Hay agentes dobles en la Policía Nacional

Panamá ha sido desde la segunda guerra mundial, a mediados del siglo pasado, un centro internacional de distribución y control de drogas de EEUU. En 1953 se creó la Guardia Nacional – policía militarizada – para mejorar el control sobre el tráfico de la droga. Es un secreto a voces que el presidente José A. Remón fue asesinado en 1955 por sicarios de la mafia norteamericana como muestra de intolerancia por parte de Washington en torno al control del tráfico ilícito de estupefacientes. La Guardia Nacional – entre 1953 y 1983 – siempre estuvo penetrada por la CIA y en su momento por la DEA (Agencia de Control de Drogas), instancias gubernamentales de EEUU. Entre 1983 y 1989, las Fuerzas de Defensa (FDP) se encargaron de las relaciones con EEUU, que mantuvo un estricto control sobre el tráfico de drogas por Panamá.
EEUU divulgó en la década de 1980 que el general Manuel A. Noriega, jefe de las FDP, era un doble agente ya que recibía pagos de la CIA, agencia de seguridad norteamericana. Incluso, aseguraba que Noriega fue reclutado por la CIA en la década de 1950 cuando era estudiante. Es muy probable que Noriega no era el único que se encontraba en las planillas del gobierno norteamericano. En la actualidad, se ha dado a conocer que personal de las instituciones de seguridad panameñas, entre ellas la Policía Nacional, son agentes pagados por EEUU. El gobierno panameño, para sorpresa de todos los interesados en la integridad nacional, aparentemente ha aceptado esta práctica y considera que los oficiales de Policía no deben ser removidos de sus cargos.
En la actualidad, no es muy claro que instancias panameñas han reemplazado a los militares del período entre 1953 y 1989 en las relaciones con EEUU en todo lo relacionado con el tráfico de drogas. Después de la invasión militar norteamericana de 1989, EEUU trasladó el poder político en el país del cuartel de las FDP a la Presidencia de la República. Las oficinas del Palacio de las Garzas fueron ocupadas por especialistas militares norteamericanos quienes crearon una estructura que poco a poco logró convertirse en el “núcleo duro” del poder en Panamá. Los cables de la Embajada de EEUU, filtrados por Wikileaks, dan cuenta del funcionamiento del sistema que mantiene EEUU dentro del gobierno panameño para controlarlo y, especialmente, para dirigir el tráfico de drogas.
Según los cables de la Embajada de EEUU, capturados y difundidos por Wikileaks, Washington paga a funcionarios panameños para obtener información ilegalmente en Panamá. Según una alta fuente vinculada al Ministerio Público, que pidió mantener su identidad en reserva, “los norteamericanos son los que más se benefician de estas operaciones”. Este funcionario le aseguró a un diario de la capital panameña que todo es parte de los acuerdos de cooperación con EEUU para el combate contra la droga. Agregó que el tema del pago de salarios a funcionarios no está contenido en ningún documento. “Son acuerdos verbales entre las dos partes”, señaló. Explicó que la mayoría de estas operaciones se realizan a través de asistencias judiciales.
El mismo diario también entrevistó a un exviceministro de Seguridad, quien solicitó que se le respetara su anonimato, advirtió que eso de recibir salarios de dos gobiernos “es altamente sospechoso”. Aseguró que esta práctica puede prestarse para “traición a la patria”. No obstante, el ex director de la Policía dijo que no hace falta introducir una ley para concluir que esa práctica es ilegal, porque a todas luces lo es. “El miembro de la policía que recibe un estipendio extraoficialmente por su función, ya sea por un acto bueno o malo, está cometiendo un delito”. Aseguró que “es un tema altamente sensible porque EEUU está pagando para recibir información para su beneficio”.
Según los cables difundidos, el cuerpo élite de los espías está bajo el mando del gobierno de Panamá, son equipados por EEUU, están asesorados por la DEA y reciben pagos de los dos países. Se dedican a recolectar información sensitiva y, en ocasiones, también participan de manera encubierta en operativos para cazar a narcotraficantes y decomisar drogas. Los miembros de este secreto “cuerpo élite” necesitan la bendición de la DEA para operar. Son entrenados en tácticas especiales en la base de la DEA en Quantico, Virginia, EEUU. En otras palabras, son los hombres de confianza de Washington en Panamá.

