Según el ministro de Seguridad Pública el secuestro y asesinato de cinco jóvenes en La Chorrera fue un asunto aislado. Después se retractó y pidió disculpas. Sin embargo, los panameños sabemos que el ministro considera prioritario los lazos con EEUU y la política de contra-insurgencia que está disolviendo el tejido social de la sociedad panameña. Mientras el rancho arde en casa, el ministro sale de caza con sus amigos norteamericanos a hacerles la vida imposible a los campesinos y pescadores más humildes. Existe una estrecha correlación entre la política equivocada de militarización de la fuerza pública y el incremento del crimen organizado. ¿Cuándo podrá entender el gobierno panameño esta relación tan peligrosa? ¿Son engañados por los agentes norteamericanos o saben perfectamente lo que hacen?
Según el último informe presentado ante la nación por el ministro, el número de homicidios en el país disminuyó. A esta altura la credibilidad del gobierno se ha perdido. Según “el Indignado”, quien escribe en internet, después de los asesinatos en La Chorrera, “el miedo es el nuevo sentimiento que caracteriza al panameño”.
Hace escasos días fueron hallados 5 jóvenes panameños asesinados y enterrados en una residencia de La Chorrera. Los casos de secuestros y desaparición en La Chorrera empezaron hace un año. “El Indignado” plantea que los “datos son muy reveladores y merecen ser compartidos con el público en general”.
“Yessenia Loo Kam de 18 años (el primer caso) desapareció cuando iba en trayecto a la escuela. Las autoridades encontraron su vehículo abandonado y dieron la voz de alarma a sus familiares. El Departamento antisecuestro de la DIJ se hizo cargo del caso y recomendó a los familiares de la víctima mantener un bajo perfil y no acudir a los medios para no entorpecer la investigación. Los familiares de Yessenia colaboraron con las autoridades y siguieron sus recomendaciones. A un pariente de la joven le pareció muy familiar la voz del secuestrador que llamaba para pedir el rescate. Incluso, salió a relucir el nombre de Alcibíades Méndez, (quien fue detenido un año y cuatro muertes después) por su acento dominicano”.
En el caso del joven Wen Ken Wu, quien fue el segundo secuestrado, pasó algo muy parecido. “Ken desapareció mientras salía de su negocio rumbo al médico a buscar a su esposa embarazada. Los familiares del joven acudieron a poner la denuncia en la policía de La Chorrera y estos le replicaron que no podían hacer nada hasta después de 24 horas”.
Ken tenía el sistema GPS en su celular el cual enviaba a su local las señales de su ubicación. “Los colaboradores del local rastrearon la señal que venía del área de Trapichito. La señal de GPS emitió señales por más de 24 horas pero la DIJ hizo caso omiso del mismo. Los parientes de Ken siguieron las recomendaciones de las autoridades y colaboraron con ellas al sentirse impotentes”.
Por segunda vez, al escuchar las conversaciones con el secuestrador de Ken, el psicólogo de la DIJ reconoció la voz de la persona involucrada en el caso de Yessenia. Las autoridades le preguntaron a los familiares si el joven Ken tenía algún conocido dominicano. Los parientes de Ken nombraron dos conocidos y entre estos sobresalía el nombre de Alcibíades Méndez. Estos decidieron no actuar por falta de pruebas concretas y optaron por atrapar al secuestrador en la entrega del rescate. El secuestrador y sus secuaces después de recibir los 83,000 dólares, se esfumaron con el dinero luego de eludir 4 unidades Lince y una unidad antisecuestro en civil”.
Según el Indignado, “los hechos contradicen la versión del ministro de Seguridad Pública y del jefe de la Policía Nacional. Las autoridades argumentan que no hubo cooperación por parte de los familiares de las víctimas. Lo cierto es que éstos mantuvieron el silencio por recomendación de las autoridades competentes para no entorpecer las investigaciones”.
Las vidas de los otros tres jóvenes se habrían salvado si se hubiera actuado de manera más eficaz. “No estaríamos lamentando las muertes más recientes de Samy Zeng Chen, Joel Liu Wong y Georgina Lee Chen. El público panameño se pregunta si hay otros involucrados en este caso”.
El Indignado concluye que estamos frente al “ejemplo de una crónica de una muerte anunciada a la Gabriel García Márquez. Ojalá la muerte de estos muchachos y el dolor de sus familiares no sea en vano y como nación reflexionemos...” La Policía tiene que cumplir con sus obligaciones constitucionales, dedicarse a proteger a las comunidades y revisar su política de militarizar el país. El Ministerio de Seguridad acaba de comprar armamentos sofisticados por un total de 400 millones de dólares. Los deudos se preguntan “¿porqué Panamá tiene que subsidiar la guerra contra el crimen en EEUU”?
Panamá, 6 de octubre de 2011.
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