Panamá: Corrupción y militarización en 2011

 

En 2011 Panamá observó cómo el gobierno del presidente Martinelli caía en un pozo de corrupción cada vez más profundo y peligroso. El incremento de los casos de corrupción ha tenido un fuerte impacto sobre el tejido social de Panamá. 1. Ha convertido a todos los panameños en víctimas de hecho o potenciales de la des-posesión de sus bienes o ahorros. 2. Ha creado un ejército de trabajadores informales (precarios) que crece a diario. 3. El sistema político (democracia) se ha desmoronado a tal extremo que ha perdido gran parte de su credibilidad. 4. Los empresarios nacionales están abandonando sus negocios cediéndolos a intereses extranjeros (especialmente colombianos). 5. Los panameños vieron, por un lado, como en 2011 hubo un incremento del crimen organizado y, por el otro, una ampliación de los estamentos represivos de la fuerza pública. 6. Con la excusa de contener esta supuesta mezcla explosiva de elementos, EEUU – con la participación cómplice del gobierno panameño – está militarizando el país.

El gobierno considera que su gestión en 2011 ha sido exitosa sobre la base de un crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) igual al 10 por ciento. El crecimiento del PIB, sin embargo, no refleja un desarrollo de las actividades productivas del país. Al contrario, los sectores que generan riqueza y empleos productivos están estancados. No hay crecimiento en los sectores agropecuario y manufacturero.

El crecimiento económico tampoco respondió a un plan de desarrollo que tome en cuenta las necesidades del país o de la población. Mientras que la burbuja especuladora creció en 2011, el gobierno abandonó al sector educativo y de prestación de servicios de salud. Por segundo año consecutivo la distribución de agua potable a la capital de Panamá – cuya área metropolitana alcanza casi 1.5 millones de habitantes – colapsó por falta de mantenimiento. Igualmente, la empresa privada que se encargó del transporte público metropolitano, que traslada a cerca de 800 mil personas diarias, a pesar del subsidio millonario, fracasó rotundamente. 

Campesinos e indígenas del pueblo ngobe derrotaron una iniciativa gubernamental de entregarle al gobierno de Corea del Sur la explotación de la mina Cerro Colorado. Las asociaciones médicas, a su vez, encabezaron la lucha contra el proyecto de ley que creaba la figura legal de Asociación Pública Privada (APP) que le permitiría al gobierno privatizar toda actividad pública.

En 2011, FRENADESO lanzó su propuesta de partido político anunciando la creación del Frente Amplio por la Democracia (FAD) que participaría en las elecciones generales de 2014. Al mismo tiempo, el gobierno logró desarticular a los partidos de la oposición arrancando a diputados, alcaldes y representantes de sus toldas. A fines de 2011, el partido oficialista Cambio Democrático (CD) tiene 36 diputados, una mayoría absoluta en la cámara de 71 legisladores. Martinelli amenaza con convertir la Asamblea de Diputados en el trampolín que necesita para extender su mandato por un período adicional en 2014.

Los empresarios nacionales también están abandonando los sectores productivos. En el campo, los arroceros se están convirtiendo en importadores y abandonando la producción. En 2011 empresas como la Papelera Istmeña, la Estrella Azul y la comercializadora Rodelag vendieron sus intereses a capital colombiano.

Al terminar el año la juventud del Partido Popular presentó ante el Ministerio Público una denuncia criminal contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino. Quiere que se investigue la firma del contrato por 330 millones de dólares entre el gobierno panameño y la empresa italiana Finmeccanica, por la compra de radares, helicópteros y otros equipos militares. El gobierno no ha podido justificar el gasto en armamentos.

Pareciera, que el ministerio que dirige Mulino tiene la misión de crear una supuesta amenaza por parte de las FARC en la frontera con Colombia que justificaría la creciente militarización de Panamá. Además de la compra de armas, se están entrenando panameños en escuelas norteamericanas y colombianas. En la actualidad, el jefe del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ha declarado que cuenta con 2500 efectivos y esperan aumentar ese número en el próximo futuro.

En 2011, la campaña se inició cuando Mulino anunció que Panamá estaba en un estado de guerra contra la “Columna 57” de las FARC que supuestamente opera en la frontera. Declaró que “las FARC y el Frente 57 son un cartel más de la droga”. En julio Mulino dijo que “el Frente 57 está obligando a indígenas panameños a trabajar como mulas cargando alijos de drogas”. Pocos días después agregaría que “las FARC ofrecen ayuda a los ilegales para atravesar la selva del Darién a cambio de que lleven consigo pequeños alijos de cocaína”.

En octubre, la ofensiva se amplió para incluir a “algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Darién”. Mulino, a su vez, informó que las FARC habían desembarcado drogas en Panamá la Vieja, barrio de la capital.

En octubre el gobierno incluyó a estudiantes universitarios en su estrategia, alegando que son usados por las FARC “con el objetivo de crear inestabilidad en las fronteras”. La escalada continuó en diciembre, obligando a los estudiantes de la Extensión de Darién de la Universidad de Panamá, en Metetí, a denunciar a los agentes de la fuerza pública por el acoso al cual son sometidos en forma permanente.

Panamá, 29 de diciembre de 2011.

América latina 2011: Los nuevos mercados emergentes

(Segundo de tres artículos. El primero fue sobre la situación mundial. El tercero abordará la coyuntura panameña).

En 2011 América latina se movió hacia la consolidación de una mayor autonomía económica frente a EEUU. Al mismo tiempo, empero, estrechó lazos comerciales asimétricos con China. Los sectores populares siguieron la tendencia de votar por líderes de centro izquierda nacionalistas (Perú y Argentina). Este cambio, sin embargo, no modificó la correlación de fuerzas establecida por las políticas neoliberales de los últimos lustros que han debilitado y reducido las organizaciones sindicales.

Los trabajadores precarios e informales, en la coyuntura actual, son en gran parte espectadores de las maniobras de los sectores más “progresistas” de las burguesías regionales que están recuperando los espacios perdidos durante los años oscuros de dictaduras y regímenes neoliberales. La pregunta de fondo es si ¿los efectos del llamado “giro hacia la izquierda” están transfiriendo poder hacia los sectores populares (creando empleos decentes y erradicando la pobreza, entre otras cosas) o, más bien, están contribuyendo a la emergencia de un nuevo mercado latinoamericano?

América latina siguió en 2011 el patrón de cambios inaugurado a principios de la década pasada con la aparición de gobiernos que cuestionan la ortodoxia neoliberal, pero que no rompen con sus políticas. Estos cambios han sido más notorios en los países del continente suramericano. México, Centro América y Colombia, en cambio, conservaron sus estructuras dependientes de EEUU.

Desde el punto de vista económico, la región tuvo un crecimiento del producto interno bruto (PIB) que permitió que las burguesías de algunos países continuaran aumentando sus inversiones y, al mismo tiempo, reduciendo su déficit comercial. Sin embargo, la expansión no introdujo políticas para reducir la pobreza real, la desigualdad ni el empleo informal (precario). Además, los países suramericanos se han convertido nuevamente en exportadores agro-mineros dependientes. En la actualidad, sus economías dependen de sus exportaciones de petróleo y cobre, por un lado, y/o de granos agrícolas, por el otro.

Un cambio que sorprende a muchos observadores es la prolongada declinación norteamericana como socio comercial dominante y su reemplazo por la República Popular China. El país oriental se ha vuelto en menos de una década en el principal destino de las exportaciones de la mayoría de los países latinoamericanos. Las excepciones son México y los países centroamericanos, así como Colombia.

En estos últimos países la presencia militar norteamericana sigue aumentando producto de una política regresiva de los sectores más conservadores. México y Colombia, en alianza con EEUU, mantienen una estrategia militar que niega toda posibilidad de encontrar una solución a la guerra de clases en ambos países. Los sectores más conservadores bautizaron estas luchas con el nombre de “guerra contra las drogas”. En Centroamérica, donde EEUU aún conserva mucha influencia política, la militarización se agudiza. En Panamá donde no existe legalmente un Ejército, hay  miles de hombres sirviendo en la milicia y en 2011 se hicieron compras multimillonarias en armamentos sofisticados.

EEUU no ha abandonado su política golpista cuya víctima más reciente fue Honduras en 2009. En 2011 amenazó a Cuba y sigue creando situaciones para socavar la estabilidad de Venezuela. En el caso de Nicaragua creó una crisis fronteriza con su vecino, Costa Rica. El caso más problemático es México donde EEUU interviene en forma creciente en sus estamentos militares y alimenta a los “carteles de drogas” con armas y mercancías ilícitas.

En el Caribe la situación de Puerto Rico se deteriora cada vez más resultado de su relación colonial con EEUU. Las protestas se han generalizado como consecuencia de la reducción de ingresos de los trabajadores (reformas fiscales) y el cierre de servicios públicos de primera necesidad (salud y educación). Haití, mientras tanto, no sale del infierno en que se encuentra con motivo de las reformas neoliberales impuestas por EEUU. En 2011 sufrió una crisis alimenticia al descubrir que los cambios le impedían producir arroz, rubro básico de su población.

Cuba dio un salto audaz para salir del acoso de medio siglo de su vecino norteamericano. Como estrategia para dinamizar la producción y distribución de bienes y servicios aprobó políticas para reducir el sector público y aumentar la economía por cuenta propia. La medida pretende generar un mercado interno de pequeños productores que complemente el mercado externo. Los cambios, sin embargo, no han reducido la agresividad del gobierno norteamericano. Incluso, los cinco cubanos detenidos en EEUU siguen tratados en el marco de un régimen casi extra-judicial.