La operación Matador – intervenciones telefónicas de funcionarios panameños pagados por EEUU – se atribuye la intercepción de 200 números de celulares “sucios”. Según las autoridades diplomáticas de EEUU, pertenecen a traficantes de drogas y a personas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La operación Matador, que de acuerdo al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, aún está en marcha, es financiada por la DEA y la Sección Antinarcóticos de la embajada de EEUU.

Para la formación de los agentes policivos a cargo de las escuchas, EEUU invirtió más de un millón de dólares, según los reportes. La operación Matador dejó de ser un secreto cuando Wikileaks comenzó a divulgar los primeros cables de la Embajada de EEUU en Panamá. En su momento pusieron al descubierto los supuestos deseos del presidente Ricardo Martinelli de usar este sistema para interceptar los teléfonos de sus opositores.

Panamá, 28 de julio de 2011.

¿Acabarán con Panamá la corrupción y la especulación?

El “neoliberalismo” ha muerto, viva el “neoliberalismo”. Según el economista Alejandro Nadal, “los economistas conservadores (neoliberales) han salido desprestigiados por la crisis. Después de todo, prometieron prosperidad, igualdad y hasta un mundo menos enfermo desde el punto de vista ambiental. Lo único que nos entregaron fue un colapso económico gigantesco, con desempleo y pobreza. Deberían estar escondidos, llenos de vergüenza”.

Sin embargo, en algunos países como Panamá, México, Colombia y Chile, los “neoliberales” siguen aplicando recetas que sólo tienen como fin trasladar riquezas de los bolsillos de los trabajadores a la cuentas bancarias de los especuladores. Es decir, Panamá sigue del brazo de las políticas neoliberales que fueron abandonadas por la mayoría de los países de América latina y, en gran parte, por EEUU.

El presidente Ricardo Martinelli tiene al país entretenido con un circo montado por el gobierno y la oposición, mientras los especuladores neoliberales siguen arrancándole el último suspiro al país.

Con mucha propaganda, el presidente Martinelli disminuyó la tasa de impuestos para los más ricos y aumentó el porcentaje del impuesto al consumo (ITBMS) que afecta al más pobre. Modificó la ley ambiental eliminando los estudios de impacto lo que le transfiere a los empresarios especuladores recursos que van en perjuicio de la calidad de vida de todos los panameños. Presentó recientemente un proyecto de ley que reducirá los niveles de control de los desechos industriales que las empresas lanzan a los ríos perjudicando la calidad de vida de la población, especialmente la de los niños.

Reforzó una legislación de turismo que promueve el tráfico de ilícitos y de personas. Los hoteles de la capital y de las “playas” parecen centros de prostitución internacional, juegos de azar y consumo de drogas. Las nuevas leyes anuncian la corrupción en el seno de las familias y de las comunidades. Los miembros del consejo de gabinete del presidente Martinelli, con intereses en los negocios turísticos, promueven un aeropuerto en el área de Río Hato que todos los panameños pagarían. Algo similar ocurre en la llamada “tercera etapa de la cinta costera” de la capital, que crearía varios millones de metros cuadrados de relleno listos para la especulación y empobrecimiento de los panameños.

Igualmente, transfirió el apoyo financiero gubernamental destinado a los productores agropecuarios a los importadores que especulan con los precios en el mercado internacional. A su vez, la expulsión de los campesinos de sus tierras ha cobrado un ímpetu poco visto en el pasado. Las iniciativas especulativas en torno a la producción de energía (hidroeléctricas) y mineras transnacionales obligan a la población de las cercanías a abandonar sus hogares y buscar refugio inseguro en las ciudades. Muchos millones de dólares del erario público son transferidos a los inversionistas extranjeros en perjuicio de los programas de desarrollo agroindustrial.

La creciente militarización, además, crea áreas declaradas de “seguridad nacional” que subordina a los moradores campesinos a una vida bajo vigilancia y control permanente. Casi 500 millones de dólares del presupuesto nacional se orientan hacia la “seguridad nacional”, un eufemismo para encubrir la corrupción.

