El pueblo panameño está movilizado en contra de las reformas al Código minero, aprobadas por la Asamblea de Diputados y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli. La legislación introduce elementos de inseguridad jurídica, que ponen en peligro la estabilidad económica del país y, además, las relaciones de Panamá con otros países.
Para justificar su enorme “metida de pata” el gobierno del presidente Martinelli dio a conocer un comunicado asegurando que no explotaría – bajo circunstancia alguna – los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, en la Comarca Ngobe-Buglé. Pero el comunicado fue publicado de manera parcial. La versión que fue publicada en los diferentes medios no incluía la parte final del comunicado. La línea que no fue publicada dice que el gobierno procedería a conceder los derechos de explotación a empresas interesadas (gobiernos extranjeros, etc.) si se “lo piden las autoridades comarcales”.
¿Quiénes son las autoridades comarcales? Son las instancias creadas por el mismo gobierno del presidente Martinelli, según decreto ejecutivo N°537 de 2010. En otras palabras, cuando el gobierno del presidente Martinelli decide hacer la concesión de explotación minera a los empresarios extranjeros interesados, convoca a las “autoridades comarcales” nombradas por él mismo para proceder.
Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular el siguiente comunicado:
"El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngöbe Buglé –atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes- de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas". Sólo 20 minutos después hizo circular el mismo comunicado pero le agregaba la siguiente línea: "Salvo que lo pidan las autoridades comarcales".
Así se descifraba el espíritu “democrático” de los gobernantes. El Gobierno de Martinelli aprobó el año pasado el Decrero Ejecutivo 537 que le otorga injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la comarca Ngobe Buglé. Lo anterior es el resultado de las modificaciones realizadas por el presidente Martinelli y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, a la carta orgánica de la comarca creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999.
La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo 537 publicado en Gaceta Oficial el 4 de junio de 2010. La modificación establece que los llamados “encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales” serán parte del congreso general; mientras que los “encuentros locales de autoridades gubernamentales” serán parte del congreso local de la comarca. El concepto de “autoridades gubernamentales” tiene preocupados a los dirigentes de las comunidades indígenas, ya que en el decreto original los dos organismos citados solo eran conformados por autoridades comarcales.
En base a este Decreto se celebraron elecciones espurias que dieron como resultado los delegados que a su vez designarán a las autoridades en mención en un futuro Congreso organizado por el Gobierno. Esas autoridades progubernamentales y espurias le pedirían la explotación de Cerro Colorado. La participación en esos comicios no llegó ni al 10 por ciento, según los magistrados del Tribunal Electoral.
El pueblo ngobe buglé no reconoce estos delegados y se prepara para celebrar su propio Congreso en el mes de marzo posiblemente, en base a sus costumbres y tradiciones. Un dirigente ngobe buglé, recordando las palabras de Martinelli en campaña - "Si no cumplo que me guinden del palo más alto" - dijo que en la Comarca le espera ese palo.
La explotación de los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado es un antiguo proyecto. En la década de 1970 el gobierno del general Omar Torrijos negoció con empresas extranjeras interesadas en su explotación. Al igual que en aquella época, el precio del cobre en el marcado mundial se encontraba muy elevado y su explotación aseguraba rápidos dividendos.
En la actualidad, sin embargo, la sociedad panameña, y muy especialmente el pueblo ngobe buglé que vive en la Comarca donde se encuentra Cerro Colorado, están mejor organizados e informados sobre los estragos que haría la explotación minera a cielo abierto.
Se calcula que toda el área de Cerro Colorado tendría que ser desalojado por los efectos de la actividad minera. Por otro lado, según lo acuerdos previstos con las empresas explotadoras, estas se llevarían del país más del 90 por ciento de los beneficios monetarios de las riquezas extraídas del subsuelo.
Al final, Panamá quedaría con un inmenso hoyo, con todo su entorno destruido, sin comunidades y más empobrecido por la falta de planificación.
Panamá, 17 de febrero de 2011.
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