jueves, 29 de diciembre de 2011

Panamá: Corrupción y militarización en 2011

 

En 2011 Panamá observó cómo el gobierno del presidente Martinelli caía en un pozo de corrupción cada vez más profundo y peligroso. El incremento de los casos de corrupción ha tenido un fuerte impacto sobre el tejido social de Panamá. 1. Ha convertido a todos los panameños en víctimas de hecho o potenciales de la des-posesión de sus bienes o ahorros. 2. Ha creado un ejército de trabajadores informales (precarios) que crece a diario. 3. El sistema político (democracia) se ha desmoronado a tal extremo que ha perdido gran parte de su credibilidad. 4. Los empresarios nacionales están abandonando sus negocios cediéndolos a intereses extranjeros (especialmente colombianos). 5. Los panameños vieron, por un lado, como en 2011 hubo un incremento del crimen organizado y, por el otro, una ampliación de los estamentos represivos de la fuerza pública. 6. Con la excusa de contener esta supuesta mezcla explosiva de elementos, EEUU – con la participación cómplice del gobierno panameño – está militarizando el país.
El gobierno considera que su gestión en 2011 ha sido exitosa sobre la base de un crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) igual al 10 por ciento. El crecimiento del PIB, sin embargo, no refleja un desarrollo de las actividades productivas del país. Al contrario, los sectores que generan riqueza y empleos productivos están estancados. No hay crecimiento en los sectores agropecuario y manufacturero.
El crecimiento económico tampoco respondió a un plan de desarrollo que tome en cuenta las necesidades del país o de la población. Mientras que la burbuja especuladora creció en 2011, el gobierno abandonó al sector educativo y de prestación de servicios de salud. Por segundo año consecutivo la distribución de agua potable a la capital de Panamá – cuya área metropolitana alcanza casi 1.5 millones de habitantes – colapsó por falta de mantenimiento. Igualmente, la empresa privada que se encargó del transporte público metropolitano, que traslada a cerca de 800 mil personas diarias, a pesar del subsidio millonario, fracasó rotundamente. 
Campesinos e indígenas del pueblo ngobe derrotaron una iniciativa gubernamental de entregarle al gobierno de Corea del Sur la explotación de la mina Cerro Colorado. Las asociaciones médicas, a su vez, encabezaron la lucha contra el proyecto de ley que creaba la figura legal de Asociación Pública Privada (APP) que le permitiría al gobierno privatizar toda actividad pública.
En 2011, FRENADESO lanzó su propuesta de partido político anunciando la creación del Frente Amplio por la Democracia (FAD) que participaría en las elecciones generales de 2014. Al mismo tiempo, el gobierno logró desarticular a los partidos de la oposición arrancando a diputados, alcaldes y representantes de sus toldas. A fines de 2011, el partido oficialista Cambio Democrático (CD) tiene 36 diputados, una mayoría absoluta en la cámara de 71 legisladores. Martinelli amenaza con convertir la Asamblea de Diputados en el trampolín que necesita para extender su mandato por un período adicional en 2014.
Los empresarios nacionales también están abandonando los sectores productivos. En el campo, los arroceros se están convirtiendo en importadores y abandonando la producción. En 2011 empresas como la Papelera Istmeña, la Estrella Azul y la comercializadora Rodelag vendieron sus intereses a capital colombiano.
Al terminar el año la juventud del Partido Popular presentó ante el Ministerio Público una denuncia criminal contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino. Quiere que se investigue la firma del contrato por 330 millones de dólares entre el gobierno panameño y la empresa italiana Finmeccanica, por la compra de radares, helicópteros y otros equipos militares. El gobierno no ha podido justificar el gasto en armamentos.
Pareciera, que el ministerio que dirige Mulino tiene la misión de crear una supuesta amenaza por parte de las FARC en la frontera con Colombia que justificaría la creciente militarización de Panamá. Además de la compra de armas, se están entrenando panameños en escuelas norteamericanas y colombianas. En la actualidad, el jefe del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ha declarado que cuenta con 2500 efectivos y esperan aumentar ese número en el próximo futuro.
En 2011, la campaña se inició cuando Mulino anunció que Panamá estaba en un estado de guerra contra la “Columna 57” de las FARC que supuestamente opera en la frontera. Declaró que “las FARC y el Frente 57 son un cartel más de la droga”. En julio Mulino dijo que “el Frente 57 está obligando a indígenas panameños a trabajar como mulas cargando alijos de drogas”. Pocos días después agregaría que “las FARC ofrecen ayuda a los ilegales para atravesar la selva del Darién a cambio de que lleven consigo pequeños alijos de cocaína”.
En octubre, la ofensiva se amplió para incluir a “algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Darién”. Mulino, a su vez, informó que las FARC habían desembarcado drogas en Panamá la Vieja, barrio de la capital.
En octubre el gobierno incluyó a estudiantes universitarios en su estrategia, alegando que son usados por las FARC “con el objetivo de crear inestabilidad en las fronteras”. La escalada continuó en diciembre, obligando a los estudiantes de la Extensión de Darién de la Universidad de Panamá, en Metetí, a denunciar a los agentes de la fuerza pública por el acoso al cual son sometidos en forma permanente.
Panamá, 29 de diciembre de 2011.

2 comentarios:

  1. Desde La Colectiva (www.lacolectiva.org.ar)
    nos interesa realizar una entrevista sobre este tema.
    Comunicarse a giovannini.daniel@gmail.com
    Desde ya muchas gracias.

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  2. Necesito comunicarme con el Sr. Gandásegui para publicar uno de sus articulos en un boletin editado en Gunayala. Mi email es ticocmf@gmail.com. Freddy Ramírez

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