El gobierno del presidente Martinelli arremetió contra los trabajadores organizados, bloqueando el incremento salarial y reorientando esos ingresos potenciales a las cuentas bancarias de los empresarios. Además, impide la inscripción de nuevos sindicatos que exigirían negociar sus condiciones de trabajo e, incluso, trató de eliminar la cuota sindical.

En materia de Salud, el gobierno invierte en proyectos de alto costo pero de efectos contrarios a los intereses de la población. Se anunció el traslado de los hospitales del Niño y el Oncológico para especular con las tierras donde se encuentran esos centros de salud. Igualmente, el Hospital Santo Tomás será transformado en algo que aún no está claro.

En Educación – al igual que en Salud – el gobierno ha convertido toda inversión en una nueva oportunidad para hacer negocios. No se construyen escuelas y la calidad de la enseñanza disminuye en la medida en que se presupuesta cada año menos para la formación de los estudiantes. Los empresarios esperan que se haga realidad la promesa presidencial de las llamadas escuelas “millonarias”. Planteles concebidos exclusivamente para beneficio de los especuladores.

Mientras que en EEUU, en muchos países de Europa y América latina la defunción de la ideología “neoliberal” se oficializó y se está invirtiendo en planes de desarrollo, en Panamá el “muerto” continúa con el despilfarro de recursos. Los actuales gobernantes emulan a los “próceres” de principios del siglo XX que, sentados a orillas del Canal de Panamá mientras se construía (1904-1914), se especializaron en recoger las migajas, sin invertir un solo centavo en el desarrollo del país.

Panamá, 21 de julio de 2011.

Buenaventura Correoso

    La Biblioteca Nacional de Panamá le rinde homenaje a Buenaventura Correoso, con motivo del 180 aniversario del nacimiento del gran político y militar panameño del siglo XIX. En 2011 también se conmemora el primer centenario de su fallecimiento. Para la mayoría de los panameños la figura de Correoso es desconocida. Aparece en una espesa neblina histórica creada por sus detractores. Sus contribuciones a la construcción  de la identidad nacional se encuentran bajo un velo de misterio. No es casualidad, a la vez, que para los panameños casi la totalidad del siglo XIX se encuentra sumergida en un olvido intencional.

            La historia que conocemos del siglo XIX es presidida por las maniobras de las elites comerciales que buscaban más autonomía y libertad para sus negocios. Mariano Arosemena lo planteó claramente en 1821 en el marco de la independencia de España. Justo Arosemena lo proclamó en 1855 en su concepción y realización del Estado Federal. José Agustín Arango lo sintetizó en 1903 al surgir la República. Entender esa realidad y los movimientos sociales que lo caracterizaban es una tarea urgente para poder emprender el camino que se nos abre en el siglo XXI.

            La historia de Panamá, sin embargo, no se puede reducir a las manifestaciones de un grupo muy pequeño de comerciantes que han utilizado la posición geográfica privilegiada del Istmo para su beneficio. Una clave para esclarecer los acontecimientos del siglo XIX y su significado para nuestro futuro es precisamente el pensamiento de Buenaventura Correoso. Fue un hombre comprometido con su tiempo y las alternativas que se les presentaban a los panameños. Se destacó en los campos de batalla enarbolando los ideales más radicales del liberalismo decimonónico. Al mismo tiempo, ocupó las posiciones políticas más importantes del Estado federal, incluso la Presidencia en tres ocasiones.

            A diferencia de la historia mercantilista que prevalece sobre los acontecimientos del siglo XIX, Correoso refleja las aspiraciones más sentidas del pueblo productor panameño. Correoso se ajusta a una agenda profundamente democrática. Junto con Iturralde y Juan Mendoza logró establecer una alianza entre los intereses urbanos populares y los agricultores del interior del país. En el marco de este programa político de unidad “nacional”, Correoso fortaleció la base educativa, de salud y producción. Incluso, Correoso propone – a mediados del siglo XIX – la creación de una universidad y de una vía férrea, que uniera la geografía istmeña hasta la frontera con Costa Rica.

