La rebelion de Wisconsin

Los titulares de la prensa mundial derrochan palabras y exclamaciones para destacar el derrocamiento de los gobiernos favorables a EEUU de Egipto y Túnez. También se refieren a la “represión contra manifestaciones en Libia”. Igualmente, muestran fotos de los “manifestantes bahreiníes”. (Un senador norteamericano se recubrió de su toga y proclamó que EEUU ¿debía revisar su política de ayuda militar al emirato sede de la V Flota de ese país?) Por otro lado, “el presidente de Yemen promete no renunciar a pesar de las personas muertas en manifestaciones, las protestas se expanden en Marruecos y el presidente Bashir de Sudán no se presentará para otro mandato presidencial”.

En medio de esta difusión espectacular de la "revolución" de los pueblos árabes, ha aparecido otra fuente de protestas y manifestaciones. Sin embargo, los medios de comunicación han sido muy parcos y cuidadosos en dar a conocer detalles sobre sus protagonistas. Se trata de los trabajadores de EEUU que en diferentes escenarios, ciudades y centros de producción han comenzado a rebelarse. La crisis económica de EEUU ha golpeado a sus propios trabajadores, quienes han quedado desempleados (10 por ciento de la fuerza laboral) y sin vivienda (3 millones de familias han perdido sus hogares). Las protestas y manifestaciones populares en los estados norteamericanos de Wisconsin, Minnesota y Ohio están generando preocupación entre los políticos y analistas nortemaericanos. Son estados industriales que han sido golpeados por la crisis económica en forma especial. La sobreproducción (o en otras palabras, el subconsumo) de la economía norteamericana está creando serias dudas sobre la capacidad que tiene ese país para salir de la recesión a mediano plazo, mucho menos a corto plazo.

En Wisconsin, 80.000 personas se concentraron frente al capitolio de la ciudad de Madison para defender los derechos a la negociación colectiva de los trabajadores.  El sábado realizaron la quinta jornada consecutiva de protesta en repudio a un proyecto de ley presentado por el gobernador republicano Scott Walker, quien pretende suprimir los contratos colectivos, los derechos sindicales y aumentar los descuentos salariales por razones de seguro y fondos de pensiones. (Wisconsin es un estado al extremo norte de EEUU).

El gobernador Walker, elegido el año pasado, pretende recortar los salarios y eliminar los derechos a la negociación colectiva de los empleados públicos. Los senadores demócratas —que salieron del estado para paralizar la votación del proyecto de ley— enviaron el viernes una carta al gobernador Walker diciendo que los trabajadores aceptarían los recortes a las pensiones y mayores contribuciones a los planes de salud y de jubilación, si él aceptaba tratar el tema de la negociación colectiva. Los recortes propuestos por Walker dejarían sin beneficios económicos o capacidad para negociar a miles de trabajadores públicos como maestros, policías y bomberos.
Las protestas se iniciaron el pasado martes, 15 de febrero, y han seguido fortaleciéndose, con la decisión de miles de trabajadores que no dejarán de pelear contra lo que ven como un “vasto plan de los republicanos para debilitar a los trabajadores”. Los senadores demócratas, que se oponen a la propuesta, han reiterado su rechazo del proyecto. Una de sus acciones más notorias fue abandonar fisicamente el estado para evitar una votación sobre el proyecto.
Hasta ahora la respuesta presentada por las autoridades es llevar adelante el proyecto afirmando que las protestas no los harán desistir. Según Walker, la ley antisindical pretende reducir el déficit del Estado mediante recortes de salarios, pensiones, beneficios de salud y derechos de negociación colectiva.Pese a las maniobras del gobernador republicano, los maestros del Estado se han declarado en huelga hasta que no se retire el proyecto de ley. Las manifestaciones se han extendido a ciudades vecinas como Milwaukee y a otros estados con gobernadores republicanos como Ohio, Indiana y Pensilvania.