Mientras que en el resto del mundo – con excepción de China – las economías tambalean producto de la crisis global de producción capitalista, América latina lograba sostenerse e, incluso, recuperarse con relación a 2009 y 2010. En parte, esto se debió al vínculo comercial con China y la estrategia expansionista hacia nuevos mercados. La presencia económica de Brasil se siente en toda la región. Chile se agita en el Cono Sur y Perú. Colombia expande sus tentáculos hacia Centro América. En esta competencia por el mercado regional tanto México como Argentina han quedado rezagados.

El aparente auge económico, sin embargo, no favoreció a los sectores populares. En el marco de las políticas neoliberales, aún prevalecientes, la pobreza se trató de disimular con medidas focales consistentes en la distribución de bienes, servicios y efectivo entre las familias en situaciones más precarias. En Brasil se anunció la disminución de la pobreza oficial en un 20 por ciento como consecuencia de la ejecución de programas focalizados. El país que tuvo mayor éxito en este rubro fue Venezuela con una disminución de la pobreza extrema en un 50 por ciento.

Los programas focales, sin embargo, no frenaron los movimientos y conflictos sociales que se extienden de un extremo al otro de la región. Estos se concentran en las áreas donde el capital incursiona con mayor fuerza. Por un lado, la expansión minera, agropecuaria e inmobiliaria genera choques violentos – muchas veces sangrientos - con las comunidades. Por el otro, educadores, estudiantes y trabajadores de la salud se encuentran en un estado de movilización permanente, producto de las políticas de desregulación y privatización.

El llamado “giro a la izquierda” también sentó las bases para la creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) con el aparente liderazgo de Brasil y Venezuela. Sin embargo, se aseguró la presencia de los gobiernos conservadores de Chile, México y Colombia. CELAC tiene un objetivo político claro y, a la vez, una estrategia económica que privilegia el reordenamiento del mercado regional. CELAC, el Mercosur y UNASUR – por sus implicaciones políticas y económicas - son mal vistas por Washington y el segmento más atrasado, pero importante, de las clases empresariales del hemisferio. No es casual que la prensa norteamericana, así como los medios más poderosos de la región, están a la espera de una definición de la correlación de fuerzas al interior de la CELAC para pronunciarse.

Panamá, 22 de diciembre de 2011.

La crisis mundial se profundiza

Es necesario hacer un balance del año que termina. Para ello, se comenzará con un análisis de los acontecimientos que han sacudido el mundo en que vivimos y que impactan de manera cotidiana nuestras vidas. En las próximas dos semanas haremos ejercicios similares a escala de Nuestra América, así como de Panamá.

La crisis financiera que causó tanta turbulencia en 2008 y durante los años que siguieron, en 2011 fue complementada por una insurrección popular en todo el mundo, tanto en el Norte como en el llamado Sur. Al mismo tiempo, la legitimidad y la credibilidad de los gobiernos más poderosos comenzaron a tambalear, especialmente en los países que desde el fin de la segunda guerra mundial daban la pauta.

En 2011 la “crisis financiera” de las bolsas de valores y de las burbujas comenzó a mostrar su verdadera cara. Las finanzas especulativas que llevaron a la quiebra a los bancos más grandes de EEUU y Europa, así como a millones de pequeños empresarios, así como a decenas de millones de familias, son el resultado de una economía que perdió su capacidad de generar ganancias capitalistas. En la actualidad, el problema es que mientras más mercancías (bienes y servicios) se producen a escala mundial, mayor son los sobrantes que no llegan a venderse. (La sobreproducción o subconsumo).

El triángulo formado por China (fábrica mundial de producción), EEUU (economía capaz de endeudarse) y el resto del mundo que producía las materias primas, colapsó y no tiene forma de recuperarse. La economía capitalista de Europa - que parecía poder salir del embrollo – de un solo golpe también se quedó sin oxígeno y quedó estancada.

EEUU ya no puede seguir importando sus productos de consumo de China aún cuando este país oriental produce a costos mínimos. El problema es que en EEUU los consumidores – las masas trabajadoras – son cada vez son menos y peor pagados. En Europa, los alemanes que exportaban al resto de ese continente que, a su vez, se endeudaba no pueden seguir explotando a su periferia. A los países endeudados les han dado el sobrenombre peyorativo de los “chanchitos” (piigs, en inglés).

La crisis financiera (especulación) y la crisis económica (producción) se enfrenta también a la crisis política. Cada vez se hace menos gobernable la frustración de los trabajadores, capas medias, profesionales, estudiantes y mujeres en todo el mundo, especialmente en los países del llamado G-7, o centro del mundo capitalista. En EEUU, el movimiento “Occupy Wall Street” se ha extendido a todo el país. Diariamente se reportan centenares de personas que son arrestadas en ciudades, pueblos y centros productivos del país que produjo el “sueño americano”.

En Europa las protestas de “los indignados” se multiplican. Los grandes capitales europeos dieron la tónica de lo que podría convertirse en la tendencia en el futuro inmediato. Cuando el gobierno de Atenas quiso llevar a un plebiscito la decisión de cobrarle al pueblo las pérdidas de los bancos griegos, el primer ministro y su gabinete fue obligado a renunciar. Fue reemplazado por una antiguo gerente de la banca de Wall Street. En Italia, el mal recordado primer ministro Silvio Berlusconi sufrió igual suerte.

Según el profesor de la Universidad de California, William Robinson, “la única solución viable a la crisis del capitalismo global es una masiva redistribución de la riqueza hacia la mayoría pobre de la humanidad”. Sin embargo, el gran capital en el año que termina ha declarado que “el liberalismo no es negociable”. Según el profesor egipcio, Samir Amín, el capital monopólico seguirá expandiéndose sin reducir su velocidad. Además, no acepta adaptar reglas ni regulaciones, que la conducirá a su debacle”.

El peruano Oscar Ugarteche señala que entre los 18 países más industrializados del mundo, 16 tuvieron crecimientos negativos en 2011. Las únicas economías que crecieron fueron Canadá y China. A mediados de año anunciaba que “hay elementos para concluir que habrá una crisis bancaria de grandes proporciones que se iniciará posiblemente en Europa por una combinación de factores”.

El año 2011 es quizás el más contradictorio en la historia del capitalismo, el economista holandés Marc Vandepitte señala que “el mundo no ha producido jamás tanta riqueza. Es posible -si la riqueza estuviera distribuida equitativamente- ofrecer a cada familia del planeta (dos padres y tres niños) una renta mensual de $2.884. A pesar de esta riqueza, hay todavía una de cada cinco personas que tiene menos de $1.25 al día”. Al mismo tiempo, en EEUU hay 400 millonarios que ganan en promedio un millón de dólares al día. Para enfrentar esta polarización creciente, EEUU y Europa en 2011 recurrieron a las armas para invadir países e imponer regímenes que le sean favorables.

La crisis política genera una pérdida de legitimidad. En 2011, la confianza en la estructura política creada con tanto esmero en el último siglo se deterioró a escala global. La legitimidad de la clase gobernante, antes anclada en la democracia de las urnas, está siendo cuestionada.  La hegemonía incuestionable del modelo político e ideológico del centro del capitalismo se ha debilitado. ¿Puede América latina proponer una solución?

Panamá, 15 de diciembre de 2011.