            Siendo muy joven Correoso se sumó con entusiasmo al proyecto del Estado federal encabezado por Justo Arosemena. Percibía en el proyecto una oportunidad de  volcar el crecimiento económico impulsado por el desarrollo capitalista a favor de los sectores productivos de Panamá. En 1856 fue elegido Juez de Policía y le tocó actuar en los hechos de violencia conocidos con el nombre del “incidente de la tajada de sandia”. Correoso levantó el parte policial y con una claridad prístina dejó para la posteridad el testimonio imparcial de los hechos. Correoso descubrió como la  masa de viajeros que se dirigían a la California dorada se convirtieron en una turba que destruyó todo lo que encontraba en su camino.

            El informe de Correoso fue rechazado por EEUU que por razones políticas quería convertir el incidente en una excusa para continuar con su política depredadora en la región. El joven Correoso se percató en ese momento que Panamá se enfrentaba a un enemigo muy peligroso. Aun cuando el informe de Correoso contaba con el aval de los consulados en Panamá de Gran Bretaña y Francia, Bogota decidió someterse al naciente poderío norteamericano y aceptó pagar una exagerada indemnización.

Asumió el Ejecutivo del Estado federal en tres momentos distintos, cada uno marcado por coyunturas significativas. En 1868 las fuerzas liberales radicales desplazan a los golpistas militares del poder y pusieron a Correoso, por primera vez, encargado del ejecutivo. Posteriormente, entre 1871 y 1872 asume el mando provisional. En 1876 llega nuevamente a la Presidencia del Estado federal después de sofocar una insurrección de fuerzas conservadoras. Su último periodo es marcado por su intento de organizar el sistema educativo del país y a promover la construcción del Canal interoceánico de Panamá.

Existe un encadenamiento entre el liberalismo radical de Correoso y el liberalismo popular de Belisario Porras que afloró en los primeros años de República en el siglo XX. Comparten una visión común de las tareas nacionales y del potencial contenido en las aspiraciones populares. Falta más estudio para descubrir el eslabón que une los dos períodos y comprender mejor lo que Correoso representaba.

Panamá, 14 de julio de 2011.

La Asociación Pública Privada continuará con el saqueo

La ciudadanía panameña fue testigo de las bravuconadas y el bajo comportamiento de los partidos políticos y sus dirigentes con motivo de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. Además, muchos vieron las reacciones del presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien le faltó el respeto al pueblo panameño. Esta conducta es producto de la codicia desenfrenada de quienes gobiernan y sus asociados. Todas las iniciativas de gobierno, sin excepción, parecen reducirse a los enormes negocios que están endeudando a varias generaciones futuras de panameños.

Abiertamente, el presidente, diputados, ministros y otros altos dirigentes políticos se esfuerzan por informar a todos como el país se ha abierto a cualquier tipo de negocio – lícito o ilícito – para beneficio de unos pocos empresarios situados en posiciones de privilegio. En apenas dos años de gobierno, el país ha visto crecer la deuda externa en un 20 por ciento. Si se sigue a este ritmo, en 2014, la deuda habrá crecido a 15 mil millones. El presidente y su consejo de ministros saben que el endeudamiento es sólo posible porque el país tiene un colateral insustituible: el Canal de Panamá.

Las financieras extranjeras que le hacen préstamos al gobierno de Panamá no están muy preocupados sobre la viabilidad de los proyectos: cintas costeras, edificios Tuza, costanera playera, Metro (tren), aeropuerto en Río Hato, minas o hidroeléctricas. Saben que más temprano que tarde estallará la burbuja inmobiliaria y el ciclo de crecimiento especulativo se detendrá y todos los proyectos se paralizarán. No habrá más ingresos para realizar el pago anual de la deuda externa (presupuestada en 2011 en 1,400 millones de dólares). ¿Cómo se paga? En la mente de los gobernantes actuales, está el Canal de Panamá. Mientras el país se hunde, ellos buscarán un cómodo refugio político en Miami u otro país que recibe millonarios que se han convertido en billonarios.

