Colón y el “fin de la democracia”

El mundo ha entrado en su fase más turbulenta en más de 80 años (desde la gran depresión de la década de 1930). El colapso financiero del capitalismo, las tasas de desempleo que superan un promedio del 10 por ciento y la desesperación de la población, apuntan hacia un futuro incierto. Panamá y el resto de América latina no se liberan de ese panorama global, aunque hay señales contradictorias. La crisis es financiera y, también, política. La democracia liberal tambalea al igual que las bolsas de valores.

En este mundo turbulento, la ciudad de Colón, terminal caribeño del Canal de Panamá, reproduce los indicadores más violentos de la debacle financiera global. La riqueza abunda por doquier, sin embargo, mientras más la prosperidad de una elite selecta, aún mayor la pobreza de la población (“del 99%”). ¿Cómo se explica esta contradicción sórdida? Desde su fundación a mediados del siglo XIX, la ciudad de Colón no ha hecho más que generar enormes riquezas. Ese crecimiento económico, sin embargo, no ha tenido impacto alguno sobre la calidad de vida de su población ni de la provincia que la rodea.

Hace una semana las lluvias de la estación húmeda del trópico se dejaron caer en todo el país, con especial intensidad sobre el Caribe panameño donde se encuentra Colón. Los barrios de la ciudad fueron inundados provocando daños en viviendas, establecimientos comerciales y públicos.

Fue un desastre social que pudo haber sido diagnosticado y obviamente evitado. (No hay que decir que fue un desastre “natural”).  Más aún, siendo Colón una de las ciudades que más riqueza genera en el país debería contar con un plan de desarrollo urbano y, sobre todo, la capacidad para hacer cumplir las ordenanzas municipales. Lo paradójico es que Colón tiene un plan urbano y también ordenanzas, pero no se cumplen. No debería quejarse de dinero porque en términos relativos es el distrito más rico de la República.

Según La Estrella de Panamá, sólo en los primeros 8 meses de 2011 en la Zona Libre de Colón (ZLC) “el movimiento comercial ascendió a un total de 18,816 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 44 por ciento comparado con el mismo período del año anterior. Una diferencia de 5,736 millones de dólares.

En ese período, según reporta la Contraloría General de la República, llegaron a la ZLC un total de 150 mil “turistas de todo el mundo”. En la actualidad, el principal proveedor de mercancías es China y los mayores compradores son Colombia, Venezuela y Ecuador.

Con sólo estos datos, Colón debería ser una ciudad con avenidas, edificios, viviendas y actividades sociales, educación y cultura rebosantes. A pesar de ello, está casi abandonada a su suerte, con algunos “guetos” empresariales encerrados tras gruesas murallas.

Sin embargo, hay más, mucho más en materia de actividades económicas. Los puertos que surten el movimiento comercial de la ZLC y de muchos países de la región están en permanente crecimiento. Colón es la ciudad con más movimiento portuario de América latina. En los primeros 9 meses de 2011 (enero a septiembre), los 3 puertos de Colón manejaron la increíble suma de 1.6 millones de contenedores. Puntualicemos: El puerto MIT manejó 800 mil contenedores, el puerto de Cristóbal manejó 450 mil contenedores y el CCT (Evergreen) manejó 212 mil contenedores. El puerto de Balboa en el extremo sur del Canal de Panamá manejó en esos mismos 9 meses otros 1,4 millones de contenedores.

A esta actividad comercial (ZLC) y portuaria de Colón hay que sumar los 1.8 mil millones de dólares que le pagaron al Canal de Panamá en el año fiscal 2011, en forma de peajes, las 15 mil naves que subieron y bajaron sus esclusas para pasar de un océano a otro. Para rematar, hay que sumar los ingresos por el registro anual de barcos, propiedad de empresas que buscan banderas que se acomoden a sus intereses anti-laborales. En 2010 se registraron más de 900 barcos y en 2011 superaron los 1100 naves.