El regreso de Noriega

El gobierno panameño anunció que Manuel A. Noriega regresa al país en calidad de prisionero y escoltado desde Francia en un vuelo transoceánico el domingo, 11 de diciembre de 2011. El general Noriega fue secuestrado en la ciudad de Panamá el 4 de enero de 1990 por tropas norteamericanas que habían invadido el país dos semanas antes (20 de diciembre). Noriega era el jefe de las Fuerzas de Defensa (FDP) y "hombre fuerte" del gobierno panameño. Había llegado a ese puesto seis años antes en 1983 con el apoyo de EEUU, después de una carrera militar de aproximadamente dos décadas.
Los militares panameños estaban en el poder desde 1968, cuando un grupo de jóvenes oficiales derrocaron al presidente Arnulfo Arias quien había tomado posesión de su cargo sólo días antes. Noriega era en ese entonces un subteniente en un cuartel de provincia con mucha ambición. A principios de 1970 es promovido a capitan y encargado del G-2 de la Guardia Nacional (servicios de inteligencia). Durante los próximos 11 años acompaña al general Omar Torrijos en sus campañas políticas.
Cuando Torrijos muere en un accidente aereo (con trazas de haber sido provocado) en 1981, Noriega era un mayor con una posición muy sólida dentro de la institución militar y su Estado Mayor. La muerte de Torrijos creó un espacio de maniobra que Noriega supo aprovechar (fue ascendido a teniente coronel). A principios de 1983, el coronel Noriega ya ocupaba el segundo lugar en el escalafón. Cuando el general Paredes decidió retirarse de la Guardia Nacional y lanzar su candidatura a la presidencia de la República, a mediados de 1983, Noriega lo reemplazó en la jefatura.
Sus lazos con EEUU, especialmente con George Bush (padre), ex director de la CIA, vicepresidente y después presidente, eran estrechos. En 1983 transformó la GN en las FDP bajo la supervisión del Comando Sur, seleccionó como presidente a Nicolás Ardito Barletta, banquero protegido por EEUU, y cooperó con Washington (el coronel Oliver North) en el tráfico de drogas, operación que culminó con el escándalo de la "Contra Gate".
Los trabajadores y campesinos que habían apoyado a Torrijos en la década de 1970, no estaban en los planes de Noriega en la siguiente década. Torrijos negoció la evacuación de las bases militares norteamericanas de Panamá, Noriega negociaba con EEUU la consolidación de las FDP. Noriega, incluso, dio la luz verde para dar inicio a las políticas neoliberales de la época.
La crisis de 1987-1989 en que EEUU exigió la salida de Noriega y saboteó la economía del país, provocó una reacción a nivel de muchos sectores en defensa de las conquistas populares. El país se dividió en dos bandos: Por un lado, las posiciones nacionalistas defendidas por las organizaciones populares y, por el otro, las políticas antinacionales de la oligarquía, cuyo apoyo a Noriega se dividió a principios de 1988. Estos últimos abanicaban la invasión norteamericana. El pueblo rechazaba la solución catastrófica.
En EEUU, Bush veía la crisis creada por su política en Panamá como una oportunidad para generar mayor simpatía popular en su país hacia su persona que gobernaba bajo la sombra de su antecesor, Ronald Reagan. Pensó que la invasión le permitiría enaltecer su persona como un líder mundial capaz de defender los intereses de EEUU en cualquier parte del mundo. La invasión le costó centenares de vidas a Panamá sólo para satisfacer un proyecto político de un hombre calificado en EEUU como un "wimp" (debilucho).
Después de la invasión Noriega fue sitiado por tropas norteamericanas frente a la Nunciatura en la capital panameña. Salió con la condición de que recibiría un trato como militar por parte de EEUU. Cumplió 20 años de prisión en EEUU por crímenes que probablemente le fueron fabricados. En todo caso, salió de Panamá de manera ilegal y sin protocolo alguno. En Panamá fue juzgado en ausencia y condenado por las muertes del médico activista Hugo Spadafora y un grupo de militares insurrectos encabezados por el mayor Giroldi.
El proyecto de Noriega era consolidar las FDP. No tenía proyecto político ni ideario social. Como consecuencia, a su regreso a Panamá en 2011 no parece traer un plan de trabajo para seguidores que no tiene. Durante su cautiverio en EEUU no cultivó una propuesta ni tampoco una imagen. Todo indica que Noriega es un hombre inteligente y podría ser invitado a prestar su figura y antecedentes a cualquiera de los proyectos políticos que manejan los grupos que lo adversaron hace dos décadas.
Sin embargo, hay pocas probabilidades de que algo así ocurra. En Panamá, algunos miembros de la llamada "Cruzada Civilista" que protestó en las calles durante la crisis de 1987-1989 y fue reprimida, han visitado programas de TV y radio pero estas figuras resucitadas no han despertado mayor interés.
Los partidos de la derecha, que monopolizan la política electoral, no tienen problema alguno con el retorno de Noriega. El presidente Martinelli ha dicho que él no se opondría a que le den "casa por cárcel" por las condenas que recibió en juicios realizados en ausencia del viejo militar que tiene 78 años de edad. Algunos cuadros del PRD - actualmente en oposición - han dicho que son amigos de Noriega e irán a recibirlo cuando regrese. En los sectores de la izquierda – partidos no “parlamentarios”, sindicatos, asociaciones, etc. - Noriega no es un tema político. Más bien es un recuerdo amargo de la maquinaria represiva que dirigió durantes varios lustros.
En el pasado histórico de Panamá - al igual que en otros países (el mejor ejemplo es Napoleón), - líderes exiliados han regresado siendo recibidos por grandes multitudes y, sobre todo, grandes proyectos políticos. Todo indica que éste no será el caso de Noriega.

10 de noviembre de 2011.

Seguridad o “abusos de autoridad” en Darién

Hace varios meses denunciábamos los abusos cometidos por las instituciones militares panameñas, cuya existencia son contrarias a lo que indica la Constitución Política. Comunidades campesinas y de pescadores en Darién y Veraguas, así como los indígenas en la Comarca de Kuna Yala, son sometidos a requisas, detenciones y abusos físicos en forma cotidiana. El Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) los considera enemigos del país porque residen en áreas identificadas como sensibles. Son comunidades que están cerca de la frontera con Colombia y, además, sobre el litoral, tanto Pacífico como del Caribe.

Las bases, los retenes y las estaciones militarizadas responden a un plan que rebasa a Panamá y que desarrollan las fuerzas armadas de EEUU desde Colombia hasta México. EEUU está construyendo bases aeronavales sobre las costas panameñas y está armando a los estamentos militares panameños. Además, lleva oficiales y soldados a EEUU para entrenarlos en el uso de armas sofisticadas y en tácticas represivas.

La política de EEUU está debidamente documentada en sus manuales y reglamentos que son aprobados por el Congreso de ese país y que son publicados por las instancias correspondientes. En ejercicios militares realizados recientemente por el Comando Sur de EEUU, en los alrededores del Canal de Panamá, los norteamericanos identificaron como sus supuestos enemigos, a grupos campesinos e indígenas que encabezaban un imaginario movimiento insurreccional en el país. Si esta política es tomada a la ligera podría desecharse como tonterías propias de estos mandos militares. Sin embargo, los militares norteamericanos están inculcando en las tropas panameñas (inconstitucionales) un sentimiento antinacional que los obliga a identificar como sus enemigos a los trabajadores panameños y muy especialmente a los campesinos e indígenas.

En Changuinola, cuando a mediados del año pasado los obreros de las bananeras de la Bocas Fruit Co. se declararon en huelga fue un batallón del SENAFRONT que reprimió a los trabajadores dejando dos muertos de bala, otros por “daños colaterales” aún no esclarecidos y muchos heridos.

Las declaraciones verbales de las autoridades panameñas aseguran que los gastos en equipamiento, adiestramiento y maniobras militares se realizan en el marco de un propósito de seguridad nacional. Insisten en que están defendiendo las fronteras del país de supuestos traficantes de drogas ilícitas, de guerrilleros colombianos pertenecientes a las FARC o algo que han bautizado con el nombre de “narco-terroristas-guerrilleros”. Estos términos son tomados de documentos que aprueba el Congreso de EEUU para autorizar el gasto de miles de millones de dólares en sus planes militares en Colombia y México.

En el caso de Panamá no existe programa alguno sobre seguridad nacional que no sea escrito en inglés y traducido al español. El Ministerio de Seguridad Pública cuenta con un Consejo que no realiza investigaciones o estudios estratégicos. En otras palabras, ¿cuáles son las metas gubernamentales para erradicar el supuesto tráfico de drogas ilícitas o de neutralizar las tácticas de las FARC en esta coyuntura o en los próximos diez años? En el gobierno panameño no existe conocedor o experto en materia de política militar. Todos los militares panameños son entrenados en EEUU o en regimientos colombianos supervisados por EEUU. Todos son alimentados militar e ideológicamente por programadores norteamericanos que tienen planes muy ajenos a una política de seguridad nacional panameña.

Hace pocos días un grupo de estudiantes universitarios de la provincia de Darién denunciaron que “fueron (víctimas de) abusos de autoridad e intimidación” por parte del SENAFRONT y por la Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ). En una carta dirigida al rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, los estudiantes denunciaron “toda una serie de hechos, que se caracterizan como agresiones, abusos de autoridad e intimidación por parte de miembros del SENAFRONT y la DIJ, ambas instancias de Policía, dirigidos a hostigar al presidente del Centro de Estudiantes, a miembros de la directiva y a estudiantes de la Extensión Universitaria de Darién”.
En la carta los estudiantes señalan que la intimidación “es en represalia por denunciar los actos de corrupción de las autoridades, por contratos de servicios y obras públicas cobradas al Estado, pero que no han sido cumplidos... Los estudiantes “solicitan el respaldo de las autoridades universitarias para elevar una sola voz de protesta, contra estos atropellos, ilegalidades y abusos”. Por su lado, el Movimiento de la Juventud Popular (MJP) también denunció la “acción ofensiva policial y de los servicios de inteligencia nacionales y foráneos en contra del movimiento estudiantil universitario”.
Durante la segunda mitad del siglo XX el país fue militarizado para “protegernos” del peligro de una invasión “comunista”. La excusa le permitió a EEUU crear la Guardia Nacional (1953) y después las Fuerzas de Defensa (1983). En la actualidad, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli está invirtiendo cerca de 500 millones de dólares en armas y equipos para que EEUU militarice nuevamente el país con la excusa de repeler bandas de narco-traficantes y/o a las FARC. Las supuestas incursiones fronterizas parecieran ser fabricaciones que tergiversan la realidad. El gobierno panameño aún no ha dado a conocer una estrategia propia para desarrollar una política exterior y de seguridad coherentes.

Panamá, 8 de diciembre de 2011.

Nuevo embajador de EEUU en Panamá

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli anunció que aceptó la designación de Jonathan D. Farrar como nuevo embajador de EEUU en Panamá. Farrar fue encargado de la oficina de intereses de EEUU en Cuba hasta comienzos de 2011. También fue asistente del sub-secretario de Estado para asuntos relacionados con el Tráfico de Drogas ilícitas en Centro América durante la presidencia de George W. Bush.

Todo indica que Farrar viene con la misión muy específica de redoblar los esfuerzos bélicos de EEUU y convertir a Panamá en una aliada en la guerra de ese país contra la insurgencia militar en Colombia. Desde la llegada del presidente Martinelli al poder, Panamá se ha visto cada vez más envuelto en las tácticas militares de EEUU que combate la guerra popular que sostienen por varias décadas en el país vecino las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Curiosamente, el Senado de EEUU rechazó la designación de Farrar como embajador en Nicaragua. Un senador del subcomité que estudia las nominaciones de embajadores se opuso al nombramiento de Farrar por considerarlo demasiado indeciso en sus planteamientos sobre el gobierno sandinista en Nicaragua. Posteriormente, el presidente Barack Obama lo nominó para ocupar el puesto en Panamá.

