Respeto para los pueblos ngobe y buglé

Los diversos comunicados de la Coordinadora Indígena señalan que los pueblos ngobe y buglé persiguen dos cosas: Por un lado, conservar sus tierras, sus comunidades y sus familias, ante el atropello de las instancias gubernamentales que los oprimen. Por el otro, quieren que se les respete su dignidad como pueblos, con culturas siempre enriqueciéndose sobre la base de sus propias costumbres. Lo que más desean es que los descendientes de los conquistadores y sus agentes detengan los ataques sistemáticos y permanentes.

El decreto 537 de 2011, que reformó la legislación que creó la figura legal de las comarcas en 1997, tiene varios defectos. El más importante, en mi opinión, es que se confeccionó y publicó sin consulta con las partes afectadas. Los gobernantes deben ser muy cuidadosos y consultar primero con todas las partes que tienen interés en una iniciativa. En este caso no se hizo.

Con relación a la intervención inconsulta del Tribunal Electoral (TE), esta instancia del Estado no interviene en las elecciones de otras etnias panameñas (Club Unión, Congreso Negro, Sociedad Española, Colonia China, etc.). Los gobernantes deben permitirle a los pueblos indígenas hacer uso de la autonomía que les confiere la Constitución y las leyes para su propio beneficio.

Las leyes, en general, y especialmente las panameñas, señalan con detalle lo que tienen que hacer los gobernantes. Todo lo que no menciona la ley le es prohibido al gobierno. Todas las leyes (panameñas) se aplican a la población de las comarcas indígenas. Por ejemplo, la ley dice que el Tribunal Electoral organizará elecciones nacionales y que todos los panameños (incluso los pueblos indígenas) tenemos el derecho y el deber de participar en las comicios para Presidente, diputados, alcaldes y representantes. Pero los Congresos que eligen a los "líderes tradicionales" de los pueblos indígenas son materia que le corresponde exclusivamente a esas comunidades originarias. (Igual que la Iglesia. En el caso de las iglesias cristianas el TE no le organiza la elección de obispos u otros dignatarios.). En parte alguna existe una ley que dice que el gobierno debe organizar politicamente a los pueblos indígenas de Panamá. El decreto 537 pretende - sin fundamento alguno - decirle a los pueblos indígenas como deben organizarse en materia política. La ley es muy clara cuando dice que el Estado respetará las costumbres de los pueblos indígenas.

En la actualidad, el gobierno ha elegido a un cacique general ngobe. Al mismo tiempo, el pueblo ngobe realizó su congreso tradicional y escogió a su propio presidente. En este último caso, fue elegido el agrónomo Celio Guerra. El gobierno lo descalifica porque dice que es miembro de un movimiento social popular contestatario. Personalmente no lo conozco. No sé si es miembro de FRENADESO. Lo importante es saber si es miembro del pueblo indígena que lo eligió presidente del Congreso. ¿Cuáles son las cualidades de Guerra para ser presidente del Congreso? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Obviamente, si hubiese sido militante de Cambio Democrático (partido del presidente Martinelli) o del PRD (partido opositor) diríamos que esos partidos políticos tienen "amarrada" politicamente a la comarca. Todo indica, si es cierta la afirmación sobre FRENADESO, que esa organización ha encontrado el consenso en los diversos grupos que forman el pueblo ngobe.

El presidente Martinelli, al igual que los mandatarios anteriores, ha ignorado los intereses de los pueblos indígenas de Panamá. Sus reformas al código minero y la represión en Changuinola son buenos ejemplos. Los insultos de sus ministros y asesores contra los indígenas, en general, es una buena muestra de la falta de respeto que tiene el gobierno del principio de autonomía.

Los pueblos indígenas son parte integrales del Estado panameño. Sus comarcas, al igual que las nueve provincias del país, forman parte de la República. Ellos respetan la Constitución y las leyes panameñas. Para contribuir a la paz social y al desarrollo de las comarcas (de igual manera que del resto del país), los gobernantes deben respetar la Constitución y las leyes que dicen que los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres. Los pueblos indígenas quieren mejorar sus niveles de vida económicos y sociales. Todo indica que ellos quieren que todos los panameños (y el gobierno) trabajemos con ellos (no supuestamente para ellos). Esto quiere decir, en primer lugar, que ellos tienen que resolver el problema de la producción (alimentos, infraestructura, manufactura, etc.) que requiere un gran esfuerzo en los campos de la educación, salud y vivienda. Segundo, reconocer que la comarca Ngobe-Buglé tiene un sistema de organización política que funciona. Hay que respetarla y no destruirla.