Este “baile” de miles de millones de dólares no incorpora a las familias ni a la comunidad de Colón. En gran parte, son acaparados por comerciantes en las grandes capitales financieras mundiales y por los intereses monopólicos navieros. Otras sumas son retenidas por los grandes comerciantes de la plaza y de algunos abogados. Otra suma, quizás aún mas pequeña, termina en la arcas del fisco en forma de tributos (peajes) e impuestos (ITBM). La ciudad de Colón recibe una suma que le permite a sus autoridades pagar la planilla y celebrar alguna fecha patria. Los trabajadores, además de sus salarios, reciben los peores servicios urbanos, de educación y de salud.
El sistema que perpetúa esta injusticia no es producto de mala administración o de banqueros ineficientes. El sistema ha sido cuidadosamente organizado para generar estas relaciones asimétricas en que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos. El sistema que ahora golpea, además de Colón, al mundo desarrollado (primer mundo como le gusta a algunos), es consecuencia de una política diseñada para ese fin: empobrecer cada vez más y desarticular a las organizaciones de los trabajadores.

Parafraseando a Francis Fukuyama, no se trata del fin de la historia soñado por los grandes especuladores. Los depredadores financistas de occidente están promoviendo el fin de la democracia.

Panamá, 24 de noviembre de 2011.

El Estado panameño globalizado

Sin duda, los conceptos de Estado y globalización son difíciles de manejar debido a las múltiples interpretaciones que se hacen de los mismos. Para algunos, el Estado es la síntesis de todos los actores políticos de una sociedad. Para otros, es el aparato gubernamental que tiene el monopolio para tomar decisiones políticas y reprimir a los opositores del sistema que encabeza. En realidad, cuando se habla del Estado se está haciendo referencia a una correlación de fuerzas. Seamos más claros y directos: Es el equilibrio que se establece entre las distintas fuerzas sociales que compiten por ejercer su dominio sobre la totalidad de la sociedad. El Estado refleja los intereses del sector más poderoso de la sociedad o de una alianza entre diferentes sectores que comparten el poder. El Estado (el grupo más poderoso) define la política exterior de la sociedad organizada así como la política interna (el orden y el grado de represión). La política exterior incluye relaciones con otros estados, las alianzas internacionales y la guerra. La política interna del Estado define el uso de la Policía y otras fuerzas represivas, las recaudaciones y las inversiones, la educación, los servicios de salud, las relaciones entre obreros y patrones, el uso del territorio y, en algunos casos, incluso, el culto (religión).

El Estado entra en una crisis cuando pierde el equilibrio. Generalmente, el desequilibrio es consecuencia de la declinación de un grupo social y la emergencia de otro. La industrialización transformó el Estado “antiguo” (anciene règime) con motivo de la insurgencia de una burguesía que tenía una política exterior e interior totalmente diferente a las clases terratenientes y su aparato político (la Corona o algo parecido).

El nuevo Estado burgués necesitaba una política exterior que le garantizara acceso a mercados crecientes, materias primas y población. A su vez, necesitaba una política interior que organizara, educara y disciplinara a la clase trabajadora que era reclutada mediante la desposesión de los campesinos combinado con las migraciones internacionales.

La revolución industrial destruyó el Estado tradicional (equilibrio entre una clase dominante de terratenientes y una población dominada de campesinos) y después de muchas revoluciones sociales creó el Estado burgués. El nuevo Estado es el resultado de una correlación de fuerzas asimétrica entre industriales y obreros. Para acabar con los remanentes del Estado de los terratenientes la burguesía se alió con la clase obrera. Posteriormente, para frenar las ambiciones políticas de los obreros que levantaron la bandera comunista, la burguesía se alió con los terratenientes ya derrotados.

El Estado por definición está en un proceso permanente de cambio, en una lucha por mantener el equilibrio y, al mismo tiempo, buscando un nuevo equilibrio. Las políticas que promueve el Estado entran en contradicción con los intereses de quienes las promueven. La burguesía invierte capital para contratar cada vez más trabajadores. Los trabajadores, a su vez, se organizan para destruir el Estado burgués y reemplazarlo con un Estado social. El Estado de “bienestar social” que surgió a mediados del siglo XX en el llamado Occidente (EEUU y Europa nor-occidental) pretendió ser un equilibrio entre las dos fuerzas sociales que luchaban por sus intereses: burguesía y obreros.

El llamado Occidente (del Atlántico norte) era rodeado por una periferia que ocupaba el resto del mundo. Una periferia relativamente rica (la semiperiferia), con una clase obrera consumidora. Otra periferia relativamente pobre (América latina), con una clase obrera “superexplotada” que consumía muy poco. Además, una periferia sumida en la pobreza,  que representaba a más del 70 por ciento de la población mundial.