Con los antecedentes de Farrar como alto funcionario del Departamento de Estado en asuntos relacionados con la represión del tráfico de drogas y el uso de fuerza militar para lograr esos objetivos, el gobierno panameño ya sabe a que atenerse. El actual ministro de Seguridad Pública, Raúl Mulino, es un defensor entusiasta de las tácticas militares para combatir el trasiego de ilícitos. Mulino encabezó recientemente un equipo de especialistas que hizo compras multi-millonarias de armas sofisticadas italianas, que incluían helicópteros y radares. También ha trabajado con especialistas del Comando Sur de EEUU en la instalación de bases aéro-navales a lo largo de las costas panameñas, en la compra de equipo militar y en el entrenamiento de jóvenes panameños en EEUU.

En una audiencia del sub-comité de Asuntos Hemisféricos del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EEUU sobre “Tráfico de drogas ilícitas en Centro América”, en 2005, Farrar defendió la solución militar para poner frenar el tráfico de drogas. 
Según Farrar, “Centro América es el corredor principal por el cual los traficantes de drogas mueven sus cargas de cocaína, así como heroína, hacia EEUU, pasando por México”. El discurso de Farrar, sin embargo, refleja la política equivocada de Washington de convertir la lucha contra el consumo de las drogas en EEUU en una guerra militar enfocada en los países al sur de sus fronteras, desde México a Colombia, pasando por Panamá. Según el embajador norteamericano, “la política de EEUU consiste en reforzar la capacidad (militar) de los países (como Panamá) para eliminar el tráfico. Esto consistiría en transferir lanchas rápidas y el adiestramiento respectivo. También apoyamos (a Panamá) en desarrollar su capacidad para establecer cuarteles fronterizos para tener controles más seguros. Así mismo, establecer garitas a lo largo de la carretera Panamericana. Además, se trabaja en conjunto con la DEA para crear equipos móviles de control en varios de los países centroamericanos”.
En sus declaraciones de 2005, Farrar también hace mención de las “pandillas” que se han extendido por toda la región centroamericana. “Hay que trabajar en conjunto en un esfuerzo intergubernamental para evitar que los jóvenes no se conviertan en la próxima generación de carteles de la droga”.
EEUU reconoce la importancia estratégica de Panamá. Según Farrar, “Panamá es un centro (hub) de transporte internacional, tiene el Canal interoceánico y la Zona Libre de Colón. Además, tiene una flota marítima que utiliza su bandera (de conveniencia) y un centro bancario que convierte el país en un lugar ideal para el lavado de dinero”.   

Todo indica que Farrar será el primer embajador norteamericano que viene a Panamá con la misión casi exclusiva de contribuir a la guerra contra el tráfico de drogas en el país. Debido a que la política que desarrolla EEUU no puede poner fin al tráfico de drogas utilizando métodos militares, parece que Panamá se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbres.

En 2011 el gobierno panameño inició una campaña mediática y política que pretende involucrar a la población en la frontera con Colombia y en el litoral de ambos océanos con supuestos guerrilleros de las FARC. Es probable que con el nuevo embajador norteamericano en Panamá esta campaña de distracción se incremente. En 2011 el ministro de Seguridad Pública asoció a la “sociedad civil” -a través de sus ONG - y a la Universidad de Panamá en escenarios junto con guerrilleros de las FARC. Además, reprimió a campesinos, indígenas y pescadores de Darién, Veraguas y la comarca Kuna Yala acusándolos de tener contactos con guerrilleros colombianos.
El embajador Farrar llega a Panamá en un período de mucha agitación política. También llega cuando se prevé la culminación de la ampliación del Canal de Panamá y un decrecimiento de las inversiones extranjeras. Su contribución podría ser positiva si abandona sus planes bélicos y apoya a los panameños quienes quieren consolidar el proyecto de nación. No será bien recordado si enfoca sus energías a la militarización y desestabilización del país.   

Panamá, 1º de diciembre de 2011.

Colón y el “fin de la democracia”

El mundo ha entrado en su fase más turbulenta en más de 80 años (desde la gran depresión de la década de 1930). El colapso financiero del capitalismo, las tasas de desempleo que superan un promedio del 10 por ciento y la desesperación de la población, apuntan hacia un futuro incierto. Panamá y el resto de América latina no se liberan de ese panorama global, aunque hay señales contradictorias. La crisis es financiera y, también, política. La democracia liberal tambalea al igual que las bolsas de valores.

En este mundo turbulento, la ciudad de Colón, terminal caribeño del Canal de Panamá, reproduce los indicadores más violentos de la debacle financiera global. La riqueza abunda por doquier, sin embargo, mientras más la prosperidad de una elite selecta, aún mayor la pobreza de la población (“del 99%”). ¿Cómo se explica esta contradicción sórdida? Desde su fundación a mediados del siglo XIX, la ciudad de Colón no ha hecho más que generar enormes riquezas. Ese crecimiento económico, sin embargo, no ha tenido impacto alguno sobre la calidad de vida de su población ni de la provincia que la rodea.

Hace una semana las lluvias de la estación húmeda del trópico se dejaron caer en todo el país, con especial intensidad sobre el Caribe panameño donde se encuentra Colón. Los barrios de la ciudad fueron inundados provocando daños en viviendas, establecimientos comerciales y públicos.

Fue un desastre social que pudo haber sido diagnosticado y obviamente evitado. (No hay que decir que fue un desastre “natural”).  Más aún, siendo Colón una de las ciudades que más riqueza genera en el país debería contar con un plan de desarrollo urbano y, sobre todo, la capacidad para hacer cumplir las ordenanzas municipales. Lo paradójico es que Colón tiene un plan urbano y también ordenanzas, pero no se cumplen. No debería quejarse de dinero porque en términos relativos es el distrito más rico de la República.

Según La Estrella de Panamá, sólo en los primeros 8 meses de 2011 en la Zona Libre de Colón (ZLC) “el movimiento comercial ascendió a un total de 18,816 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 44 por ciento comparado con el mismo período del año anterior. Una diferencia de 5,736 millones de dólares.

En ese período, según reporta la Contraloría General de la República, llegaron a la ZLC un total de 150 mil “turistas de todo el mundo”. En la actualidad, el principal proveedor de mercancías es China y los mayores compradores son Colombia, Venezuela y Ecuador.

Con sólo estos datos, Colón debería ser una ciudad con avenidas, edificios, viviendas y actividades sociales, educación y cultura rebosantes. A pesar de ello, está casi abandonada a su suerte, con algunos “guetos” empresariales encerrados tras gruesas murallas.

Sin embargo, hay más, mucho más en materia de actividades económicas. Los puertos que surten el movimiento comercial de la ZLC y de muchos países de la región están en permanente crecimiento. Colón es la ciudad con más movimiento portuario de América latina. En los primeros 9 meses de 2011 (enero a septiembre), los 3 puertos de Colón manejaron la increíble suma de 1.6 millones de contenedores. Puntualicemos: El puerto MIT manejó 800 mil contenedores, el puerto de Cristóbal manejó 450 mil contenedores y el CCT (Evergreen) manejó 212 mil contenedores. El puerto de Balboa en el extremo sur del Canal de Panamá manejó en esos mismos 9 meses otros 1,4 millones de contenedores.

A esta actividad comercial (ZLC) y portuaria de Colón hay que sumar los 1.8 mil millones de dólares que le pagaron al Canal de Panamá en el año fiscal 2011, en forma de peajes, las 15 mil naves que subieron y bajaron sus esclusas para pasar de un océano a otro. Para rematar, hay que sumar los ingresos por el registro anual de barcos, propiedad de empresas que buscan banderas que se acomoden a sus intereses anti-laborales. En 2010 se registraron más de 900 barcos y en 2011 superaron los 1100 naves.

Este “baile” de miles de millones de dólares no incorpora a las familias ni a la comunidad de Colón. En gran parte, son acaparados por comerciantes en las grandes capitales financieras mundiales y por los intereses monopólicos navieros. Otras sumas son retenidas por los grandes comerciantes de la plaza y de algunos abogados. Otra suma, quizás aún mas pequeña, termina en la arcas del fisco en forma de tributos (peajes) e impuestos (ITBM). La ciudad de Colón recibe una suma que le permite a sus autoridades pagar la planilla y celebrar alguna fecha patria. Los trabajadores, además de sus salarios, reciben los peores servicios urbanos, de educación y de salud.
El sistema que perpetúa esta injusticia no es producto de mala administración o de banqueros ineficientes. El sistema ha sido cuidadosamente organizado para generar estas relaciones asimétricas en que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos. El sistema que ahora golpea, además de Colón, al mundo desarrollado (primer mundo como le gusta a algunos), es consecuencia de una política diseñada para ese fin: empobrecer cada vez más y desarticular a las organizaciones de los trabajadores.

Parafraseando a Francis Fukuyama, no se trata del fin de la historia soñado por los grandes especuladores. Los depredadores financistas de occidente están promoviendo el fin de la democracia.

Panamá, 24 de noviembre de 2011.

El Estado panameño globalizado

Sin duda, los conceptos de Estado y globalización son difíciles de manejar debido a las múltiples interpretaciones que se hacen de los mismos. Para algunos, el Estado es la síntesis de todos los actores políticos de una sociedad. Para otros, es el aparato gubernamental que tiene el monopolio para tomar decisiones políticas y reprimir a los opositores del sistema que encabeza. En realidad, cuando se habla del Estado se está haciendo referencia a una correlación de fuerzas. Seamos más claros y directos: Es el equilibrio que se establece entre las distintas fuerzas sociales que compiten por ejercer su dominio sobre la totalidad de la sociedad. El Estado refleja los intereses del sector más poderoso de la sociedad o de una alianza entre diferentes sectores que comparten el poder. El Estado (el grupo más poderoso) define la política exterior de la sociedad organizada así como la política interna (el orden y el grado de represión). La política exterior incluye relaciones con otros estados, las alianzas internacionales y la guerra. La política interna del Estado define el uso de la Policía y otras fuerzas represivas, las recaudaciones y las inversiones, la educación, los servicios de salud, las relaciones entre obreros y patrones, el uso del territorio y, en algunos casos, incluso, el culto (religión).

