Seguridad o “abusos de autoridad” en Darién

Hace varios meses denunciábamos los abusos cometidos por las instituciones militares panameñas, cuya existencia son contrarias a lo que indica la Constitución Política. Comunidades campesinas y de pescadores en Darién y Veraguas, así como los indígenas en la Comarca de Kuna Yala, son sometidos a requisas, detenciones y abusos físicos en forma cotidiana. El Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) los considera enemigos del país porque residen en áreas identificadas como sensibles. Son comunidades que están cerca de la frontera con Colombia y, además, sobre el litoral, tanto Pacífico como del Caribe.

Las bases, los retenes y las estaciones militarizadas responden a un plan que rebasa a Panamá y que desarrollan las fuerzas armadas de EEUU desde Colombia hasta México. EEUU está construyendo bases aeronavales sobre las costas panameñas y está armando a los estamentos militares panameños. Además, lleva oficiales y soldados a EEUU para entrenarlos en el uso de armas sofisticadas y en tácticas represivas.

La política de EEUU está debidamente documentada en sus manuales y reglamentos que son aprobados por el Congreso de ese país y que son publicados por las instancias correspondientes. En ejercicios militares realizados recientemente por el Comando Sur de EEUU, en los alrededores del Canal de Panamá, los norteamericanos identificaron como sus supuestos enemigos, a grupos campesinos e indígenas que encabezaban un imaginario movimiento insurreccional en el país. Si esta política es tomada a la ligera podría desecharse como tonterías propias de estos mandos militares. Sin embargo, los militares norteamericanos están inculcando en las tropas panameñas (inconstitucionales) un sentimiento antinacional que los obliga a identificar como sus enemigos a los trabajadores panameños y muy especialmente a los campesinos e indígenas.

En Changuinola, cuando a mediados del año pasado los obreros de las bananeras de la Bocas Fruit Co. se declararon en huelga fue un batallón del SENAFRONT que reprimió a los trabajadores dejando dos muertos de bala, otros por “daños colaterales” aún no esclarecidos y muchos heridos.

Las declaraciones verbales de las autoridades panameñas aseguran que los gastos en equipamiento, adiestramiento y maniobras militares se realizan en el marco de un propósito de seguridad nacional. Insisten en que están defendiendo las fronteras del país de supuestos traficantes de drogas ilícitas, de guerrilleros colombianos pertenecientes a las FARC o algo que han bautizado con el nombre de “narco-terroristas-guerrilleros”. Estos términos son tomados de documentos que aprueba el Congreso de EEUU para autorizar el gasto de miles de millones de dólares en sus planes militares en Colombia y México.

En el caso de Panamá no existe programa alguno sobre seguridad nacional que no sea escrito en inglés y traducido al español. El Ministerio de Seguridad Pública cuenta con un Consejo que no realiza investigaciones o estudios estratégicos. En otras palabras, ¿cuáles son las metas gubernamentales para erradicar el supuesto tráfico de drogas ilícitas o de neutralizar las tácticas de las FARC en esta coyuntura o en los próximos diez años? En el gobierno panameño no existe conocedor o experto en materia de política militar. Todos los militares panameños son entrenados en EEUU o en regimientos colombianos supervisados por EEUU. Todos son alimentados militar e ideológicamente por programadores norteamericanos que tienen planes muy ajenos a una política de seguridad nacional panameña.

Hace pocos días un grupo de estudiantes universitarios de la provincia de Darién denunciaron que “fueron (víctimas de) abusos de autoridad e intimidación” por parte del SENAFRONT y por la Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ). En una carta dirigida al rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, los estudiantes denunciaron “toda una serie de hechos, que se caracterizan como agresiones, abusos de autoridad e intimidación por parte de miembros del SENAFRONT y la DIJ, ambas instancias de Policía, dirigidos a hostigar al presidente del Centro de Estudiantes, a miembros de la directiva y a estudiantes de la Extensión Universitaria de Darién”.
En la carta los estudiantes señalan que la intimidación “es en represalia por denunciar los actos de corrupción de las autoridades, por contratos de servicios y obras públicas cobradas al Estado, pero que no han sido cumplidos... Los estudiantes “solicitan el respaldo de las autoridades universitarias para elevar una sola voz de protesta, contra estos atropellos, ilegalidades y abusos”. Por su lado, el Movimiento de la Juventud Popular (MJP) también denunció la “acción ofensiva policial y de los servicios de inteligencia nacionales y foráneos en contra del movimiento estudiantil universitario”.
Durante la segunda mitad del siglo XX el país fue militarizado para “protegernos” del peligro de una invasión “comunista”. La excusa le permitió a EEUU crear la Guardia Nacional (1953) y después las Fuerzas de Defensa (1983). En la actualidad, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli está invirtiendo cerca de 500 millones de dólares en armas y equipos para que EEUU militarice nuevamente el país con la excusa de repeler bandas de narco-traficantes y/o a las FARC. Las supuestas incursiones fronterizas parecieran ser fabricaciones que tergiversan la realidad. El gobierno panameño aún no ha dado a conocer una estrategia propia para desarrollar una política exterior y de seguridad coherentes.

Panamá, 8 de diciembre de 2011.