Ninguno de los proyectos mencionados más arriba responde a las necesidades de desarrollo nacional. Son proyectos que redundarán en el enriquecimiento de unos pocos. Las áreas productivas que deberían estar recibiendo la prioridad del gobierno, han sido abandonadas totalmente. El sector agropecuario está decreciendo a un ritmo equivalente al uno por ciento anual desde hace cinco años. Esta realidad genera más pobreza y desigualdad. Sin embargo, entre los empresarios, por ejemplo, los arroceros aparentan no preocuparse: se han convertido en importadores de granos.

El sector industrial es otro ejemplo triste de la incapacidad de los políticos y los empresarios que sólo piensan en unos pocos dólares más. La industria panameña está estancada desde hace 10 años, con un crecimiento igual a cero. Más aún, las industrias nacionales subvencionadas por los contribuyentes durante los últimos cincuenta años han sido vendidas una tras otra a trasnacionales. Pronto Wall Street decidirá si las mantienen funcionando o despedirán a todos los trabajadores. Recién se vendió Café Durán, que siguió a Galletas Pascual, la industria lechera Estrella Azul y las cervecerías Nacional y Barú, para mencionar unas pocas.

Los industriales, con sus nuevos socios extranjeros, presentaron un proyecto de ley para bajar los niveles de control de los deshechos de sus plantas procesadoras, especialmente en la ciudad de Panamá. ¿A qué responde esta iniciativa? Los redactores del proyecto de ley señalan – sin vergüenza alguna – que la medida les permitirá a los industriales hacer más ganancias. Mientras ellos ganan más dinero, los niños, mujeres y toda la población verá su calidad de vida (agua, aire y suelo) deteriorada.

Algo parecido ocurre en el Ministerio de Salud. Cuando alguien plantea la necesidad de resolver un problema se dice que la solución es muy cara. O en el Ministerio de Educación que asegura que las deserciones escolares o el mal pago de los docentes es parte de la ¿idiosincrasia? de los panameños.

Durante los últimos 20 años los gobiernos panameños privatizaron todas las empresas públicas que eran rentables. Las empresas que arrojaban pérdidas sólo podían ser privatizadas si el gobierno (con los impuestos de los panameños) lo subvencionaba. Es decir, se convertían en rentables si se hacían transferencias de los fondos públicos a los empresarios favorecidos.

Para superar este obstáculo y seguir saqueando el país, esta semana el gobierno introdujo un novel proyecto de ley para crear la figura de la Asociación Pública – Privada. Si un político-empresario tiene en vista un buen negocio - pero no es rentable - propone crear una asociación pública privada para que el gobierno ponga el capital. El proyecto de ley especifica que el gobierno asume todos los riesgos y la empresa se beneficia con toda la ganancia.

Panamá, 7 de julio de 2011.

Equidad de género

Un grupo de hombres feministas, pertenecientes a una organización llamada Fundagénero, le envió el arzobispo José Domingo Ulloa, de la Iglesia católica panameña, una carta manifestando su preocupación por la falta de responsabilidad del prelado. Todo indica que la Iglesia católica – y quizás cuantas otras iglesias en Panamá y en otras partes del mundo – sigue creyendo que la relación entre hombres y mujeres es asimétrica. Es decir, el hombre por algún don sobrenatural es superior a la mujer.

El sentido común nos dice que hombres y mujeres son diferentes... biológicamente. La naturaleza nos brinda funciones distintas en el proceso de reproducción de la especie. Esto es lo que se llama sexo.

La sociedad, a lo largo de un largo proceso de desarrollo – con sus contradicciones y conflictos permanentes – asigna diferentes roles y, a la vez, define posiciones sociales diversas a sus miembros. Esto es lo que se llama género. Las mujeres panameñas y de otros países tienen varios siglos de estar luchando por la “equidad de género”.

Esto quiere decir que aspiran a tener los mismos derechos humanos que los hombres: vida, libertad, educación, salud y, sobre todo, trabajo. Con estos derechos los hombres y las mujeres pueden formar una familia integral, donde le pueden trasmitir sus valores a sus hijos, familia, comunidad y país.