Este orden mundial que se mantuvo más o menos intacto durante toda la segunda mitad del siglo XX perdió el equilibrio y, en su lugar, está apareciendo una nueva correlación de fuerzas. Incluso, al interior de los países hay un reacomodo de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. China y, en menor medida, Brasil, Rusia e India, (los países BRIC) se están convirtiendo en países capaces de competir en el escenario mundial.

En el caso de Panamá, el cambio de la correlación de fuerzas que se experimentó entre 1990-2010 pareciera indicar que vamos a contratiempo con el resto del mundo. Es decir, la burguesía rentista (Canal de Panamá, centro bancario, actividades portuarias y la Zona Libre de Colón) han sometido a la sociedad y a los trabajadores a un régimen inflexible. Los rentistas (representados por sus partidos Panameñista, PRD y, sobre todo, Cambio Democrático) se preguntan para qué tener una clase obrera. El actual gobierno, incluso, se pregunta para qué sirven las capas medias, la llamada sociedad civil.

Esto es lo que a escala global llaman la crisis. La dirección política mundial, y Panamá no es una excepción, perdió la brújula y sólo piensa en acumular riquezas lo más rápido posible antes de que el edificio se desplome. Un periodista europeo, Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique,  constata que los dirigentes políticos están perdidos. “La política se revela impotente. La gente constata el derrumbe de la autoridad política. Los líderes actuales no están a la altura de los desafíos”. ¿Cuándo aparecerá esa nueva generación política capaz de ofrecer el liderazgo esperado en el marco de un nuevo Estado?

Panamá, 17 de noviembre de 2011.

El pueblo rechaza la ley privatizadora

La Asamblea Ciudadana se sumó a la protesta nacional contra los desmanes del gobierno al querer, entre otras cosas, aprobar un proyecto de ley que privatizaría el sector público panameño. La iniciativa de la Asamblea Ciudadana considera que “el paro ejemplar de la Coordinadora Médica Nacional (COMENENAL) y de los profesionales y técnicos de la salud, apoyado por sectores de los educadores, estudiantes y sindicatos, que se opone al proyecto de ley de Asociación Público-Privada (APP), se ha granjeado la simpatía de amplios sectores de la población… Han podido constatar que el proyecto de Ley no sólo afecta a los sectores de salud y de educación, sino que afectará, si es aprobada, a la totalidad del pueblo panameño”.

El proyecto de ley faculta a los gobernantes para distribuir entre sus allegados todos los negocios públicos que se consideren rentables. Además, la ley plantea que la concesión pública entraría a formar parte del régimen de propiedad privada. Un ejemplo sería si una persona natural o jurídica recibe la concesión para cobrar peaje en una calle de la ciudad de Panamá por un plazo de 20 años, tendría todo el derecho a extender automáticamente la concesión por otro período igual en forma permanente. Si la persona se retira del negocio, el gobierno está obligado a entregar el privilegio a otro interesado.

Hay quienes plantean que este proyecto de Ley también puede justificar la concesión a empresas privadas de la recolección de tributos e impuestos a escala nacional. La empresa puede ser panameña o extranjera. En la actualidad, los consulados marítimos panameños en el exterior les dan a los allegados de los políticos en el poder, la autoridad para cobrar los servicios que les presta el Estado.

La Asamblea Ciudadana denuncia que “mediante contratos que pueden llegar a ser de 50 años de duración, el gobierno podría privatizar escuelas, hospitales, diversos servicios de salud, el IDAAN, la segunda línea del Metro, el nuevo puente sobre el Canal y cualquier otra obra o servicio”. El negocio “sólo depende de lo que proponga la empresa privada, con el consiguiente pago de los ciudadanos por servicios que hasta ahora han sido gratuitos… Dejarían de ser “servicios públicos” para convertirse en negocios privados”.

La Asamblea Ciudadana también alerta sobre el denominado “Fondo Soberano” que se pretende establecer utilizando los ingresos del Canal de Panamá. Según el comunicado, el presidente Ricardo Martinelli, “ha declarado que el “Fondo” serviría para afrontar las deudas contraídas por los proyectos APP… los ingresos del Canal dejarían de beneficiar al pueblo panameño e irían directamente al “pro mundi beneficio” de las trasnacionales”.