Panamá, 24 de marzo de 2011.

Preocupa presencia militar de EEUU en Panamá

Los medios de comunicación panameños publicaron una breve nota informando que el martes pasado (antes de ayer) se iniciaba una “intervención militar” norteamericana sobre territorio nacional. La “invasión” se realizó en varias antiguas bases militares que ese país tenía en lo que antes se conocía como la Zona del Canal de Panamá. Según las notas periodísticas, un total de 45 efectivos militares del Ejército y de la Armada de EEUU ocuparían posiciones en Sherman (antigua base de la Infantería de Marina), cerro Tigre (sede de Operaciones Especiales del Ejército a fines del siglo pasado) y Rodman (antigua base de la Armada norteamericana).
La información no detalló el tipo de armamento, ni la logística que implicaba la presencia militar norteamericana en Panamá. La nota periodística señala que entre los objetivos del despliegue militar se destaca el entrenamiento de un total de 45 panameños en operaciones antidrogas. No aclaraba el origen de los 45 panameños que recibirían estos cursos que se extenderían por más de un mes, entre el 15 de marzo y el 19 de abril de 2011.
Hay indicios que el gobierno nacional está creando estamentos militares con la cooperación de EEUU. La Constitución Política de Panamá señala en forma explícita que no existe y no se crearán fuerzas armadas en el país. En su lugar sólo existirá una Policía Nacional. Con la construcción de nueve bases aéreo-navales en las costas de ambos océanos por parte de EEUU, a partir de 2010, se inició de lleno la creación de los batallones militares.
El presidente Ricardo Martinelli ha dado señales que no se opondría a una creciente militarización de Panamá. El nombramiento de un militar de carrera en la dirección de la Policía Nacional en 2009, la creación de un Ministerio de Seguridad (2010) y la construcción por parte de EEUU de las bases aeronavales son señales que destacan una tendencia clara en ese sentido.
El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, declaró que la “invasión” es parte de “los objetivos de Panamá, para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. La opinión pública mundial y, especialmente, la panameña, sabe que el problema de la producción, distribución y consumo de droga nace en EEUU y su solución sólo puede resolverse con acciones políticas en ese país. Los países de Asia Oriental (Afganistán, Camboya y Birmania) son víctimas de esas políticas. Igualmente, en América latina, en países como Colombia y México, la producción y la distribución de la droga, respectivamente, han destruido el tejido social de esos países.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de EEUU tienen un programa global de intervención. Trata de encubrirlo bajo el manto de la lucha contra “el crimen organizado y el narcotráfico”. Este es el objetivo del Plan Colombia (inaugurado hace dos lustros) y del Plan Mérida (iniciado hace un lustro). El primero contempla más de mil millones de dólares en compra de armamento sofisticado por parte del gobierno colombiano a empresas norteamericanas. En el segundo, México ya ha invertido 300 millones de dólares en la compra de aviones de combate y otros artefactos de guerra.
El Plan Mérida, en el caso panameño, se inició con gastos presupuestados por más de 20 millones de dólares (habilitación de las bases “aeronavales”). Los medios locales no obtuvieron información sobre los gastos que tendrá que hacer Panamá por la presencia de tropas norteamericanas en las antiguas bases de la Zona del Canal.

Desde hace varios años EEUU insiste en que Panamá es un país “amigo” del narcotráfico con el fin de crear un clima favorable a su intervención. A principios de marzo, el Departamento de Estado calificó a Panamá como un “centro importante para el contrabando y advirtió que sus órganos de justicia y de seguridad son susceptibles a las influencias del narcotráfico”. En el comunicado de prensa se dice abiertamente que “los oficiales panameños (¿?) y miembros del ejército de EEUU tendrán la oportunidad de planificar misiones, comunicaciones tácticas, puntería, primeros auxilios y movilidad aérea”.