La sociedad panameña aún le falta mucho para alcanzar esos objetivos. El empleo informal y el trabajo precario del 50 por ciento de los hombres y de las mujeres panameños, tiende a desintegrar la familia, a desarticular las comunidades y a corromper a las autoridades que forman alianzas con el crimen organizado. Este es el enemigo de la integridad de la familia. Poner a nuestra juventud a estudiar y a trabajar debe ser la prioridad de la Iglesia católica y todas las otras.

Los miembros de Fundagénero fustigan al arzobispo por hacer un llamado a los padres para que “recuperen su papel en la familia, ya que quizás por el feminismo radical, la mujer tiene una obsesión por arrinconar al hombre”. Son palabras extrañas, especialmente viniendo de una persona supuestamente educada en las mejores academias e institutos. De hecho, suena a un llamado a la “lucha de los géneros”.

Los representantes de Fundagénero agregan que el llamado del arzobispo “constituye, además de una injusticia inconsecuente con las enseñanzas de Jesús, un acto de irresponsabilidad, rayano en la apología de la discriminación y el abuso contra las mujeres”.

El grupo le recuerda al arzobispo Ulloa que “el 75 por ciento de las denuncias presentadas en los últimos años por violencia doméstica han sido perpetradas por hombres y sólo el 2 por ciento han sido perpetradas por mujeres. Cuando en 2003, se aprobó la Ley de Paternidad Responsable, más de 100,000 personas reclamaron el reconocimiento de sus padres.

“Durante siglos, feministas arriesgaron su libertad, su vida, honra y bienes, en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de mujeres y niños: el derecho a la educación, a recibir un diploma universitario, a practicar la carrera de abogada, a poseer bienes, a un trabajo remunerado, al sufragio, a ser testigo en un juicio, a interponer una demanda penal cuando es agredida física o sicológicamente. Nos permitimos recordarle a monseñor (Ulloa), que antes de que se aprobara la Ley de Violencia Doméstica en Panamá, la violencia del marido contra su mujer no estaba tipificada como delito”.

La carta dirigida a la Iglesia católica concluye con la cita del arzobispo quien apuesta al triunfo del hombre en “la lucha de géneros”. Se puede comprobar mediante estudios que la razón por la cual muchos padres y madres han perdido su papel fundamental en la familia es porque los gobernantes que legislan han eliminado, mediante sus leyes absurdas, los empleos (y salarios) que necesitan los trabajadores para sostener el hogar y consolidar las relaciones entre padres e hijos.

En la misma alocución, el prelado de la Iglesia católica hizo una fuerte denuncia contra la corrupción que invade a todos los sectores del país y está haciendo estragos en a nivel de las instituciones sociales. Sus palabras fueron dirigidas especialmente a los políticos locales – del gobierno y de la oposición – que, según algunos, tomaron nota.

La posición frente a la corrupción por parte de la Iglesia es un buen indicio de que esa institución puede también acercarse a los gremios de trabajadores, profesionales y estudiantes para que juntos trabajen con una política que impulse la equidad de género. Además, la Iglesia puede impulsar cambios en el Ministerio de Educación – actualmente de espaldas a la familia panameña - para alcanzar este objetivo que contribuiría al desarrollo nacional.

Panamá, 30 de junio de 2011.

Falta de seguridad y políticas públicas fracasadas

Desde hace una década insistimos en la que la falta de seguridad pública en Panamá es el resultado de las políticas equivocadas de los gobiernos de turno. Son las políticas de flexibilización del trabajo, de la desregulación y de la corrupción que generan una inestabilidad permanente. Tenemos que optar por una sociedad con un plan de desarrollo con empleo pleno que erradique la criminalidad y garantice el crecimiento con seguridad.

La criminalidad y la violencia social es el producto de la forma en que los sectores más poderosos organizan a la sociedad. En sociedades productivas, donde todos los miembros tienen una responsabilidad asignada, la criminalidad prácticamente no existe. En la historia, así como en la actualidad, sociedades de este tipo abundan. Sin embargo, en sociedades donde predomina la corrupción y la especulación, la producción es relegada a un segundo o tercer plano. En Panamá, que se organiza en torno a la especulación económica, tenemos el caso de familias desintegradas, de la deserción escolar y del pandillerismo.