 En la reunión que se celebró la semana pasada entre el presidente Martinelli y los gremios médicos, el inquilino del Palacio de las Garzas enumeró los proyectos que se ajustan al modelo de la APP. Según una fuente presente en la reunión, Martinelli destacó la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la ciudad gubernamental, otro tramo del metro y la ampliación de la red de agua potable. La APP también serviría “para la compra de equipo médico y medicamentos. (Es decir, desconoce lo que propone la Ley)”.

Los médicos reaccionaron y le recordaron después al presidente del ejemplo argentino donde la APP fue un fracaso en la ampliación de la red de alcantarillados. Igual suerte corren los panameños con el ejemplo de los corredores, la falta de reglas y la corrupción.  

El presidente Martinelli también insinuó la posibilidad de enviar el proyecto de ley de la APP a la mesa de la Concertación Nacional para que se discuta en ese marco. Los médicos aceptaron la propuesta presidencial pero el gobierno no ha dado aún un paso formal en esa dirección. Los médicos señalaron que “la Concertación Nacional fue un mecanismo diseñado para aprovechar mejor los fondos provenientes del Canal de Panamá, durante el periodo del presidente Martin Torrijos. Sin embargo, fue ampliamente criticado por su carácter excluyente. (También) fue convertido en un dialogo de ‘yo con yo’. Muchas de las asociaciones que participaron (en aquel entonces) eran pro PRD. La COMENENAL participo en ese dialogo y se retiro por que dio origen al sistema único de salud, bajo el concepto de que la Caja del Seguro Social asumía toda la responsabilidad financiera del sistema y el Estado hacia un aporte mínimo”.

Lo que se respira en los grupos que se suman al movimiento de los trabajadores de la salud, es incredulidad ante las declaraciones cambiantes del presidente Martinelli. En primera instancia, dijo que no afectaba a los trabajadores, después dijo que se reformaría su contenido y finalmente que enviaría el proyecto a la Concertación Nacional. Los médicos y el pueblo sólo le han pedido que lo baje de segundo debate a primer debate en la Asamblea de Diputados. Si se niega es porque su intención es aprobar la iniciativa legislativa de todas maneras.

En el te deum del 3 de noviembre, el arzobispo de Panamá, José D. Ulloa, le dijo al presidente Martinelli que había “que mirar el pasado de nuestra historia para proyectar un futuro”. Las palabras de la Iglesia son sabias, basadas en su propia experiencia.

10 de noviembre de 2011.

Patria y credibilidad

Los panameños celebramos orgullosamente un aniversario más (108 años) de la República. Producto de un movimiento político, un 3 de noviembre de 1903, se declaró la nueva entidad republicana en medio de contradicciones y conflictos. Como en la mayoría de los países del mundo, las contradicciones y conflictos aún no se superan. Incluso, se podría decir que todavía no hay señales de que se estén reduciendo.  Son básicamente conflictos entre los intereses de las diferentes clases sociales y, además, al interior de las clases.

En 1903 se cuestionó si los llamados “próceres” habían actuado en los mejores intereses del país y de su pueblo. La forma sigilosa en que se produjo el movimiento separatista, el Tratado del Canal con EEUU que ningún panameño firmó 15 días después de la independencia, la Constitución Política aprobada por una Asamblea seleccionada a dedo con un artículo que ponía los intereses de EEUU sobre los de la nueva República, eran algunas de las preguntas que surgieron. La falta de transparencia generó una falta de credibilidad entre todos los panameños.

Aunque se dudaba de las intenciones de los gobernantes republicanos y sus agentes políticos, nunca se cuestionó la entidad independiente y soberana que es la República. Casi de inmediato se levantó una oposición contra los desmanes de los gobernantes quienes prácticamente convirtieron la República en un coto privado para enriquecer sus familias en íntima alianza con EEUU que creó su enclave colonial en la Zona del Canal.

La elección de Belisario Porras en 1912 puso un freno a los desmanes. Posteriormente, desatada la corrupción, en 1940 llegó a la Presidencia Arnulfo Arias como expresión de la protesta de las capas medias.

En ese marco, la insurrección popular del 9 de enero de 1964 consolidó el proyecto soberano de la Nación. El desgobierno, sin embargo, no se detuvo y en 1968 se produjo el “golpe militar”. En 1977 se logró acabar con el Tratado del Canal de 1903, redactado en inglés y firmado por un francés. La lucha generacional – como la llamara Omar Torrijos – culminó con la eliminación de la semicolonia “zoneita”, la evacuación de las bases militares y Panamá asumió la administración del Canal.