Panamá, 17 de marzo de 2011.

Los mejores talentos para los Carnavales

La gestión desordenada del presidente Ricardo Martinelli ha recibido duros golpes en los primeros meses de 2011. Los estamentos de Seguridad aún se encuentran desorganizados, a pesar de los millones de dólares que recibe de diversas fuentes norteamericanas. (O ¿será esta la causa?). La punta del “iceberg” fue la muerte de cinco menores de edad calcinados en un Centro de Cumplimiento en enero.

Apenas un mes más tarde, la aprobación de una reforma al Código minero, sin que se preparara un estudio previo o se buscara un consenso, provocó una movilización de rechazo a escala nacional, encabezada por los pueblos ngobe y buglé. El presidente Martinelli anunció que “derogaría” la ley pero no habló sobre las opciones que baraja el gobierno.

Como se dice en el mundo deportivo, para inaugurar el mes de marzo le salvó la campana o el pitazo. Llegaron los Carnavales y los panameños se abocaron a cumplir con la tradición de la “rumba”. El presidente Martinelli se fue a Disneyworld. Los miembros de su gabinete salieron del país. Los diputados que no pudieron viajar al exterior se fueron a sus casas de campo. Muchos alcaldes y representantes se quedaron en sus circunscripciones para darle seguimiento a sus intereses.

La juventud (de todas las edades) se fue a las fiestas organizadas en las comunidades de Azuero, Veraguas y Coclé (entre otros lugares). Por razones que nadie quiere entender, el director de Turismo decidió invertir a última hora 2 millones de dólares en unos Carnavales improvisados (como siempre) en la Cinta Costera de la ciudad capital. Incluso, se utilizaron fondos públicos destinados a proyectos de asistencia social. Según los diarios de la localidad, la asistencia a los “culecos”, desfiles y espectáculos fue pobre, siguiendo la tendencia de los últimos lustros.

Al igual que el año pasado cuando fue a esquiar, este año Martinelli partió hacia EEUU, en su viaje número 33 desde que llegó al Palacio de Las Garzas. ¿No podría haber aprovechado estos días para evaluar las debilidades de su política de Seguridad? Podría haber reunido su equipo de política exterior para definir los próximos pasos frente a la crisis económica mundial, los cambios políticos en el Medio Oriente o la emergencia de las nuevas potencias del Lejano Oriente (tanto China como su “socio” de Corea del Sur).

Mientras los panameños “carnavaleaban” el presidente podría haber convocado a los especialistas en las cuestiones alimenticia, energética y de transporte. Las próximas crisis que enfrenta Martinelli están en las áreas de la educación (inicio del año escolar), la salud (las protestas por los envenenamientos siguen en la agenda) y seguridad social. Quienes gobiernan tienen que entender que su responsabilidad es trabajar todos los días administrando el presupuesto anual de casi 20 mil millones de dólares que le entrega el pueblo. Sin embargo, quienes gobiernan parecen tener otras metas muy ajenas a los del país.

Los Carnavales son una tradición popular, en su momento impulsados por la Iglesia con fines religiosos en Europa y en algunos lugares de América. El vínculo con la Iglesia parece haberse diluido con el tiempo. En Panamá los gobiernos – por razones diversas – intervinieron en la promoción de los carnavales durante la segunda mitad del siglo XX. Su política, sin embargo, ha probado ser un fracaso en la ciudad de Panamá donde las fiestas han quedado reducidas a las ganancias de las empresas de bebidas alcohólicas y sus intermediarios. De querer continuar con su política intervencionista, para asegurar su éxito el gobierno debe cambiar de política.

Recomendamos que en los distritos de Panamá y San Miguelito, los más poblados de la región metropolitana, se organicen los Carnavales con apoyo gubernamental a nivel de cada corregimiento. La juventud de cada uno de los casi 30 corregimientos competirían por los premios a los mejores disfraces, las mejores “comparsas”, corrazas y arreglos musicales. Los panameños que no quieren este tipo de Carnaval pueden visitar los distritos vecinos de Chepo y Capira o viajar al interior de la República.