En Panamá el 70 por ciento de los nacimientos que se registran en el país se produce fuera de una relación matrimonial. No hay sociedad civil, iglesia o gobierno que le interese enfrentar este problema.

Según el Ministerio de Educación, el 70 por ciento de los adolescentes abandonan las escuelas antes de terminar la educación media. Tampoco hay política que enfrente este engaño y que le dé oportunidad a nuestros jóvenes de llegar a una vida adulta en toda la plenitud de su capacidad.

Según las autoridades policíacas hay 270 pandillas bien organizadas, sólo en la ciudad de Panamá. Es probable que existan más y en otras ciudades del país.

Qué es lo más importante de estos datos. ¿Qué significan? Se nos dice que la desintegración familiar es causa de la deserción escolar. A su vez, que la deserción escolar es causa del pandillerismo.

La realidad es mucho más compleja. Tanto la desintegración familiar, como la deserción escolar y el pandillerismo, son efectos de una misma causa. La causa de estos males es la enorme desigualdad social creciente que caracteriza a la nación panameña.

La desigualdad creciente es el resultado de políticas que hombres y mujeres como nosotros convertimos en leyes, que el sistema judicial defiende al servicio de una sociedad injusta y que castiga a los grupos sociales que quieren modificarlo.

En los últimos 20 años, desde la invasión militar norteamericana, se han aplicado medidas de ajuste que han dejado sin trabajo a centenares de miles de jefes de familia. Al mismo tiempo, esas mismas leyes han creado unas decenas de familias multimillonarias.

Mientras que en 1995 el 69 por ciento de las riquezas que se producía en el país se destinaba a cubrir los salarios de los trabajadores que las producían, en la actualidad el 37 por ciento de las riquezas son para los trabajadores. Las cifras que proporciona el gobierno son elocuentes. La pobreza golpea cada vez con mayor dureza a la población panameña. Los niños trabajan en los campos veragüenses, piden limosnas en las calles de Colón y se mueren de hambre en Darién.

En sociedades como Panamá, sacudidas por la violencia, no podemos seguir respondiendo con más violencia física, económica o social. Es prueba de nuestra inmadurez, de falta de conocimiento y de la incertidumbre que agobia una sociedad cuyos miembros tienen miedo de lo desconocido. Tenemos que romper las cadenas que nos atan a la ignorancia y hacer leyes a favor de nuestros niños y adolescentes. También para toda la población ¿Por qué no?

Abandonemos las políticas especulativas que caracterizan a nuestros financistas trepados en sus oficinas refrigeradas que se alegran cuando ven subir torres, cintas y casinos y, al mismo tiempo, se declaran impotentes cuando ven bajar los niveles de vida de la población, de su bienestar y esperanzas de vida. La rapiña se ha vuelto cotidiana. Arrasan con nuestras costas, nuestras ciudades, nuestra infraestructura, nuestra juventud, nuestra dignidad.

Los hombres y mujeres panameños de hoy tenemos que enfocar el problema de la criminalidad por lo que es: Un problema social creado por nuestras propias políticas equivocadas en el campo de lo económico y de lo social. Si le damos un giro a esas políticas – con empleos productivos, escuelas, salud, seguridad social, caminos, cultura – producto de las riquezas que todos producimos, veremos surgir un Panamá donde la juventud estará dedicada al estudio y al trabajo, lejos de la Joyita y de las esquinas calientes.

Panamá, 23 de junio de 2011.

EEUU renovará operaciones militares desde Panamá

Con motivo de la creciente militarización de Panamá por parte de EEUU con la complicidad de los gobiernos de turno y, especialmente, el presidido por el actual mandatario, Ricardo Martinelli, es conveniente revisar que significó para los panameños esta presencia de las fuerzas armadas norteamericanas en el siglo XX.  En el transcurso de la pasada década aparecieron dos libros de autores norteamericanos sobre la política exterior de EEUU en materia militar, teniendo como estudio de caso a Panamá. El primero fue de John Lindsay Poland, promotor activo de los derechos humanos y de causas ambientales, publicado en 2003. El segundo fue publicado en 2007, de Peter Sánchez, oficial del Ejército de EEUU y especialista en ciencia política.