La invasión militar norteamericana de 1989 y la muerte de centenares de panameños fue un golpe severo que desdibujó la identidad nacional panameña y cuestionó la soberanía del pueblo republicano. Los descendientes de los próceres de 1903 asumieron nuevamente las riendas de la República y prometieron una democracia auténtica, la desmilitarización del país, una mejor distribución de la enorme riqueza que generan los trabajadores del país y transparencia en todos los actos políticos.

Muchos panameños le dieron un voto de confianza a los gobernantes creyendo que, a pesar de ser criaturas moldeadas por los intereses norteamericanos, podrían encaminar la República por un camino de prosperidad y amplia participación. Los cinco gobiernos que se sucedieron (1990-2010) nunca cumplieron sus promesas y cercenaron las conquistas sociales logradas por el pueblo durante el siglo XX. En primer lugar, acabaron con la democracia construyendo una “República de primos” donde gobierna un círculo muy cerrado. La base de la nueva democracia es tan angosta actualmente que está en peligro de colapsar.

La militarización se inició con el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa (FDP). A pesar del fracasó del Centro Multilateral Antidrogas (CMA), EEUU logró imponer acuerdos en los últimos diez años que han culminado con la creación de dos entidades militares que actúan con total autonomía frente a la Constitución Política de la República. Los militares tienen sus bases y amedrentan a las comunidades vecinas. En días pasados, incluso, los militares amenazaron a la Universidad de Panamá por supuestas acciones subversivas.

La prosperidad que experimenta la economía panameña, en la actualidad, sólo beneficia a la clase especuladora y rentista. El sector bancario panameño declaró ganancias por más de dos mil millones de dólares en 2010. El pueblo panameño ha sido excluido. La metáfora de los ideólogos, que se hacen pasar por economistas, sobre el “goteo” de riquezas que llegarán a los trabajadores jamás se materializó. Las capas medias que consumen sobre la base del crédito se enfrentarán a un “shock” a corto plazo, cuando colapse la burbuja creada por la especulación que alimenta el lavado de dinero.

La transparencia prometida jamás se hizo realidad. La desnacionalización caracteriza a los gobiernos de los últimos 20 años. La corrupción a todos los niveles del sector privado en combinación con funcionarios públicos es la norma. Las políticas públicas que impiden que la juventud encuentre empleos decentes, que pueda seguir estudiando o desarrollar sus habilidades creativas. El trasiego de la droga con destino a EEUU y el crimen organizado, son quizás lo peor que le pudo haber ocurrido a la República en sus cien años de existencia.

El actual gobierno se ha creado un ambiente sin credibilidad alguna. La Patria ha sido engavetada a cambio de una nueva promesa: “Estamos abiertos para hacer negocios”. El presidente de la República resucitó el viejo lema de “Pro mundo beneficio”. No hay cambio.

El proyecto de Ley que crea las Asociaciones Público Privadas es la gota que rebasó toda credibilidad republicana.

3 de noviembre de 2011.

La privatización del sector público

Los médicos panameños han declarado un paro de labores con fines solidarios y políticos dirigido a frenar la avaricia sin límites de los dueños del país. Los grandes empresarios – en el mejor espíritu neoliberal – ahora quieren que todos los bienes públicos sean privatizados. La estrategia de los empresarios es apropiarse sin pagar un centavo – sin riesgo alguno – de todos los servicios públicos: Salud, educación, seguridad social, protección, vivienda, fuentes de agua, el mar, las montañas, calles y carreteras. Todo lo que rinda una ganancia para los que se creen dueños del país en detrimento de los trabajadores y capas medias.


Los empresarios, quienes ya son dueños de los servicios, del comercio y de los negocios especulativos - tanto legales como ilegales – quieren aprobar el proyecto de ley Nº 349 de Asociaciones Público-Privadas. En otras palabras, una ley que privatiza el sector público. Pero la trampa es aún más grande. Quieren privatizar todos los bienes de la república pero con la garantía de que si les va mal todos los panameños (nuestros impuestos) pagan sus pérdidas, incluso las ganancias previstas. Si les va bien, los propietarios se llevan todas las ganancias, sin pagar impuestos.