El profesor de Lingüistica del Instituto Tecnológico de Massashusetts (MIT), Noam Chomsky, plantea que la actual intranquilidad en EEUU se debe a que los trabajadores han tomado conciencia que "los empleos no regresarán". Esto se debe a que "la política consiste en exportar los empleos a países donde la fuerza de trabajo es más barata". La razón es sencilla, es mucho más rentable invertir en la especulación financiera que en la producción económica.
El mundo árabe tiene algo en común con EEUU: Sus economías han colapsado y sus clases dominantes están en quiebra. En el caso de EEUU los riesgos aumentan en la medida en que sus gobernantes siguen jugando a la ruleta con su economía. Las consecuencias sociales y políticas comienzan a asomarse sobre el horizonte. La rebelión de Wisconsin es una señal.
Panamá, 24 de febrero de 2011.

OTRA “METIDA DE PATA” PRESIDENCIAL

El pueblo panameño está movilizado en contra de las reformas al Código minero, aprobadas por la Asamblea de Diputados y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli. La legislación introduce elementos de inseguridad jurídica, que ponen en peligro la estabilidad económica del país y, además, las relaciones de Panamá con otros países.

Para justificar su enorme “metida de pata” el gobierno del presidente Martinelli dio a conocer un comunicado asegurando que no explotaría – bajo circunstancia alguna – los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, en la Comarca Ngobe-Buglé. Pero el comunicado fue publicado de manera parcial. La versión que fue publicada en los diferentes medios no incluía la parte final del comunicado. La línea que no fue publicada dice que el gobierno procedería a conceder los derechos de explotación a empresas interesadas (gobiernos extranjeros, etc.) si se “lo piden las autoridades comarcales”.

¿Quiénes son las autoridades comarcales? Son las instancias creadas por el mismo gobierno del presidente Martinelli, según decreto ejecutivo N°537 de 2010. En otras palabras, cuando el gobierno del presidente Martinelli decide hacer la concesión de explotación minera a los empresarios extranjeros interesados, convoca a las “autoridades comarcales” nombradas por él mismo para proceder.

Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular el siguiente comunicado:

"El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngöbe Buglé –atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes- de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas". Sólo 20 minutos después hizo circular el mismo comunicado pero le agregaba la siguiente línea: "Salvo que lo pidan las autoridades comarcales".

Así se descifraba el espíritu “democrático” de los gobernantes. El Gobierno de Martinelli aprobó el año pasado el Decrero Ejecutivo 537 que le otorga injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la comarca Ngobe Buglé. Lo anterior es el resultado de las modificaciones realizadas por el presidente Martinelli y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, a la carta orgánica de la comarca creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999.

La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo 537 publicado en Gaceta Oficial el 4 de junio de 2010.  La modificación establece que los llamados “encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales” serán parte del congreso general; mientras que los “encuentros locales de autoridades gubernamentales” serán parte del congreso local de la comarca.  El concepto de “autoridades gubernamentales” tiene preocupados a los dirigentes de las comunidades indígenas, ya que en el decreto original los dos organismos citados solo eran conformados por autoridades comarcales.

En base a este Decreto se celebraron elecciones espurias que dieron como resultado los delegados que a su vez designarán a las autoridades en mención en un futuro Congreso organizado por el Gobierno. Esas autoridades progubernamentales y espurias le pedirían la explotación de Cerro Colorado. La participación en esos comicios no llegó ni al 10 por ciento, según los magistrados del Tribunal Electoral.

El pueblo ngobe buglé no reconoce estos delegados y se prepara para celebrar su propio Congreso en el mes de marzo posiblemente, en base a sus costumbres y tradiciones. Un dirigente ngobe buglé, recordando las palabras de Martinelli en campaña - "Si no cumplo que me guinden del palo más alto" - dijo que en la Comarca le espera ese palo.

La explotación de los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado es un antiguo proyecto. En la década de 1970 el gobierno del general Omar Torrijos negoció con empresas extranjeras interesadas en su explotación. Al igual que en aquella época, el precio del cobre en el marcado mundial se encontraba muy elevado y su explotación aseguraba rápidos dividendos.