El Estado entra en una crisis cuando pierde el equilibrio. Generalmente, el desequilibrio es consecuencia de la declinación de un grupo social y la emergencia de otro. La industrialización transformó el Estado “antiguo” (anciene règime) con motivo de la insurgencia de una burguesía que tenía una política exterior e interior totalmente diferente a las clases terratenientes y su aparato político (la Corona o algo parecido).

El nuevo Estado burgués necesitaba una política exterior que le garantizara acceso a mercados crecientes, materias primas y población. A su vez, necesitaba una política interior que organizara, educara y disciplinara a la clase trabajadora que era reclutada mediante la desposesión de los campesinos combinado con las migraciones internacionales.

La revolución industrial destruyó el Estado tradicional (equilibrio entre una clase dominante de terratenientes y una población dominada de campesinos) y después de muchas revoluciones sociales creó el Estado burgués. El nuevo Estado es el resultado de una correlación de fuerzas asimétrica entre industriales y obreros. Para acabar con los remanentes del Estado de los terratenientes la burguesía se alió con la clase obrera. Posteriormente, para frenar las ambiciones políticas de los obreros que levantaron la bandera comunista, la burguesía se alió con los terratenientes ya derrotados.

El Estado por definición está en un proceso permanente de cambio, en una lucha por mantener el equilibrio y, al mismo tiempo, buscando un nuevo equilibrio. Las políticas que promueve el Estado entran en contradicción con los intereses de quienes las promueven. La burguesía invierte capital para contratar cada vez más trabajadores. Los trabajadores, a su vez, se organizan para destruir el Estado burgués y reemplazarlo con un Estado social. El Estado de “bienestar social” que surgió a mediados del siglo XX en el llamado Occidente (EEUU y Europa nor-occidental) pretendió ser un equilibrio entre las dos fuerzas sociales que luchaban por sus intereses: burguesía y obreros.

El llamado Occidente (del Atlántico norte) era rodeado por una periferia que ocupaba el resto del mundo. Una periferia relativamente rica (la semiperiferia), con una clase obrera consumidora. Otra periferia relativamente pobre (América latina), con una clase obrera “superexplotada” que consumía muy poco. Además, una periferia sumida en la pobreza,  que representaba a más del 70 por ciento de la población mundial.

Este orden mundial que se mantuvo más o menos intacto durante toda la segunda mitad del siglo XX perdió el equilibrio y, en su lugar, está apareciendo una nueva correlación de fuerzas. Incluso, al interior de los países hay un reacomodo de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. China y, en menor medida, Brasil, Rusia e India, (los países BRIC) se están convirtiendo en países capaces de competir en el escenario mundial.

En el caso de Panamá, el cambio de la correlación de fuerzas que se experimentó entre 1990-2010 pareciera indicar que vamos a contratiempo con el resto del mundo. Es decir, la burguesía rentista (Canal de Panamá, centro bancario, actividades portuarias y la Zona Libre de Colón) han sometido a la sociedad y a los trabajadores a un régimen inflexible. Los rentistas (representados por sus partidos Panameñista, PRD y, sobre todo, Cambio Democrático) se preguntan para qué tener una clase obrera. El actual gobierno, incluso, se pregunta para qué sirven las capas medias, la llamada sociedad civil.

Esto es lo que a escala global llaman la crisis. La dirección política mundial, y Panamá no es una excepción, perdió la brújula y sólo piensa en acumular riquezas lo más rápido posible antes de que el edificio se desplome. Un periodista europeo, Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique,  constata que los dirigentes políticos están perdidos. “La política se revela impotente. La gente constata el derrumbe de la autoridad política. Los líderes actuales no están a la altura de los desafíos”. ¿Cuándo aparecerá esa nueva generación política capaz de ofrecer el liderazgo esperado en el marco de un nuevo Estado?

Panamá, 17 de noviembre de 2011.

El pueblo rechaza la ley privatizadora

La Asamblea Ciudadana se sumó a la protesta nacional contra los desmanes del gobierno al querer, entre otras cosas, aprobar un proyecto de ley que privatizaría el sector público panameño. La iniciativa de la Asamblea Ciudadana considera que “el paro ejemplar de la Coordinadora Médica Nacional (COMENENAL) y de los profesionales y técnicos de la salud, apoyado por sectores de los educadores, estudiantes y sindicatos, que se opone al proyecto de ley de Asociación Público-Privada (APP), se ha granjeado la simpatía de amplios sectores de la población… Han podido constatar que el proyecto de Ley no sólo afecta a los sectores de salud y de educación, sino que afectará, si es aprobada, a la totalidad del pueblo panameño”.

El proyecto de ley faculta a los gobernantes para distribuir entre sus allegados todos los negocios públicos que se consideren rentables. Además, la ley plantea que la concesión pública entraría a formar parte del régimen de propiedad privada. Un ejemplo sería si una persona natural o jurídica recibe la concesión para cobrar peaje en una calle de la ciudad de Panamá por un plazo de 20 años, tendría todo el derecho a extender automáticamente la concesión por otro período igual en forma permanente. Si la persona se retira del negocio, el gobierno está obligado a entregar el privilegio a otro interesado.

Hay quienes plantean que este proyecto de Ley también puede justificar la concesión a empresas privadas de la recolección de tributos e impuestos a escala nacional. La empresa puede ser panameña o extranjera. En la actualidad, los consulados marítimos panameños en el exterior les dan a los allegados de los políticos en el poder, la autoridad para cobrar los servicios que les presta el Estado.

La Asamblea Ciudadana denuncia que “mediante contratos que pueden llegar a ser de 50 años de duración, el gobierno podría privatizar escuelas, hospitales, diversos servicios de salud, el IDAAN, la segunda línea del Metro, el nuevo puente sobre el Canal y cualquier otra obra o servicio”. El negocio “sólo depende de lo que proponga la empresa privada, con el consiguiente pago de los ciudadanos por servicios que hasta ahora han sido gratuitos… Dejarían de ser “servicios públicos” para convertirse en negocios privados”.

La Asamblea Ciudadana también alerta sobre el denominado “Fondo Soberano” que se pretende establecer utilizando los ingresos del Canal de Panamá. Según el comunicado, el presidente Ricardo Martinelli, “ha declarado que el “Fondo” serviría para afrontar las deudas contraídas por los proyectos APP… los ingresos del Canal dejarían de beneficiar al pueblo panameño e irían directamente al “pro mundi beneficio” de las trasnacionales”.

 En la reunión que se celebró la semana pasada entre el presidente Martinelli y los gremios médicos, el inquilino del Palacio de las Garzas enumeró los proyectos que se ajustan al modelo de la APP. Según una fuente presente en la reunión, Martinelli destacó la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la ciudad gubernamental, otro tramo del metro y la ampliación de la red de agua potable. La APP también serviría “para la compra de equipo médico y medicamentos. (Es decir, desconoce lo que propone la Ley)”.

Los médicos reaccionaron y le recordaron después al presidente del ejemplo argentino donde la APP fue un fracaso en la ampliación de la red de alcantarillados. Igual suerte corren los panameños con el ejemplo de los corredores, la falta de reglas y la corrupción.  

El presidente Martinelli también insinuó la posibilidad de enviar el proyecto de ley de la APP a la mesa de la Concertación Nacional para que se discuta en ese marco. Los médicos aceptaron la propuesta presidencial pero el gobierno no ha dado aún un paso formal en esa dirección. Los médicos señalaron que “la Concertación Nacional fue un mecanismo diseñado para aprovechar mejor los fondos provenientes del Canal de Panamá, durante el periodo del presidente Martin Torrijos. Sin embargo, fue ampliamente criticado por su carácter excluyente. (También) fue convertido en un dialogo de ‘yo con yo’. Muchas de las asociaciones que participaron (en aquel entonces) eran pro PRD. La COMENENAL participo en ese dialogo y se retiro por que dio origen al sistema único de salud, bajo el concepto de que la Caja del Seguro Social asumía toda la responsabilidad financiera del sistema y el Estado hacia un aporte mínimo”.

Lo que se respira en los grupos que se suman al movimiento de los trabajadores de la salud, es incredulidad ante las declaraciones cambiantes del presidente Martinelli. En primera instancia, dijo que no afectaba a los trabajadores, después dijo que se reformaría su contenido y finalmente que enviaría el proyecto a la Concertación Nacional. Los médicos y el pueblo sólo le han pedido que lo baje de segundo debate a primer debate en la Asamblea de Diputados. Si se niega es porque su intención es aprobar la iniciativa legislativa de todas maneras.

En el te deum del 3 de noviembre, el arzobispo de Panamá, José D. Ulloa, le dijo al presidente Martinelli que había “que mirar el pasado de nuestra historia para proyectar un futuro”. Las palabras de la Iglesia son sabias, basadas en su propia experiencia.

10 de noviembre de 2011.

Patria y credibilidad

Los panameños celebramos orgullosamente un aniversario más (108 años) de la República. Producto de un movimiento político, un 3 de noviembre de 1903, se declaró la nueva entidad republicana en medio de contradicciones y conflictos. Como en la mayoría de los países del mundo, las contradicciones y conflictos aún no se superan. Incluso, se podría decir que todavía no hay señales de que se estén reduciendo.  Son básicamente conflictos entre los intereses de las diferentes clases sociales y, además, al interior de las clases.