En muchos países que aplicaron políticas neoliberales recientemente la experiencia ha sido un fracaso. Actualmente, en Chile hay un movimiento social encabezado por los estudiantes para que les devuelvan el sistema educativo a la sociedad. Fue privatizada hace 20 años y sólo ha creado problemas sociales y una educación mediocre. En México y Perú la situación es muy parecida.


Ahora en Panamá se quiere ir por el viejo camino equivocado. ¿Porqué? La respuesta es sencilla: Es una manera fácil y rápida para que los especuladores se hagan ricos a costilla de los panameños. Van a arruinar el sistema educativo, acabar con el sector que presta servicios de salud y, probablemente, vendan el Canal de Panamá. Puede significar un negocio de varios miles de millones de dólares que beneficie a unos pocos especuladores.


Es una trampa a la vista. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli no quiere que la iniciativa se presente al público. En la Asamblea, los diputados de los partidos políticos de gobierno y oposición aplauden la iniciativa ya que ambas bancadas están comprometidas con las políticas neoliberales, en quiebra en todo el mundo. Quieren que sigamos por el camino de México, Grecia y EEUU que tienen movimientos de protesta social a lo largo y ancho de continentes enteros.


En Colombia el analista Eduardo Sarmiento, quien escribe en el muy conservador diario de Bogotá, El Espectador, describió el asalto del erario publico en los siguientes términos: “Se presumía que la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado enormes subsidios (por parte) del Estado”.
Según Sarmiento, “la idea era muy simple. El lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades necesarias, las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta”.
Como consecuencia “las empresas de salud conceden los mínimos servicios posibles. Gran parte de los servicios especializados se obtienen con tutelas basadas en la universalidad de la salud. Los fondos privados entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas de publicidad y no le aseguran la pensión mínima a la mayoría de los cotizantes”.
En el caso de las construcciones escolares “los contratistas modifican los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que sirvió de base para adjudicarlo. La constante es que el valor y los períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado”.
Según Sarmiento, “no han faltado la complicidad y la permisividad oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas. El presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobre-costos y pirámides de las entidades privadas”.
Lo mas peligroso es que los defensores de estas empresas especulativas trabajan con una “biblia” en la mano que llaman la ideología neoliberal. No son economistas y desconocen las mínimas reglas de administración de empresas. “Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso”, dice Sarmiento. Con la ley que somete los intereses públicos al despilfarro privado, “se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos (especuladores) y trasladar las pérdidas a los contribuyentes”. La conclusión de Sarmiento se puede aplicar a Panamá: Si se aprueba la ley de Asociaciones Público-Privadas, contribuirá a crear mas desempleo, aumentará la pobreza y provocará una desigualdad mayor en la distribución del ingreso.


Panamá, 27 de octubre de 2011.