En la actualidad, sin embargo, la sociedad panameña, y muy especialmente el pueblo ngobe buglé que vive en la Comarca donde se encuentra Cerro Colorado, están mejor organizados e informados sobre los estragos que haría la explotación minera a cielo abierto.

Se calcula que toda el área de Cerro Colorado tendría que ser desalojado por los efectos de la actividad minera. Por otro lado, según lo acuerdos previstos con las empresas explotadoras, estas se llevarían del país más del 90 por ciento de los beneficios monetarios de las riquezas extraídas del subsuelo.

Al final, Panamá quedaría con un inmenso hoyo, con todo su entorno destruido, sin comunidades y más empobrecido por la falta de planificación.

Panamá, 17 de febrero de 2011.

El acuerdo minero Martinelli-Lee

El acuerdo minero (2011) entre los presidentes Ricardo Martinelli y Lee Myung-Bak  (de Corea del Sur) tiene similitudes con el Tratado del Canal Hay-Bunau Varilla (1903). En primer lugar, la concesión minera de Panamá a favor de Corea, acordada por los ejecutivos, debe ser aprobada por la Asamblea de Diputados. En segundo lugar, los diputados tienen que cederle a Corea parte de la soberanía panameña, prohibido expresamente por la Constitución Política. El proyecto de ley minero, actualmente debatiéndose en la Asamblea, permitiría que una bandera extranjera se izara soberana en una parte de nuestro territorio. Además, tiene otros dos problemas que han sido denunciados por los panameños sin que el gobierno quiera escuchar: El proyecto permite la depredación de la naturaleza y no contempla el desarrollo social y económico del país.

El proyecto de ley minero refleja la tendencia anti-nacional de los últimos gobiernos, llevada a su extremo por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ignora la importancia del concepto de soberanía que fue defendida por todas las generaciones de panameños en el siglo XX. Entrega los instrumentos legales a gobiernos extranjeros para que exploten los recursos del país sin retribución alguna. Destruye el ambiente panameño, poniendo en peligro el Canal de Panamá y todas las actividades económicas del país.

La contradicción constitucional estriba en que “la propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual”. El proyecto ignora el artículo 290 de la Constitución que dice: “Ningún gobierno extranjero podrá adquirir dominio sobre parte del territorio nacional”, definido “dominio” como “la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas”.

Panamá inauguró el siglo XX concediendo la ruta de tránsito a EEUU para que construyera el Canal de Panamá. Ahora a principios del siglo XXI, el gobierno pretende cederle el subsuelo del territorio nacional al gobierno de Corea del Sur.

Además, el artículo 20 reescribe el texto constitucional y asegura que “los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas” (Artículo 257). El abogado Harley Mitchel plantea que “la ley solo puede reglamentar ‘las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal’, no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas. El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países”.

Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley le entrega directamente a concesionarios extranjeros las riquezas del país. Según el economista Alessandro Ganci, las empresas que operan en el país proyectan una producción anual equivalente a 2,300 millones de dólares a partir de 2016. (Una producción anual de  255 mil toneladas de cobre, 90 mil onzas de oro y 1.5 millones de onzas de plata). Panamá recibirá sólo un 4 por ciento en regalías, es decir, 92 millones de dólares al año. Chile recibe el 14 por ciento en regalías de las empresas cupríferas que explotan a cielo abierto las minas en el desierto de ese país. Los países del llamado primer mundo reciben el 50 por ciento o más por concesiones de este tipo.

El proyecto de ley pone en peligro el ambiente al modificar reglamentos y ordenamientos institucionales para favorecer a las empresas mineras. Por un lado, transfiere las responsabilidades ambientales de la ANAM a la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. Por el otro, el proyecto ordena a la ANAM a realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. Además, impide que las instancias gubernamentales puedan suspender las actividades de las mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.

El proyecto también promoverá la corrupción entre los funcionarios públicos, colocados en posiciones de mando, quienes puedan enriquecerse en forma contraria a las leyes. Según la Alianza Ciudadana, “el proyecto deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras”.

Panamá, 10 de febrero de 2011.

¿Quién es el presidente Ricardo Martinelli?