En 1903 se cuestionó si los llamados “próceres” habían actuado en los mejores intereses del país y de su pueblo. La forma sigilosa en que se produjo el movimiento separatista, el Tratado del Canal con EEUU que ningún panameño firmó 15 días después de la independencia, la Constitución Política aprobada por una Asamblea seleccionada a dedo con un artículo que ponía los intereses de EEUU sobre los de la nueva República, eran algunas de las preguntas que surgieron. La falta de transparencia generó una falta de credibilidad entre todos los panameños.

Aunque se dudaba de las intenciones de los gobernantes republicanos y sus agentes políticos, nunca se cuestionó la entidad independiente y soberana que es la República. Casi de inmediato se levantó una oposición contra los desmanes de los gobernantes quienes prácticamente convirtieron la República en un coto privado para enriquecer sus familias en íntima alianza con EEUU que creó su enclave colonial en la Zona del Canal.

La elección de Belisario Porras en 1912 puso un freno a los desmanes. Posteriormente, desatada la corrupción, en 1940 llegó a la Presidencia Arnulfo Arias como expresión de la protesta de las capas medias.

En ese marco, la insurrección popular del 9 de enero de 1964 consolidó el proyecto soberano de la Nación. El desgobierno, sin embargo, no se detuvo y en 1968 se produjo el “golpe militar”. En 1977 se logró acabar con el Tratado del Canal de 1903, redactado en inglés y firmado por un francés. La lucha generacional – como la llamara Omar Torrijos – culminó con la eliminación de la semicolonia “zoneita”, la evacuación de las bases militares y Panamá asumió la administración del Canal.

La invasión militar norteamericana de 1989 y la muerte de centenares de panameños fue un golpe severo que desdibujó la identidad nacional panameña y cuestionó la soberanía del pueblo republicano. Los descendientes de los próceres de 1903 asumieron nuevamente las riendas de la República y prometieron una democracia auténtica, la desmilitarización del país, una mejor distribución de la enorme riqueza que generan los trabajadores del país y transparencia en todos los actos políticos.

Muchos panameños le dieron un voto de confianza a los gobernantes creyendo que, a pesar de ser criaturas moldeadas por los intereses norteamericanos, podrían encaminar la República por un camino de prosperidad y amplia participación. Los cinco gobiernos que se sucedieron (1990-2010) nunca cumplieron sus promesas y cercenaron las conquistas sociales logradas por el pueblo durante el siglo XX. En primer lugar, acabaron con la democracia construyendo una “República de primos” donde gobierna un círculo muy cerrado. La base de la nueva democracia es tan angosta actualmente que está en peligro de colapsar.

La militarización se inició con el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa (FDP). A pesar del fracasó del Centro Multilateral Antidrogas (CMA), EEUU logró imponer acuerdos en los últimos diez años que han culminado con la creación de dos entidades militares que actúan con total autonomía frente a la Constitución Política de la República. Los militares tienen sus bases y amedrentan a las comunidades vecinas. En días pasados, incluso, los militares amenazaron a la Universidad de Panamá por supuestas acciones subversivas.

La prosperidad que experimenta la economía panameña, en la actualidad, sólo beneficia a la clase especuladora y rentista. El sector bancario panameño declaró ganancias por más de dos mil millones de dólares en 2010. El pueblo panameño ha sido excluido. La metáfora de los ideólogos, que se hacen pasar por economistas, sobre el “goteo” de riquezas que llegarán a los trabajadores jamás se materializó. Las capas medias que consumen sobre la base del crédito se enfrentarán a un “shock” a corto plazo, cuando colapse la burbuja creada por la especulación que alimenta el lavado de dinero.

La transparencia prometida jamás se hizo realidad. La desnacionalización caracteriza a los gobiernos de los últimos 20 años. La corrupción a todos los niveles del sector privado en combinación con funcionarios públicos es la norma. Las políticas públicas que impiden que la juventud encuentre empleos decentes, que pueda seguir estudiando o desarrollar sus habilidades creativas. El trasiego de la droga con destino a EEUU y el crimen organizado, son quizás lo peor que le pudo haber ocurrido a la República en sus cien años de existencia.

El actual gobierno se ha creado un ambiente sin credibilidad alguna. La Patria ha sido engavetada a cambio de una nueva promesa: “Estamos abiertos para hacer negocios”. El presidente de la República resucitó el viejo lema de “Pro mundo beneficio”. No hay cambio.

El proyecto de Ley que crea las Asociaciones Público Privadas es la gota que rebasó toda credibilidad republicana.

3 de noviembre de 2011.

La privatización del sector público

Los médicos panameños han declarado un paro de labores con fines solidarios y políticos dirigido a frenar la avaricia sin límites de los dueños del país. Los grandes empresarios – en el mejor espíritu neoliberal – ahora quieren que todos los bienes públicos sean privatizados. La estrategia de los empresarios es apropiarse sin pagar un centavo – sin riesgo alguno – de todos los servicios públicos: Salud, educación, seguridad social, protección, vivienda, fuentes de agua, el mar, las montañas, calles y carreteras. Todo lo que rinda una ganancia para los que se creen dueños del país en detrimento de los trabajadores y capas medias.


Los empresarios, quienes ya son dueños de los servicios, del comercio y de los negocios especulativos - tanto legales como ilegales – quieren aprobar el proyecto de ley Nº 349 de Asociaciones Público-Privadas. En otras palabras, una ley que privatiza el sector público. Pero la trampa es aún más grande. Quieren privatizar todos los bienes de la república pero con la garantía de que si les va mal todos los panameños (nuestros impuestos) pagan sus pérdidas, incluso las ganancias previstas. Si les va bien, los propietarios se llevan todas las ganancias, sin pagar impuestos.


En muchos países que aplicaron políticas neoliberales recientemente la experiencia ha sido un fracaso. Actualmente, en Chile hay un movimiento social encabezado por los estudiantes para que les devuelvan el sistema educativo a la sociedad. Fue privatizada hace 20 años y sólo ha creado problemas sociales y una educación mediocre. En México y Perú la situación es muy parecida.


Ahora en Panamá se quiere ir por el viejo camino equivocado. ¿Porqué? La respuesta es sencilla: Es una manera fácil y rápida para que los especuladores se hagan ricos a costilla de los panameños. Van a arruinar el sistema educativo, acabar con el sector que presta servicios de salud y, probablemente, vendan el Canal de Panamá. Puede significar un negocio de varios miles de millones de dólares que beneficie a unos pocos especuladores.


Es una trampa a la vista. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli no quiere que la iniciativa se presente al público. En la Asamblea, los diputados de los partidos políticos de gobierno y oposición aplauden la iniciativa ya que ambas bancadas están comprometidas con las políticas neoliberales, en quiebra en todo el mundo. Quieren que sigamos por el camino de México, Grecia y EEUU que tienen movimientos de protesta social a lo largo y ancho de continentes enteros.


En Colombia el analista Eduardo Sarmiento, quien escribe en el muy conservador diario de Bogotá, El Espectador, describió el asalto del erario publico en los siguientes términos: “Se presumía que la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado enormes subsidios (por parte) del Estado”.
Según Sarmiento, “la idea era muy simple. El lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades necesarias, las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta”.
Como consecuencia “las empresas de salud conceden los mínimos servicios posibles. Gran parte de los servicios especializados se obtienen con tutelas basadas en la universalidad de la salud. Los fondos privados entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas de publicidad y no le aseguran la pensión mínima a la mayoría de los cotizantes”.
En el caso de las construcciones escolares “los contratistas modifican los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que sirvió de base para adjudicarlo. La constante es que el valor y los períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado”.
Según Sarmiento, “no han faltado la complicidad y la permisividad oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas. El presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobre-costos y pirámides de las entidades privadas”.
Lo mas peligroso es que los defensores de estas empresas especulativas trabajan con una “biblia” en la mano que llaman la ideología neoliberal. No son economistas y desconocen las mínimas reglas de administración de empresas. “Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso”, dice Sarmiento. Con la ley que somete los intereses públicos al despilfarro privado, “se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos (especuladores) y trasladar las pérdidas a los contribuyentes”. La conclusión de Sarmiento se puede aplicar a Panamá: Si se aprueba la ley de Asociaciones Público-Privadas, contribuirá a crear mas desempleo, aumentará la pobreza y provocará una desigualdad mayor en la distribución del ingreso.


Panamá, 27 de octubre de 2011.

