militar de carrera en la dirección de la Policía Nacional en 2009, la creación de un Ministerio de Seguridad (2010) y la construcción por parte de EEUU de las bases aeronavales son señales que destacan una tendencia clara en ese sentido.
El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, declaró que la “invasión” es parte de “los objetivos de Panamá, para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. La opinión pública mundial y, especialmente, la panameña, sabe que el problema de la producción, distribución y consumo de droga nace en EEUU y su solución sólo puede resolverse con acciones políticas en ese país. Los países de Asia Oriental (Afganistán, Camboya y Birmania) son víctimas de esas políticas. Igualmente, en América latina, en países como Colombia y México, la producción y la distribución de la droga, respectivamente, han destruido el tejido social de esos países.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de EEUU tienen un programa global de intervención. Trata de encubrirlo bajo el manto de la lucha contra “el crimen organizado y el narcotráfico”. Este es el objetivo del Plan Colombia (inaugurado hace dos lustros) y del Plan Mérida (iniciado hace un lustro). El primero contempla más de mil millones de dólares en compra de armamento sofisticado por parte del gobierno colombiano a empresas norteamericanas. En el segundo, México ya ha invertido 300 millones de dólares en la compra de aviones de combate y otros artefactos de guerra.
El Plan Mérida, en el caso panameño, se inició con gastos presupuestados por más de 20 millones de dólares (habilitación de las bases “aeronavales”). Los medios locales no obtuvieron información sobre los gastos que tendrá que hacer Panamá por la presencia de tropas norteamericanas en las antiguas bases de la Zona del Canal.

Desde hace varios años EEUU insiste en que Panamá es un país “amigo” del narcotráfico con el fin de crear un clima favorable a su intervención. A principios de marzo, el Departamento de Estado calificó a Panamá como un “centro importante para el contrabando y advirtió que sus órganos de justicia y de seguridad son susceptibles a las influencias del narcotráfico”. En el comunicado de prensa se dice abiertamente que “los oficiales panameños (¿?) y miembros del ejército de EEUU tendrán la oportunidad de planificar misiones, comunicaciones tácticas, puntería, primeros auxilios y movilidad aérea”.

Panamá, 17 de marzo de 2011.

Los mejores talentos para los Carnavales

La gestión desordenada del presidente Ricardo Martinelli ha recibido duros golpes en los primeros meses de 2011. Los estamentos de Seguridad aún se encuentran desorganizados, a pesar de los millones de dólares que recibe de diversas fuentes norteamericanas. (O ¿será esta la causa?). La punta del “iceberg” fue la muerte de cinco menores de edad calcinados en un Centro de Cumplimiento en enero.

Apenas un mes más tarde, la aprobación de una reforma al Código minero, sin que se preparara un estudio previo o se buscara un consenso, provocó una movilización de rechazo a escala nacional, encabezada por los pueblos ngobe y buglé. El presidente Martinelli anunció que “derogaría” la ley pero no habló sobre las opciones que baraja el gobierno.

Como se dice en el mundo deportivo, para inaugurar el mes de marzo le salvó la campana o el pitazo. Llegaron los Carnavales y los panameños se abocaron a cumplir con la tradición de la “rumba”. El presidente Martinelli se fue a Disneyworld. Los miembros de su gabinete salieron del país. Los diputados que no pudieron viajar al exterior se fueron a sus casas de campo. Muchos alcaldes y representantes se quedaron en sus circunscripciones para darle seguimiento a sus intereses.

La juventud (de todas las edades) se fue a las fiestas organizadas en las comunidades de Azuero, Veraguas y Coclé (entre otros lugares). Por razones que nadie quiere entender, el director de Turismo decidió invertir a última hora 2 millones de dólares en unos Carnavales improvisados (como siempre) en la Cinta Costera de la ciudad capital. Incluso, se utilizaron fondos públicos destinados a proyectos de asistencia social. Según los diarios de la localidad, la asistencia a los “culecos”, desfiles y espectáculos fue pobre, siguiendo la tendencia de los últimos lustros.

Al igual que el año pasado cuando fue a esquiar, este año Martinelli partió hacia EEUU, en su viaje número 33 desde que llegó al Palacio de Las Garzas. ¿No podría haber aprovechado estos días para evaluar las debilidades de su política de Seguridad? Podría haber reunido su equipo de política exterior para definir los próximos pasos frente a la crisis económica mundial, los cambios políticos en el Medio Oriente o la emergencia de las nuevas potencias del Lejano Oriente (tanto China como su “socio” de Corea del Sur).

Mientras los panameños “carnavaleaban” el presidente podría haber convocado a los especialistas en las cuestiones alimenticia, energética y de transporte. Las próximas crisis que enfrenta Martinelli están en las áreas de la educación (inicio del año escolar), la salud (las protestas por los envenenamientos siguen en la agenda) y seguridad social. Quienes gobiernan tienen que entender que su responsabilidad es trabajar todos los días administrando el presupuesto anual de casi 20 mil millones de dólares que le entrega el pueblo. Sin embargo, quienes gobiernan parecen tener otras metas muy ajenas a los del país.

Los Carnavales son una tradición popular, en su momento impulsados por la Iglesia con fines religiosos en Europa y en algunos lugares de América. El vínculo con la Iglesia parece haberse diluido con el tiempo. En Panamá los gobiernos – por razones diversas – intervinieron en la promoción de los carnavales durante la segunda mitad del siglo XX. Su política, sin embargo, ha probado ser un fracaso en la ciudad de Panamá donde las fiestas han quedado reducidas a las ganancias de las empresas de bebidas alcohólicas y sus intermediarios. De querer continuar con su política intervencionista, para asegurar su éxito el gobierno debe cambiar de política.