La estafa de Juan Hombrón

Un negocio que se calcula valorado al menos en 80 millones dólares pretende realizar un pequeño grupo de especuladores con relaciones muy cercanas al Palacio de las Garzas. “En un periodo no mayor de seis meses, 12 sociedades anónimas y 2 personas lograron un hecho insólito en la historia de la titulación de tierras en Panamá: el reconocimiento de sus derechos posesorios, todos en la comunidad de Juan Hombrón, en las costas de la provincia de Coclé. (Sector de mayor crecimiento turístico del litoral panameño). El trámite supuso reunir a unos 50 lugareños, supuestos titulares de los derechos posesorios”. Así titularon sus portadas los rotativos de la capital panameña que dieron a conocer la gran estafa. Esta sigue los anteriores ya reportados en un largo rosario de intrigas y asaltos al erario público.
Además de reunir a los supuestos titulares, convencerlos para que “vendieran” sus derechos, acordar el precio, elegir a los abogados que los representarían, hacer el papeleo en notarías y otras oficinas gubernamentales y pagarles.  Los curioso es que se trata de derechos posesorios sobre lotes paralelos y consecutivos que juntos suman 54 hectáreas y que hoy valen B/ 80 millones. Las tierras a orillas de las playas de Juan Hombrón se encuentran a dos horas de carretera de la ciudad de Panamá, aproximadamente 100 kilómetros. Además, en las cercanías se está empujando la construcción del aereopuerto internacional de Río Hato (una inversión de más de 100 millones de dólares). También EEUU está presionando para que el gobierno panameño construya una base aereo-naval militar en la comunidad próxima de Antón.
En el negocio de titulación gratuita la ex directora de Titulación de la Administración Nacional de Tierras (ANATI), Anabelle Villamonte, fue la abogada que inició los trámites para las 12 sociedades.  Después, ocupando en el cargo de directora de Titulación, otorgó a las 12 sociedades la adjudicación gratuita que habían pedido.  Antes de ocupar el cargo, Villamonte renunció a sus poderes como representante legal. La abogada renunció al cargo en ANATI después que los medios de comunicación dieran a conocer la adjudicación de tierras.
Según los medios de comunicación, “la Ley 59 de 2010, que creó la ANATI establece que se puede adjudicar gratuitamente los terrenos si se prueba que quien alega tener derechos posesorios las ha ocupado cinco años en forma pacífica e ininterrumpida.  En el caso de la sociedad Properties Group se le adjudicaron gratuitamente 1.3 hectáreas a una sociedad que solo tenía 9 meses de vida jurídica”. Otra característica de esta titulación paralela, consecutiva y gratuita es que quienes alegaron tener derechos posesorios adujeron como única prueba la declaración de su colindante.  Esto quiere decir que un colindante declaraba a favor de quien tenía a su lado y este a su vez declaraba a favor del supuesto dueño del lote vecino.  Ninguna otra prueba fue exigida por la ANATI. 
Para verificar la residencia de las personas favorecidas en la adjudicación de derechos posesorios y de sus testigos, el diario local La Prensa corrió sus nombres en el padrón electoral de finales de 2004.  La mayoría de ellos no figuraba en esa base de datos del Tribunal Electoral.  Al menos, no vivían ese año en Juan Hombrón.  Pero sirvieron de testigos  de los cinco años de ocupación a sus supuestos colindantes. 
La Prensa publicó extensos reportajes describiendo en detalle cómo se creó la ANATI, las diferencias de criterio que surgieron en la Asamblea, el papel jugado por su primer director, Alejandro Castillero y la directora de Titulación, Anabelle Villamonte, en la adjudicación de 54 hectáreas en forma consecutiva, paralela y rodeada, al parecer, de irregularidades.

La comunidad panameña exige que se haga justicia con los responsables de esta injusticia. Además, plantea que es necesario que todo el sistema creado por ANATI, para el beneficio de unos pocos allegados al poder, sea eliminado. Para comenzar, ANATI debe desaparecer de la misma manera que apareció, para ser utilizada por los especuladores de tierras.

El presidente Ricardo Martinelli alega que el le prometió en su campaña electoral a los pequeños agricultores y campesinos que pondría en marcha un programa de titulación para beneficio de esos sectores. Si la intención del mandatario es hacer justicia con los miles de campesinos sin tierra que comience por casa: la provincia de Veraguas y no por las playas de Coclé.

La titulación de tierras, además, tiene que responder a un programa racional que contemple una Reforma Agraria. Los agricultores tienen que organizarse para entrar a producir en forma competitiva. Es decir, el gobierno tendría que darle todo su apoyo a la reorganización de los Asentamientos Campesinos donde los agricultores organizados produzcan los granos y otros productos de la tierra que consumen los panameños.

Si no hay un plan de desarrollo para los agricultores, todo programa de titulación de tierras responde a un fraude al más alto nivel. Con la excusa de querer ayudar a los campesinos sin tierra lo que han hecho los gobernantes es crear un sistema que se presta para estafar al fisco y, de paso, depredar a la República.

Panamá, 20 de octubre de 2011.

El Top Ten de noticias censuradas

Los periodistas en el mundo saben que su trabajo es remunerado y como asalariados se espera que respeten la línea editorial de los dueños de los medios de comunicación. En EEUU y otros países, además, se suma el peso del “establishment”. Es decir, el círculo que toma las decisiones al más alto nivel. El presidente Eisenhower dijo en 1960 que el “establishment” norteamericano está formado por un círculo muy cerrado de empresarios claves, de generales de las fuerzas armadas y de líderes políticos, en ese orden. Según algunos el orden de los factores ha cambiado, pero sigue siendo el “establishment”.

Los medios de comunicación en EEUU y la mayoría de los países del mundo tienen que responder a los requerimientos de ese grupo de hombres que forman el “establishment”. Argenpress recientemente publicó una lista de las noticias – Top Ten - más importantes censuradas por los medios norteamericanos y de sus acólitos en el resto del mundo en 2010 y 2011. La lista la divulgó Ernesto Carmona, un periodista chileno.