Sin restarle alegría a la fiesta, se incorporaría a la juventud a los Carnavales. En la actualidad, estos son meros objetos que son manipulados por los organizadores y empresarios que montan los espectáculos. En el esfuerzo hay que movilizar a las familias, a las comunidades y a las escuelas. Incluso, las iglesias, los clubes cívicos y los sindicatos pueden sumarse a la fase organizativa.

La juventud tendría la oportunidad de sacar a relucir sus mejores talentos en materia de diseño, coreografía, arquitectura, ingeniería y música en un ambiente de fiesta y alegría. El presidente de la República también podría reunir a los mejores talentos... para gobernar el país.

Panamá, 10 de marzo de 2011.

Ricos contra pobres

Un dirigente gremial de los profesores de la Universidad de Panamá me escribió diciendo que “es muy cierto que ningún extranjero debe alterar el orden público e incitar a la violencia. Pero también es muy cierto que ningún extranjero debe venir a contaminar estas tierras, a depredar sus recursos o a exigir cambios en las leyes para su propio provecho y mucho menos que el presidente (de la República) llame por teléfono  para dar cuenta de que ha cumplido con su tarea.

“En el caso del periodista Paco Gómez Nadal es aconsejable y oportuno que el gobierno nacional muestre a la luz pública las pruebas que se le imputan y que han conducido a su salida del país”. 

Desde Madrid, España, donde fue expulsado Gómez Nadal, por orden directa del presidente Ricardo Martinelli, el periodista envió un mensaje al país. En el mismo señala que en Panamá no existen “garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá... Alertamos a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social”.

El mensaje de Paco Nadal es alto y claro: Hoy es expulsado del país un periodista de nacionalidad extranjera. Mañana será un periodista de nacionalidad  panameña. Pasado mañana expulsarán a cualquier panameño que consideren un estorbo. La escalada es parte del proceso que se vive actualmente en Panamá. Tenemos un gobierno que no tiene experiencia política y que actúa de acuerdo con sus instintos de preservación. Su único objetivo es mantenerse en el poder y, en el mismo suspiro, acumular riqueza para los miembros de su alianza gobernante.

Con la expulsión del país de Gómez Nadal el gobierno muestra una debilidad muy peligrosa. No es algo que le conviene a los intereses de la nación panameña. Como en su momento señalara el “canciller de la dignidad”, Juan Antonio Tack, quien falleciera la semana pasada, “queremos ser un país de verdad”.

Los arrestos, los muertos y heridos en Changuinola, San Félix y otros puntos del país, causados por la política depredadora del presidente Martinelli, parece que no tendrán fin hasta que termine su mandato. La población panameña, sin distingo de clases sociales, le está diciendo que ponga fin a las políticas mineras destructivas. Sin embargo, el “olfato” por el negocio lo ha enceguecido.

Bernardo Pérez Salazar, un estudioso colombiano de la economía minera señala que “de las cerca de 100 mil entradas que contiene el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, apenas ocho se asocian semánticamente a la voz extraer. Resulta curioso que ninguna de las entradas haga referencia a la acción de explotar yacimientos o riquezas naturales, una de las principales actividades realizadas en las colonias del Nuevo Mundo desde la conquista de América hasta el presente.

En contraste, el término potosí sí es aceptado en su acepción figurativa por el

diccionario para referir una “riqueza extraordinaria”, como la constituida por los miles de millones de onzas de plata extraídas del “Cerro Rico”, al pie del cual fue fundada la ciudad de Potosí en 1545.

El nombre de Potosí se asocia a un tipo de crecimiento económico y social efímero, generalmente asociado con actividades de extracción de riquezas naturales, del cual es un ejemplo académico clásico. De un asentamiento pujante hoy sobrevive penosamente como un “pueblo fantasma”.

La literatura también se refiere el “extractivismo” – al igual que los cuentos de niños - como una estrategia de crecimiento económico acogida por un número creciente de gobiernos, particularmente en países ricos en recursos naturales en América latina. La promoción de la inversión de capitales en actividades extractivas se presenta – al igual que los espejitos - como la locomotora, fundamental para el crecimiento económico y una promotora clave para combatir la pobreza a escala nacional. El extractivismo promueve la inversión extranjera al igual que la exportación de materias primas como dos pilares fundamentales del desarrollo y la prosperidad.