Recomendamos que en los distritos de Panamá y San Miguelito, los más poblados de la región metropolitana, se organicen los Carnavales con apoyo gubernamental a nivel de cada corregimiento. La juventud de cada uno de los casi 30 corregimientos competirían por los premios a los mejores disfraces, las mejores “comparsas”, corrazas y arreglos musicales. Los panameños que no quieren este tipo de Carnaval pueden visitar los distritos vecinos de Chepo y Capira o viajar al interior de la República.

Sin restarle alegría a la fiesta, se incorporaría a la juventud a los Carnavales. En la actualidad, estos son meros objetos que son manipulados por los organizadores y empresarios que montan los espectáculos. En el esfuerzo hay que movilizar a las familias, a las comunidades y a las escuelas. Incluso, las iglesias, los clubes cívicos y los sindicatos pueden sumarse a la fase organizativa.

La juventud tendría la oportunidad de sacar a relucir sus mejores talentos en materia de diseño, coreografía, arquitectura, ingeniería y música en un ambiente de fiesta y alegría. El presidente de la República también podría reunir a los mejores talentos... para gobernar el país.

Panamá, 10 de marzo de 2011.

Ricos contra pobres

Un dirigente gremial de los profesores de la Universidad de Panamá me escribió diciendo que “es muy cierto que ningún extranjero debe alterar el orden público e incitar a la violencia. Pero también es muy cierto que ningún extranjero debe venir a contaminar estas tierras, a depredar sus recursos o a exigir cambios en las leyes para su propio provecho y mucho menos que el presidente (de la República) llame por teléfono  para dar cuenta de que ha cumplido con su tarea.

“En el caso del periodista Paco Gómez Nadal es aconsejable y oportuno que el gobierno nacional muestre a la luz pública las pruebas que se le imputan y que han conducido a su salida del país”. 

Desde Madrid, España, donde fue expulsado Gómez Nadal, por orden directa del presidente Ricardo Martinelli, el periodista envió un mensaje al país. En el mismo señala que en Panamá no existen “garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá... Alertamos a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social”.

El mensaje de Paco Nadal es alto y claro: Hoy es expulsado del país un periodista de nacionalidad extranjera. Mañana será un periodista de nacionalidad  panameña. Pasado mañana expulsarán a cualquier panameño que consideren un estorbo. La escalada es parte del proceso que se vive actualmente en Panamá. Tenemos un gobierno que no tiene experiencia política y que actúa de acuerdo con sus instintos de preservación. Su único objetivo es mantenerse en el poder y, en el mismo suspiro, acumular riqueza para los miembros de su alianza gobernante.

Con la expulsión del país de Gómez Nadal el gobierno muestra una debilidad muy peligrosa. No es algo que le conviene a los intereses de la nación panameña. Como en su momento señalara el “canciller de la dignidad”, Juan Antonio Tack, quien falleciera la semana pasada, “queremos ser un país de verdad”.

Los arrestos, los muertos y heridos en Changuinola, San Félix y otros puntos del país, causados por la política depredadora del presidente Martinelli, parece que no tendrán fin hasta que termine su mandato. La población panameña, sin distingo de clases sociales, le está diciendo que ponga fin a las políticas mineras destructivas. Sin embargo, el “olfato” por el negocio lo ha enceguecido.

Bernardo Pérez Salazar, un estudioso colombiano de la economía minera señala que “de las cerca de 100 mil entradas que contiene el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, apenas ocho se asocian semánticamente a la voz extraer. Resulta curioso que ninguna de las entradas haga referencia a la acción de explotar yacimientos o riquezas naturales, una de las principales actividades realizadas en las colonias del Nuevo Mundo desde la conquista de América hasta el presente.

En contraste, el término potosí sí es aceptado en su acepción figurativa por el

diccionario para referir una “riqueza extraordinaria”, como la constituida por los miles de millones de onzas de plata extraídas del “Cerro Rico”, al pie del cual fue fundada la ciudad de Potosí en 1545.

El nombre de Potosí se asocia a un tipo de crecimiento económico y social efímero, generalmente asociado con actividades de extracción de riquezas naturales, del cual es un ejemplo académico clásico. De un asentamiento pujante hoy sobrevive penosamente como un “pueblo fantasma”.

La literatura también se refiere el “extractivismo” – al igual que los cuentos de niños - como una estrategia de crecimiento económico acogida por un número creciente de gobiernos, particularmente en países ricos en recursos naturales en América latina. La promoción de la inversión de capitales en actividades extractivas se presenta – al igual que los espejitos - como la locomotora, fundamental para el crecimiento económico y una promotora clave para combatir la pobreza a escala nacional. El extractivismo promueve la inversión extranjera al igual que la exportación de materias primas como dos pilares fundamentales del desarrollo y la prosperidad.

En la actualidad, Panamá es el escenario de una guerra por el poder entre diferentes clases. Hay que entenderlo como el “poder hacer”. Los pueblos indígenas y todos los panameños queremos conservar nuestra tierra, nuestras comunidades y nuestras familias. La clase de personas que gobiernan, en cambio, quieren arrancarle a los panameños más humildes sus tierras, comunidades y familias. La lucha por el poder está claramente establecido: Los ricos en contra de los pobres.

Panamá, 3 de marzo de 2011.