La estafa de Juan Hombrón

Un negocio que se calcula valorado al menos en 80 millones dólares pretende realizar un pequeño grupo de especuladores con relaciones muy cercanas al Palacio de las Garzas. “En un periodo no mayor de seis meses, 12 sociedades anónimas y 2 personas lograron un hecho insólito en la historia de la titulación de tierras en Panamá: el reconocimiento de sus derechos posesorios, todos en la comunidad de Juan Hombrón, en las costas de la provincia de Coclé. (Sector de mayor crecimiento turístico del litoral panameño). El trámite supuso reunir a unos 50 lugareños, supuestos titulares de los derechos posesorios”. Así titularon sus portadas los rotativos de la capital panameña que dieron a conocer la gran estafa. Esta sigue los anteriores ya reportados en un largo rosario de intrigas y asaltos al erario público.
Además de reunir a los supuestos titulares, convencerlos para que “vendieran” sus derechos, acordar el precio, elegir a los abogados que los representarían, hacer el papeleo en notarías y otras oficinas gubernamentales y pagarles.  Los curioso es que se trata de derechos posesorios sobre lotes paralelos y consecutivos que juntos suman 54 hectáreas y que hoy valen B/ 80 millones. Las tierras a orillas de las playas de Juan Hombrón se encuentran a dos horas de carretera de la ciudad de Panamá, aproximadamente 100 kilómetros. Además, en las cercanías se está empujando la construcción del aereopuerto internacional de Río Hato (una inversión de más de 100 millones de dólares). También EEUU está presionando para que el gobierno panameño construya una base aereo-naval militar en la comunidad próxima de Antón.
En el negocio de titulación gratuita la ex directora de Titulación de la Administración Nacional de Tierras (ANATI), Anabelle Villamonte, fue la abogada que inició los trámites para las 12 sociedades.  Después, ocupando en el cargo de directora de Titulación, otorgó a las 12 sociedades la adjudicación gratuita que habían pedido.  Antes de ocupar el cargo, Villamonte renunció a sus poderes como representante legal. La abogada renunció al cargo en ANATI después que los medios de comunicación dieran a conocer la adjudicación de tierras.
Según los medios de comunicación, “la Ley 59 de 2010, que creó la ANATI establece que se puede adjudicar gratuitamente los terrenos si se prueba que quien alega tener derechos posesorios las ha ocupado cinco años en forma pacífica e ininterrumpida.  En el caso de la sociedad Properties Group se le adjudicaron gratuitamente 1.3 hectáreas a una sociedad que solo tenía 9 meses de vida jurídica”. Otra característica de esta titulación paralela, consecutiva y gratuita es que quienes alegaron tener derechos posesorios adujeron como única prueba la declaración de su colindante.  Esto quiere decir que un colindante declaraba a favor de quien tenía a su lado y este a su vez declaraba a favor del supuesto dueño del lote vecino.  Ninguna otra prueba fue exigida por la ANATI. 
Para verificar la residencia de las personas favorecidas en la adjudicación de derechos posesorios y de sus testigos, el diario local La Prensa corrió sus nombres en el padrón electoral de finales de 2004.  La mayoría de ellos no figuraba en esa base de datos del Tribunal Electoral.  Al menos, no vivían ese año en Juan Hombrón.  Pero sirvieron de testigos  de los cinco años de ocupación a sus supuestos colindantes. 
La Prensa publicó extensos reportajes describiendo en detalle cómo se creó la ANATI, las diferencias de criterio que surgieron en la Asamblea, el papel jugado por su primer director, Alejandro Castillero y la directora de Titulación, Anabelle Villamonte, en la adjudicación de 54 hectáreas en forma consecutiva, paralela y rodeada, al parecer, de irregularidades.

La comunidad panameña exige que se haga justicia con los responsables de esta injusticia. Además, plantea que es necesario que todo el sistema creado por ANATI, para el beneficio de unos pocos allegados al poder, sea eliminado. Para comenzar, ANATI debe desaparecer de la misma manera que apareció, para ser utilizada por los especuladores de tierras.

El presidente Ricardo Martinelli alega que el le prometió en su campaña electoral a los pequeños agricultores y campesinos que pondría en marcha un programa de titulación para beneficio de esos sectores. Si la intención del mandatario es hacer justicia con los miles de campesinos sin tierra que comience por casa: la provincia de Veraguas y no por las playas de Coclé.

La titulación de tierras, además, tiene que responder a un programa racional que contemple una Reforma Agraria. Los agricultores tienen que organizarse para entrar a producir en forma competitiva. Es decir, el gobierno tendría que darle todo su apoyo a la reorganización de los Asentamientos Campesinos donde los agricultores organizados produzcan los granos y otros productos de la tierra que consumen los panameños.

Si no hay un plan de desarrollo para los agricultores, todo programa de titulación de tierras responde a un fraude al más alto nivel. Con la excusa de querer ayudar a los campesinos sin tierra lo que han hecho los gobernantes es crear un sistema que se presta para estafar al fisco y, de paso, depredar a la República.

Panamá, 20 de octubre de 2011.

El Top Ten de noticias censuradas

Los periodistas en el mundo saben que su trabajo es remunerado y como asalariados se espera que respeten la línea editorial de los dueños de los medios de comunicación. En EEUU y otros países, además, se suma el peso del “establishment”. Es decir, el círculo que toma las decisiones al más alto nivel. El presidente Eisenhower dijo en 1960 que el “establishment” norteamericano está formado por un círculo muy cerrado de empresarios claves, de generales de las fuerzas armadas y de líderes políticos, en ese orden. Según algunos el orden de los factores ha cambiado, pero sigue siendo el “establishment”.

Los medios de comunicación en EEUU y la mayoría de los países del mundo tienen que responder a los requerimientos de ese grupo de hombres que forman el “establishment”. Argenpress recientemente publicó una lista de las noticias – Top Ten - más importantes censuradas por los medios norteamericanos y de sus acólitos en el resto del mundo en 2010 y 2011. La lista la divulgó Ernesto Carmona, un periodista chileno.

Las noticias se centran en EEUU pero tienen repercusiones a escala global, muy especialmente en América latina y en Panamá, particularmente. Entre las noticias más censuradas se encuentra el asesinato del norteamericano Anuar Al-Aulaki, nacido en Nuevo México, EEUU. En 2010 fue colocado en una lista “presidencial” de ejecuciones extrajudiciales. El ex director de Inteligencia Nacional del presidente Barack Obama, Dennis Blair, dijo en el Congreso en Washington que el programa estaba dentro de los “derechos del Poder Ejecutivo” y que los contenidos de la “lista de la muerte” no necesitaban ser revelados. Entre los extranjeros, Fidel Castro, Hugo Chávez y, en su momento, Lula están en la lista. Omar Torrijos, Salvador Allende y Ernesto “Ché” Guevara (entre otros) estaban también en la nefasta lista.

También ocupa un lugar destacado en la recopilación de noticias censuradas los niveles de desempleo que hace estragos en EEUU y otras partes del mundo. Mientras que las cifras oficiales hablan de un 9 por ciento de trabajadores sin empleo en ese país, otras fuentes indican que el desempleo llega al 22 por ciento. “Pareciera que el gobierno mantiene a la gente en la oscuridad sobre el índice real de desempleo para hacerle creer que la economía está mejorando”, señalan los críticos. Algo parecido ocurre en Panamá. El gobierno asegura que el desempleo sólo afecta al 5.6 por ciento de la población económicamente activa. Sin embargo, si se utilizara el método anterior, modificado por la OIT para reducir el desempleo (en papel), la tasa se duplicaría facilmente.

Una tercera noticia censurada se refiere a los esfuerzos de la oficina de Alimentos y Drogas de EEUU de camuflar sus exportaciones de productos agrícolas para incrementar sus ventas en otros países. Una medida reciente de esta entidad fue pedirle a los cuerpos internacionales que pongan fin a la obligación de etiquetar los alimentos para evitar que los productos transgénicos sean identificados. Esta política afectará especialmente la salud de la población de países pobres del mundo y de aquellos que tienen llamados tratados de libre comercio con EEUU.

El presidente Obama también carga con otra responsabilidad que le asignó el “establishment” de su país. Además de continuar con las guerras de Bush II en Irak y Afganistán, Obama encabezó el bombardeo criminal de la población libia en la guerra contra Gadaffi.  “La guerra contra Libia podría configurar el crimen de esparcir tóxicos como óxido de uranio empobrecido en áreas pobladas de ese país. El avión de combate A-10 (“Thunderbolt”) tiene un cañón que dispara... proyectiles a menudo con uranio sólido”, según la Coalición Internacional para Prohibir Armas de Uranio. En 1989, cuando Bush padre invadió a Panamá también hubo mucha preocupación por el posible uso de armamentos que podían dejar residuos de uranio.

Otra noticia censurada tiene relación con el sistema penitenciario creado en EEUU especialmente para detener a los inmigrantes sin documentos (la gran mayoría son latinoamericanos) en ese país. El sistema es financiado con fondos públicos y administrado por empresas privadas. Según la información, en la actualidad, las cárceles para “indocumentados” tienen un millón de detenidos y se “abusa de niños, se violan mujeres y se dejan morir hombres por falta de atención médica básica”.

En sexto lugar, otra noticia censurada se refiere a la publicación de 13 artículos por la revista American Psychologist, detallando un contrato por 117 millones de dólares para prestarle servicios al Ejército de EEUU a través de un programa llamado “Aptitud Comprensiva del Soldado”. El programa se está comercializando como entrenamiento para reducir resistencias psicológicas adversas en soldados que entran en combate. Los militares todavía no pueden entender porque en 2010 y 2009 hubo más casos de suicidios entre los soldados norteamericanos en Irak que muertes en “combate” militar. En Panamá, mediante acuerdos desconocidos, el Ejercito de EEUU maniobra para realizar experimentos con la población panameña. Especialmente en áreas rurales con poblaciones campesinas e indígenas. Entre 1940 y 1970 EEUU realizó en sus bases militares en Panamá múltiples experimentos con soldados puertorriqueños, afro-norteamericanos y de ascendencia europea, así como con panameños, para detectar su resistencia a enfermedades inducidas y conocer aspectos relacionados con su conducta (psicológicos).

Panamá, 13 de octubre de 2011.

“Crónica de una muerte anunciada”

Según el ministro de Seguridad Pública el secuestro y asesinato de cinco jóvenes en La Chorrera fue un asunto aislado. Después se retractó y pidió disculpas. Sin embargo, los panameños sabemos que el ministro considera prioritario los lazos con EEUU y la política de contra-insurgencia que está disolviendo el tejido social de la sociedad panameña. Mientras el rancho arde en casa, el ministro sale de caza con sus amigos norteamericanos a hacerles la vida imposible a los campesinos y pescadores más humildes. Existe una estrecha correlación entre la política equivocada de militarización de la fuerza pública y el incremento del crimen organizado. ¿Cuándo podrá entender el gobierno panameño esta relación tan peligrosa? ¿Son engañados por los agentes norteamericanos o saben perfectamente lo que hacen?