En la actualidad, Panamá es el escenario de una guerra por el poder entre diferentes clases. Hay que entenderlo como el “poder hacer”. Los pueblos indígenas y todos los panameños queremos conservar nuestra tierra, nuestras comunidades y nuestras familias. La clase de personas que gobiernan, en cambio, quieren arrancarle a los panameños más humildes sus tierras, comunidades y familias. La lucha por el poder está claramente establecido: Los ricos en contra de los pobres.

Panamá, 3 de marzo de 2011.

La rebelion de Wisconsin

Los titulares de la prensa mundial derrochan palabras y exclamaciones para destacar el derrocamiento de los gobiernos favorables a EEUU de Egipto y Túnez. También se refieren a la “represión contra manifestaciones en Libia”. Igualmente, muestran fotos de los “manifestantes bahreiníes”. (Un senador norteamericano se recubrió de su toga y proclamó que EEUU ¿debía revisar su política de ayuda militar al emirato sede de la V Flota de ese país?) Por otro lado, “el presidente de Yemen promete no renunciar a pesar de las personas muertas en manifestaciones, las protestas se expanden en Marruecos y el presidente Bashir de Sudán no se presentará para otro mandato presidencial”.

En medio de esta difusión espectacular de la "revolución" de los pueblos árabes, ha aparecido otra fuente de protestas y manifestaciones. Sin embargo, los medios de comunicación han sido muy parcos y cuidadosos en dar a conocer detalles sobre sus protagonistas. Se trata de los trabajadores de EEUU que en diferentes escenarios, ciudades y centros de producción han comenzado a rebelarse. La crisis económica de EEUU ha golpeado a sus propios trabajadores, quienes han quedado desempleados (10 por ciento de la fuerza laboral) y sin vivienda (3 millones de familias han perdido sus hogares). Las protestas y manifestaciones populares en los estados norteamericanos de Wisconsin, Minnesota y Ohio están generando preocupación entre los políticos y analistas nortemaericanos. Son estados industriales que han sido golpeados por la crisis económica en forma especial. La sobreproducción (o en otras palabras, el subconsumo) de la economía norteamericana está creando serias dudas sobre la capacidad que tiene ese país para salir de la recesión a mediano plazo, mucho menos a corto plazo.

En Wisconsin, 80.000 personas se concentraron frente al capitolio de la ciudad de Madison para defender los derechos a la negociación colectiva de los trabajadores.  El sábado realizaron la quinta jornada consecutiva de protesta en repudio a un proyecto de ley presentado por el gobernador republicano Scott Walker, quien pretende suprimir los contratos colectivos, los derechos sindicales y aumentar los descuentos salariales por razones de seguro y fondos de pensiones. (Wisconsin es un estado al extremo norte de EEUU).

El gobernador Walker, elegido el año pasado, pretende recortar los salarios y eliminar los derechos a la negociación colectiva de los empleados públicos. Los senadores demócratas —que salieron del estado para paralizar la votación del proyecto de ley— enviaron el viernes una carta al gobernador Walker diciendo que los trabajadores aceptarían los recortes a las pensiones y mayores contribuciones a los planes de salud y de jubilación, si él aceptaba tratar el tema de la negociación colectiva. Los recortes propuestos por Walker dejarían sin beneficios económicos o capacidad para negociar a miles de trabajadores públicos como maestros, policías y bomberos.
Las protestas se iniciaron el pasado martes, 15 de febrero, y han seguido fortaleciéndose, con la decisión de miles de trabajadores que no dejarán de pelear contra lo que ven como un “vasto plan de los republicanos para debilitar a los trabajadores”. Los senadores demócratas, que se oponen a la propuesta, han reiterado su rechazo del proyecto. Una de sus acciones más notorias fue abandonar fisicamente el estado para evitar una votación sobre el proyecto.
Hasta ahora la respuesta presentada por las autoridades es llevar adelante el proyecto afirmando que las protestas no los harán desistir. Según Walker, la ley antisindical pretende reducir el déficit del Estado mediante recortes de salarios, pensiones, beneficios de salud y derechos de negociación colectiva.Pese a las maniobras del gobernador republicano, los maestros del Estado se han declarado en huelga hasta que no se retire el proyecto de ley. Las manifestaciones se han extendido a ciudades vecinas como Milwaukee y a otros estados con gobernadores republicanos como Ohio, Indiana y Pensilvania.