Las noticias se centran en EEUU pero tienen repercusiones a escala global, muy especialmente en América latina y en Panamá, particularmente. Entre las noticias más censuradas se encuentra el asesinato del norteamericano Anuar Al-Aulaki, nacido en Nuevo México, EEUU. En 2010 fue colocado en una lista “presidencial” de ejecuciones extrajudiciales. El ex director de Inteligencia Nacional del presidente Barack Obama, Dennis Blair, dijo en el Congreso en Washington que el programa estaba dentro de los “derechos del Poder Ejecutivo” y que los contenidos de la “lista de la muerte” no necesitaban ser revelados. Entre los extranjeros, Fidel Castro, Hugo Chávez y, en su momento, Lula están en la lista. Omar Torrijos, Salvador Allende y Ernesto “Ché” Guevara (entre otros) estaban también en la nefasta lista.

También ocupa un lugar destacado en la recopilación de noticias censuradas los niveles de desempleo que hace estragos en EEUU y otras partes del mundo. Mientras que las cifras oficiales hablan de un 9 por ciento de trabajadores sin empleo en ese país, otras fuentes indican que el desempleo llega al 22 por ciento. “Pareciera que el gobierno mantiene a la gente en la oscuridad sobre el índice real de desempleo para hacerle creer que la economía está mejorando”, señalan los críticos. Algo parecido ocurre en Panamá. El gobierno asegura que el desempleo sólo afecta al 5.6 por ciento de la población económicamente activa. Sin embargo, si se utilizara el método anterior, modificado por la OIT para reducir el desempleo (en papel), la tasa se duplicaría facilmente.

Una tercera noticia censurada se refiere a los esfuerzos de la oficina de Alimentos y Drogas de EEUU de camuflar sus exportaciones de productos agrícolas para incrementar sus ventas en otros países. Una medida reciente de esta entidad fue pedirle a los cuerpos internacionales que pongan fin a la obligación de etiquetar los alimentos para evitar que los productos transgénicos sean identificados. Esta política afectará especialmente la salud de la población de países pobres del mundo y de aquellos que tienen llamados tratados de libre comercio con EEUU.

El presidente Obama también carga con otra responsabilidad que le asignó el “establishment” de su país. Además de continuar con las guerras de Bush II en Irak y Afganistán, Obama encabezó el bombardeo criminal de la población libia en la guerra contra Gadaffi.  “La guerra contra Libia podría configurar el crimen de esparcir tóxicos como óxido de uranio empobrecido en áreas pobladas de ese país. El avión de combate A-10 (“Thunderbolt”) tiene un cañón que dispara... proyectiles a menudo con uranio sólido”, según la Coalición Internacional para Prohibir Armas de Uranio. En 1989, cuando Bush padre invadió a Panamá también hubo mucha preocupación por el posible uso de armamentos que podían dejar residuos de uranio.

Otra noticia censurada tiene relación con el sistema penitenciario creado en EEUU especialmente para detener a los inmigrantes sin documentos (la gran mayoría son latinoamericanos) en ese país. El sistema es financiado con fondos públicos y administrado por empresas privadas. Según la información, en la actualidad, las cárceles para “indocumentados” tienen un millón de detenidos y se “abusa de niños, se violan mujeres y se dejan morir hombres por falta de atención médica básica”.

En sexto lugar, otra noticia censurada se refiere a la publicación de 13 artículos por la revista American Psychologist, detallando un contrato por 117 millones de dólares para prestarle servicios al Ejército de EEUU a través de un programa llamado “Aptitud Comprensiva del Soldado”. El programa se está comercializando como entrenamiento para reducir resistencias psicológicas adversas en soldados que entran en combate. Los militares todavía no pueden entender porque en 2010 y 2009 hubo más casos de suicidios entre los soldados norteamericanos en Irak que muertes en “combate” militar. En Panamá, mediante acuerdos desconocidos, el Ejercito de EEUU maniobra para realizar experimentos con la población panameña. Especialmente en áreas rurales con poblaciones campesinas e indígenas. Entre 1940 y 1970 EEUU realizó en sus bases militares en Panamá múltiples experimentos con soldados puertorriqueños, afro-norteamericanos y de ascendencia europea, así como con panameños, para detectar su resistencia a enfermedades inducidas y conocer aspectos relacionados con su conducta (psicológicos).

Panamá, 13 de octubre de 2011.