Ambos libros reúnen una extensa bibliografía para enfocar la evolución de la política exterior norteamericana, en particular lo concerniente a su expansión militar. Por un lado, en su estudio sobre la ocupación militar norteamericana de Panamá, Lindsay Poland presenta (casi en forma de denuncia) los daños “colaterales” causados en materia ambiental. Por el otro, Sánchez recrea la ideología que subyace en la política exterior de EEUU planteando lo que considera los beneficios y errores cometidos en el caso de Panamá durante la ocupación militar en el siglo XX.

En 1996, EEUU concibió – sin éxito - el Centro Multilateral Antidrogas (CMA) para operar desde la antigua base aérea de Howard, contigua al Canal de Panamá. En los primeros años del nuevo siglo, los embajadores de EEUU firmaron seis acuerdos de cooperación militar con autoridades del gobierno panameño. Con la excepción de uno, todos los otros documentos no fueron aprobados por la Asamblea Nacional de Diputados pero están vigentes.

En la actualidad, EEUU ha encontrado un gobierno panameño entusiasmado en reproducir las viejas relaciones militares con la potencia hemisférica. Aun cuando la situación es confusa y caracterizada por la improvisación, todo indica que a corto plazo EEUU completará la construcción y operaría y ejecutaría misiones desde casi una docena de bases “aeronavales” situados sobre costas panameñas.

Los libros de Sánchez y Lindsay Poland veían este escenario de re-militarización del istmo panameño sin mayores sorpresas. Sánchez dice que “EEUU tiene una obsesión para demostrarle al mundo cuan “duro” es su poder. Washington está más interesado en desarrollar una política de luces cortas y no se preocupa de desarrollar una estrategia de largo plazo”. Sanchez agrega que “la llamada guerra contra el terrorismo que impulsa EEUU tiene el potencial de alienar a los países de América latina”.

Al referirse a los objetivos de la invasión militar norteamericana de Panamá en 1989, Sanchez señala que tenían una proyección regional que respondía a una estrategia para preservar la hegemonía. Sanchez duda que Panamá pueda alcanzar a organizar una democracia “si su política económica es determinada por intereses extranjeros”. Agrega que “las políticas de EEUU han socavado la democracia en Panamá como resultado 1) de las invasiones militares, 2) la selección equivocada de sus aliados panameños y 3) apoyo a la oligarquía”. 

El trabajo de Lindsay Poland es el primero que realiza un norteamericano sobre el impacto ambiental que tuvo la ocupación militar de EEUU en Panamá. El texto está fundamentado en numerosos documentos oficiales del gobierno norteamericano. Lindsay Poland denuncia el desastre ambiental dejado por EEUU en el Istmo. Además, desenmascara la ideología de superioridad política, étnica (racista) y ecológica que caracteriza el aparato de Estado norteamericano - que reflejan muy bien las Fuerzas Armadas de ese país. Esta es precisamente la institución que sirvió de punta de lanza en la expansión militar de EEUU en los últimos dos siglos.

Según Lindsay Poland, Panamá se convirtió en un centro militar de EEUU para realizar experimentos que iban desde las armas de guerra hasta los seres humanos, pasando por el ambiente. Los objetivos estaban relacionados con la expansión y conquista global. Con relación a los experimentos hechos sobre armas y seres humanos, Panamá se convirtió en una “probeta” donde se sometían ambos a pruebas de resistencia y se comparaban con otros escenarios climáticos. Al mismo tiempo, se hacían experimentos socio-ecológicos bajo el supuesto que era necesario transformar la naturaleza para permitirle al hombre europeo colonizar el trópico. “El Ejército de EEUU también fue responsable de otro tipo de intervención que no fue estrictamente militar: La transformación de la Zona del Canal para hacerla segura biológicamente para el hombre blanco”.

Pueden consultar los dos libros: John Lindsay-Poland, Emperors in the Jungle: The Hidden History of the U.S. in Panama. Durham, NC: Duke University Press, 2003 y

Peter M. Sanchez, Panama Lost? U.S. Hegemony, Democracy, and the Canal. Gainesville: University Press of  Florida, 2007.

 Panamá, 16 de junio de 2011.