El profesor de Lingüistica del Instituto Tecnológico de Massashusetts (MIT), Noam Chomsky, plantea que la actual intranquilidad en EEUU se debe a que los trabajadores han tomado conciencia que "los empleos no regresarán". Esto se debe a que "la política consiste en exportar los empleos a países donde la fuerza de trabajo es más barata". La razón es sencilla, es mucho más rentable invertir en la especulación financiera que en la producción económica.
El mundo árabe tiene algo en común con EEUU: Sus economías han colapsado y sus clases dominantes están en quiebra. En el caso de EEUU los riesgos aumentan en la medida en que sus gobernantes siguen jugando a la ruleta con su economía. Las consecuencias sociales y políticas comienzan a asomarse sobre el horizonte. La rebelión de Wisconsin es una señal.
Panamá, 24 de febrero de 2011.

OTRA “METIDA DE PATA” PRESIDENCIAL

El pueblo panameño está movilizado en contra de las reformas al Código minero, aprobadas por la Asamblea de Diputados y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli. La legislación introduce elementos de inseguridad jurídica, que ponen en peligro la estabilidad económica del país y, además, las relaciones de Panamá con otros países.

Para justificar su enorme “metida de pata” el gobierno del presidente Martinelli dio a conocer un comunicado asegurando que no explotaría – bajo circunstancia alguna – los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, en la Comarca Ngobe-Buglé. Pero el comunicado fue publicado de manera parcial. La versión que fue publicada en los diferentes medios no incluía la parte final del comunicado. La línea que no fue publicada dice que el gobierno procedería a conceder los derechos de explotación a empresas interesadas (gobiernos extranjeros, etc.) si se “lo piden las autoridades comarcales”.

¿Quiénes son las autoridades comarcales? Son las instancias creadas por el mismo gobierno del presidente Martinelli, según decreto ejecutivo N°537 de 2010. En otras palabras, cuando el gobierno del presidente Martinelli decide hacer la concesión de explotación minera a los empresarios extranjeros interesados, convoca a las “autoridades comarcales” nombradas por él mismo para proceder.

Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular el siguiente comunicado:

"El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngöbe Buglé –atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes- de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas". Sólo 20 minutos después hizo circular el mismo comunicado pero le agregaba la siguiente línea: "Salvo que lo pidan las autoridades comarcales".

Así se descifraba el espíritu “democrático” de los gobernantes. El Gobierno de Martinelli aprobó el año pasado el Decrero Ejecutivo 537 que le otorga injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la comarca Ngobe Buglé. Lo anterior es el resultado de las modificaciones realizadas por el presidente Martinelli y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, a la carta orgánica de la comarca creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999.

La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo 537 publicado en Gaceta Oficial el 4 de junio de 2010.  La modificación establece que los llamados “encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales” serán parte del congreso general; mientras que los “encuentros locales de autoridades gubernamentales” serán parte del congreso local de la comarca.  El concepto de “autoridades gubernamentales” tiene preocupados a los dirigentes de las comunidades indígenas, ya que en el decreto original los dos organismos citados solo eran conformados por autoridades comarcales.

En base a este Decreto se celebraron elecciones espurias que dieron como resultado los delegados que a su vez designarán a las autoridades en mención en un futuro Congreso organizado por el Gobierno. Esas autoridades progubernamentales y espurias le pedirían la explotación de Cerro Colorado. La participación en esos comicios no llegó ni al 10 por ciento, según los magistrados del Tribunal Electoral.

El pueblo ngobe buglé no reconoce estos delegados y se prepara para celebrar su propio Congreso en el mes de marzo posiblemente, en base a sus costumbres y tradiciones. Un dirigente ngobe buglé, recordando las palabras de Martinelli en campaña - "Si no cumplo que me guinden del palo más alto" - dijo que en la Comarca le espera ese palo.

La explotación de los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado es un antiguo proyecto. En la década de 1970 el gobierno del general Omar Torrijos negoció con empresas extranjeras interesadas en su explotación. Al igual que en aquella época, el precio del cobre en el marcado mundial se encontraba muy elevado y su explotación aseguraba rápidos dividendos.

