Los diversos comunicados de la Coordinadora Indígena señalan que los pueblos ngobe y buglé persiguen dos cosas: Por un lado, conservar sus tierras, sus comunidades y sus familias, ante el atropello de las instancias gubernamentales que los oprimen. Por el otro, quieren que se les respete su dignidad como pueblos, con culturas siempre enriqueciéndose sobre la base de sus propias costumbres. Lo que más desean es que los descendientes de los conquistadores y sus agentes detengan los ataques sistemáticos y permanentes.
El decreto 537 de 2011, que reformó la legislación que creó la figura legal de las comarcas en 1997, tiene varios defectos. El más importante, en mi opinión, es que se confeccionó y publicó sin consulta con las partes afectadas. Los gobernantes deben ser muy cuidadosos y consultar primero con todas las partes que tienen interés en una iniciativa. En este caso no se hizo.
Con relación a la intervención inconsulta del Tribunal Electoral (TE), esta instancia del Estado no interviene en las elecciones de otras etnias panameñas (Club Unión, Congreso Negro, Sociedad Española, Colonia China, etc.). Los gobernantes deben permitirle a los pueblos indígenas hacer uso de la autonomía que les confiere la Constitución y las leyes para su propio beneficio.
Las leyes, en general, y especialmente las panameñas, señalan con detalle lo que tienen que hacer los gobernantes. Todo lo que no menciona la ley le es prohibido al gobierno. Todas las leyes (panameñas) se aplican a la población de las comarcas indígenas. Por ejemplo, la ley dice que el Tribunal Electoral organizará elecciones nacionales y que todos los panameños (incluso los pueblos indígenas) tenemos el derecho y el deber de participar en las comicios para Presidente, diputados, alcaldes y representantes. Pero los Congresos que eligen a los "líderes tradicionales" de los pueblos indígenas son materia que le corresponde exclusivamente a esas comunidades originarias. (Igual que la Iglesia. En el caso de las iglesias cristianas el TE no le organiza la elección de obispos u otros dignatarios.). En parte alguna existe una ley que dice que el gobierno debe organizar politicamente a los pueblos indígenas de Panamá. El decreto 537 pretende - sin fundamento alguno - decirle a los pueblos indígenas como deben organizarse en materia política. La ley es muy clara cuando dice que el Estado respetará las costumbres de los pueblos indígenas.
En la actualidad, el gobierno ha elegido a un cacique general ngobe. Al mismo tiempo, el pueblo ngobe realizó su congreso tradicional y escogió a su propio presidente. En este último caso, fue elegido el agrónomo Celio Guerra. El gobierno lo descalifica porque dice que es miembro de un movimiento social popular contestatario. Personalmente no lo conozco. No sé si es miembro de FRENADESO. Lo importante es saber si es miembro del pueblo indígena que lo eligió presidente del Congreso. ¿Cuáles son las cualidades de Guerra para ser presidente del Congreso? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Obviamente, si hubiese sido militante de Cambio Democrático (partido del presidente Martinelli) o del PRD (partido opositor) diríamos que esos partidos políticos tienen "amarrada" politicamente a la comarca. Todo indica, si es cierta la afirmación sobre FRENADESO, que esa organización ha encontrado el consenso en los diversos grupos que forman el pueblo ngobe.
El presidente Martinelli, al igual que los mandatarios anteriores, ha ignorado los intereses de los pueblos indígenas de Panamá. Sus reformas al código minero y la represión en Changuinola son buenos ejemplos. Los insultos de sus ministros y asesores contra los indígenas, en general, es una buena muestra de la falta de respeto que tiene el gobierno del principio de autonomía.
Los pueblos indígenas son parte integrales del Estado panameño. Sus comarcas, al igual que las nueve provincias del país, forman parte de la República. Ellos respetan la Constitución y las leyes panameñas. Para contribuir a la paz social y al desarrollo de las comarcas (de igual manera que del resto del país), los gobernantes deben respetar la Constitución y las leyes que dicen que los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres. Los pueblos indígenas quieren mejorar sus niveles de vida económicos y sociales. Todo indica que ellos quieren que todos los panameños (y el gobierno) trabajemos con ellos (no supuestamente para ellos). Esto quiere decir, en primer lugar, que ellos tienen que resolver el problema de la producción (alimentos, infraestructura, manufactura, etc.) que requiere un gran esfuerzo en los campos de la educación, salud y vivienda. Segundo, reconocer que la comarca Ngobe-Buglé tiene un sistema de organización política que funciona. Hay que respetarla y no destruirla.
Panamá, 24 de marzo de 2011.
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