Según el último informe presentado ante la nación por el ministro, el número de homicidios en el país disminuyó. A esta altura la credibilidad del gobierno se ha perdido. Según “el Indignado”, quien escribe en internet, después de los asesinatos en La Chorrera, “el miedo es el nuevo sentimiento que caracteriza al panameño”.

Hace escasos días fueron hallados 5 jóvenes panameños asesinados y enterrados en una residencia de La Chorrera. Los casos de secuestros y desaparición en La Chorrera empezaron hace un año. “El Indignado” plantea que los “datos son muy reveladores y merecen ser compartidos con el público en general”.

“Yessenia Loo Kam de 18 años (el primer caso) desapareció cuando iba en trayecto a la escuela. Las autoridades encontraron su vehículo abandonado y dieron la voz de alarma a sus familiares. El Departamento antisecuestro de la DIJ se hizo cargo del caso y recomendó a los familiares de la víctima mantener un bajo perfil y no acudir a los medios para no entorpecer la investigación. Los familiares de Yessenia colaboraron con las autoridades y siguieron sus recomendaciones. A un pariente de la joven le pareció muy familiar la voz del secuestrador que llamaba para pedir el rescate. Incluso, salió a relucir el nombre de Alcibíades Méndez, (quien fue detenido un año y cuatro muertes después) por su acento dominicano”.

En el caso del joven Wen Ken Wu, quien fue el segundo secuestrado, pasó algo muy parecido. “Ken desapareció mientras salía de su negocio rumbo al médico a buscar a su esposa embarazada. Los familiares del joven acudieron a poner la denuncia en la policía de La Chorrera y estos le replicaron que no podían hacer nada hasta después de 24 horas”.

Ken tenía el sistema GPS en su celular el cual enviaba a su local las señales de su ubicación. “Los colaboradores del local rastrearon la señal que venía del área de Trapichito. La señal de GPS emitió señales por más de 24 horas pero la DIJ hizo caso omiso del mismo. Los parientes de Ken siguieron las recomendaciones de las autoridades y colaboraron con ellas al sentirse impotentes”.

Por segunda vez, al escuchar las conversaciones con el secuestrador de Ken, el psicólogo de la DIJ reconoció la voz de la persona involucrada en el caso de Yessenia. Las autoridades le preguntaron a los familiares si el joven Ken tenía algún conocido dominicano. Los parientes de Ken nombraron dos conocidos  y entre estos sobresalía el nombre de Alcibíades Méndez. Estos decidieron no actuar por falta de pruebas concretas y optaron por atrapar al secuestrador en la entrega del rescate. El secuestrador y sus secuaces después de recibir los 83,000 dólares, se esfumaron con el dinero luego de eludir 4 unidades Lince y una unidad antisecuestro en civil”.

Según el Indignado, “los hechos contradicen la versión del ministro de Seguridad Pública y del jefe de la Policía Nacional. Las autoridades argumentan que no hubo cooperación por parte de los familiares de las víctimas. Lo cierto es que éstos mantuvieron el silencio por recomendación de las autoridades competentes para no entorpecer las investigaciones”.

Las vidas de los otros tres jóvenes se habrían salvado si se hubiera actuado de manera más eficaz. “No estaríamos lamentando las muertes más recientes de Samy Zeng Chen, Joel Liu Wong y Georgina Lee Chen. El público panameño se pregunta si hay otros involucrados en este caso”.

El Indignado concluye que estamos frente al “ejemplo de una crónica de una muerte anunciada a la Gabriel García Márquez. Ojalá la muerte de estos muchachos y el dolor de sus familiares no sea en vano y como nación reflexionemos...” La Policía tiene que cumplir con sus obligaciones constitucionales, dedicarse a proteger a las comunidades y revisar su política de militarizar el país. El Ministerio de Seguridad acaba de comprar armamentos sofisticados por un total de 400 millones de dólares. Los deudos se preguntan “¿porqué Panamá tiene que subsidiar la guerra contra el crimen en EEUU”?  

 Panamá, 6 de octubre de 2011.

Relaciones obrero - patronales a la deriva

La Cervecería Nacional SA es una empresa emblemática del sector industrial de Panamá. Fue fundada hace 75 años – en 1936 – inmediatamente después de que se realizara la primera reforma al infame Tratado del Canal Hay-Bunau Varilla de 1903. Muchos han llamado ese Tratado (firmado por los presidentes Harmodio Arias M. y el norteamericano Franklin D. Roosevelt), el acuerdo de “la carne y la cerveza”. Esto era así porque los industriales panameños tuvieron acceso por primera vez al próspero mercado de la antigua Zona del Canal.

La Cervecería Nacional es famosa por sus marcas creadas incluso antes que la empresa se fundara. Además, sus propietarios eran miembros de las familias más poderosas de Panamá: Duque, Vallarino, Arias, Icaza. Entre sus ejecutivos se destacaron políticos como Ernesto de la Guardia, Alfredo “el Mayor” Alemán y Samuel Lewis Galindo. Cuando la planta cervecera se mudó a su actual local en la Transístmica, su modernidad creó todo un precedente para que otras empresas la imitaran.

A mediados de la década de 1960, el grupo de accionistas que encabezaba J.J. Vallarino se separó de la Cervecería Nacional y creó una planta nueva llamada Cervecería del Barú. La nueva empresa estaba aliada a la trasnacional Coca-Cola que ya era reconocida como la embotelladora más grande del mundo. La maniobra fue un golpe duro para la empresa más veterana pero, a la vez, introducjo un ambiente de competencia.

Durante más de trés décadas – 1936 a 1966 – la Cervecería trató de mantener relaciones con sus trabajadores de respeto y altura. El sindicato de trabajadores no se destacó por su combatividad pero mantenìa relaciones de respeto con la patronal. Sin duda, la cervecera era una de las empresas panameñas que más dividendos le ofrecía a sus dueños.

En el marco de las políticas neoliberales, en la década de 1990, la Cervecería Nacional, junto con otras empresas panameñas comenzaron a venderse a grandes trasnacionales internacionales. Fue el caso de la Cervecería Nacional que se vendió a la colombiana Baviera. Esta empresa, a su vez, la vendió - la década pasada - a la trasnacional sudafricana, SAB Miller. La Cervecería del Barú siguió el mismo camino y ahora es propiedad de la holandesa Heineken. Así mismo, Pascual, Estrella Azul, Café Duran y tantas otras empresas panameñas han sido vendidas a trasnacionales.

En pocos años la Cervecería Nacional perdió su personal ejecutivo panameño. Como consecuencia, también, los nuevos empresarios extranjeros comenzaron a imponer políticas cada vez más injustas para con los trabajadores. El número total de trabajadores fue disminuído y la carga del trabajo cayó sobre un número menor de obreros.

Para controlar las posibles protestas de los trabajadores de la Cervecería, la empresa logró montar un sindicato que le fuera “amigable”. (En el lenguaje sindical esto se llama “amarillo”). La empresa tiene dos secciones que se organizan bajo mandos separados. Por un lado, la parte productiva. Por el otro, la sección que distribuye el producto embotellado a los surtidores a escala nacional.

Esta última sección se ha venido organizando como resultado de los abusos a los cuales son sometidos sus trabajadores. Los últimos gobiernos, especialmente el actual, no han querido escuchar las protestas de los trabajadores. Ante los abusos de la empresa y el silencio del Ministerio de Trabajo, los obreros llevaron una manifestación a las puertas de la ministra de ese ramo del Ejecutivo. Más de 300 trabajadores se plantaron frente al edificio Edison para presentar sus reivindicaciones.

Según los trabajdores organizados en su sindicato, desde que se efectuó la venta de la Cervecería Nacional a la SAB Miller, “sus condiciones laborales fueron desemejoradas, la excesiva carga, (con) un promedio de 700 cajas por camión, y (sólo) una tripulación de un conductor y un ayudante…” A su vez, los trabajaodres “reciben por caja física entregada (sólo) medio centavo”. Según un comunicado del Sindicato de Trabajadores de Bebidas y Cerveza, “el salario base (está) por debajo del mínimo establecido por ley. Es decir, entre el básico y la comisión de medio centavo por caja deben hacer el mayor esfuerzo para alcanzar un salario para subsistir”.

Según el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Coca Cola, Alejandro John, “un número plural de trabajadores se ha retirado de la empresa, producto de problemas de salud”. Según John, “la empresa está destrozando la salud de los trabajadores de distribución y de bodega, situación que los obliga a retirarse de sus puestos de trabajo por lesiones corporales”. John también denuncia la indiferencia del Ministerio de Trabajo y la ausencia de la oficina de Salud Ocupacional. “Nuestros compañeros están solos a la deriva, lo que nos motiva a hacer las denuncias”.

El deterioro de las condiciones de trabajo de los obreros panameños pareciera que se está generalizando ante las políticas gubernamentales de flexibilización y desregulación. Las últimas reformas al Código de Trabajo les permite a los empresarios abusar de los trabajadores. Esto es cierto especialmente en esas empresas donde los trabajadores no tienen un sindicato que les permita enfrentar a los ejecutivos en forma organizada. Casos similares se han dado en las obras de construcción de carreteras y en la ampliación del Canal de Panamá.

Les corresponde a los trabajadores, a la ciudadanía y, especialmente, al gobierno nacional intervenir para que las reglas que rigen las relaciones de trabajo se respeten. Si el Ministerio de Trabajo continúa su política antiobrera sólo puede generar conflictos cuyo desenlace final desconocemos.

Panamá, 29 de seeptiembre de 2011.