En la actualidad, sin embargo, la sociedad panameña, y muy especialmente el pueblo ngobe buglé que vive en la Comarca donde se encuentra Cerro Colorado, están mejor organizados e informados sobre los estragos que haría la explotación minera a cielo abierto.

Se calcula que toda el área de Cerro Colorado tendría que ser desalojado por los efectos de la actividad minera. Por otro lado, según lo acuerdos previstos con las empresas explotadoras, estas se llevarían del país más del 90 por ciento de los beneficios monetarios de las riquezas extraídas del subsuelo.

Al final, Panamá quedaría con un inmenso hoyo, con todo su entorno destruido, sin comunidades y más empobrecido por la falta de planificación.

Panamá, 17 de febrero de 2011.

El acuerdo minero Martinelli-Lee

El acuerdo minero (2011) entre los presidentes Ricardo Martinelli y Lee Myung-Bak  (de Corea del Sur) tiene similitudes con el Tratado del Canal Hay-Bunau Varilla (1903). En primer lugar, la concesión minera de Panamá a favor de Corea, acordada por los ejecutivos, debe ser aprobada por la Asamblea de Diputados. En segundo lugar, los diputados tienen que cederle a Corea parte de la soberanía panameña, prohibido expresamente por la Constitución Política. El proyecto de ley minero, actualmente debatiéndose en la Asamblea, permitiría que una bandera extranjera se izara soberana en una parte de nuestro territorio. Además, tiene otros dos problemas que han sido denunciados por los panameños sin que el gobierno quiera escuchar: El proyecto permite la depredación de la naturaleza y no contempla el desarrollo social y económico del país.

El proyecto de ley minero refleja la tendencia anti-nacional de los últimos gobiernos, llevada a su extremo por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ignora la importancia del concepto de soberanía que fue defendida por todas las generaciones de panameños en el siglo XX. Entrega los instrumentos legales a gobiernos extranjeros para que exploten los recursos del país sin retribución alguna. Destruye el ambiente panameño, poniendo en peligro el Canal de Panamá y todas las actividades económicas del país.

La contradicción constitucional estriba en que “la propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual”. El proyecto ignora el artículo 290 de la Constitución que dice: “Ningún gobierno extranjero podrá adquirir dominio sobre parte del territorio nacional”, definido “dominio” como “la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas”.

Panamá inauguró el siglo XX concediendo la ruta de tránsito a EEUU para que construyera el Canal de Panamá. Ahora a principios del siglo XXI, el gobierno pretende cederle el subsuelo del territorio nacional al gobierno de Corea del Sur.

Además, el artículo 20 reescribe el texto constitucional y asegura que “los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas” (Artículo 257). El abogado Harley Mitchel plantea que “la ley solo puede reglamentar ‘las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal’, no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas. El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países”.

Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley le entrega directamente a concesionarios extranjeros las riquezas del país. Según el economista Alessandro Ganci, las empresas que operan en el país proyectan una producción anual equivalente a 2,300 millones de dólares a partir de 2016. (Una producción anual de  255 mil toneladas de cobre, 90 mil onzas de oro y 1.5 millones de onzas de plata). Panamá recibirá sólo un 4 por ciento en regalías, es decir, 92 millones de dólares al año. Chile recibe el 14 por ciento en regalías de las empresas cupríferas que explotan a cielo abierto las minas en el desierto de ese país. Los países del llamado primer mundo reciben el 50 por ciento o más por concesiones de este tipo.

El proyecto de ley pone en peligro el ambiente al modificar reglamentos y ordenamientos institucionales para favorecer a las empresas mineras. Por un lado, transfiere las responsabilidades ambientales de la ANAM a la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. Por el otro, el proyecto ordena a la ANAM a realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. Además, impide que las instancias gubernamentales puedan suspender las actividades de las mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.

El proyecto también promoverá la corrupción entre los funcionarios públicos, colocados en posiciones de mando, quienes puedan enriquecerse en forma contraria a las leyes. Según la Alianza Ciudadana, “el proyecto deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras”.

Panamá, 10 de febrero de 2011.