El presidente Ricardo Martinelli representa un fenómeno político original, que sintetiza todo lo viejo. Algunos lo llamarían una expresión transitoria. Su estrella podría mantenerse sobre el horizonte hasta que dure la presente crisis política panameña. Crisis que se manifiesta en el sentido clásico: Lo viejo se resiste a desaparecer y no deja que lo nuevo haga su aparición.

Es común que identifiquen ideológicamente a Martinelli y sus seguidores como conservadores. Es decir, ligados a los sectores tradicionales de los terratenientes (urbanos y rurales) y a la Iglesia católica. Martinelli ha demostrado con hechos que no comulga con esas ideas conservadoras.

Otros asocian a los actuales gobernantes con ideas fascistas. Quienes levantan las banderas fascistas se identifican con ideas nacionalistas en el marco de una alianza populista que subordina a las masas urbanas al liderazgo de los grandes capitalistas. Este tipo de alianza suele ser encarnada por un líder “carismático”. Martinelli rechaza toda identidad nacional y no pretende cooptar a los sectores populares. Al contrario, su ideología es anti-nacional y no pretende darle dirección alguna a los sectores populares.

Otros ven a Martinelli en el campo neoliberal, política impuesta por EEUU entre 1983-2008. La ley “Chorizo”, derogada a fines de 2010, pretendía acabar con la capacidad negociadora de los trabajadores. El proyecto de ley minera actualmente ante la Asamblea de Diputados pone fin al estado de derecho en el país. También aumentó el impuesto al consumo  (ITBMS) en un 40 por ciento.

El aumento impositivo ha multiplicado los ingresos del fisco. Esta política le parece sospechosa a los millonarios panameños y a EEUU. Entre los cables secretos enviados por la Embajada norteamericana a Washington se destaca uno que acusaba a Martinelli de no cumplir con los principios neoliberales al pretender cobrarle impuestos a los ricos. En realidad, Martinelli no encaja en lo que el Banco Mundial llamaría neoliberal.

Hay quienes señalan que la política económica de Martinelli es de “des-posesión”: Le quita el empleo a los trabajadores, las oportunidades de inversión a los pequeños empresarios y la tierra a los productores rurales.

Martinelli, entonces, no es conservador, tampoco es fascista, ni neoliberal. Entonces, ¿qué es el presidente de la República y hacia dónde conduce el país? Martinelli es la expresión extrema de una política fracasada que se instauró en el país hace 20 años después de la invasión militar norteamericana de 1989. En aquella época, sin mediar un estudio de la realidad panameña, se impusieron las privatizaciones, la desregulación y la flexibilización de la fuerza de trabajo. El objetivo inmediato de estas políticas neoliberales – al igual que en el resto del mundo – era transferir parte importante de las riquezas acumuladas por los sectores populares (los salarios y bienes de los trabajadores) a la clase capitalista.

Las estadísticas lo demuestran claramente. Mientras que en 1990 el 65 por ciento de la distribución de la riqueza producida por los panameños terminaba en los hogares de medio millón de trabajadores, en 2009 estas familias sólo recibían el 40 por ciento. En cambio, mientras que en 1990 el 35 por ciento de la riqueza nacional quedaba en los hogares de 20 mil familias acaudaladas, en 2009 había aumentado al 60 por ciento.

Las estadísticas presentadas en números fríos, sin embargo, no nos dicen lo que realmente ocurre en nuestras comunidades. Mientras que la extrema pobreza prácticamente no existía en Panamá, ahora el 20 por ciento de los hogares panameños vive en ese estado de miseria. En total, casi el 50 por ciento de los hogares panameños viven en lo que el Banco Mundial llama la pobreza. (El 40 por ciento de los trabajadores panameños son informales. Es decir, trabajan sin contrato y/o sin seguridad social).

El gobierno del presidente Martinelli no entiende lo que representan estas cifras. Los neoliberales decían que a mayor pobreza, producto de sus políticas, había que aumentar los programas “focalizados” para distribuir caridad a las comunidades más golpeadas. El Banco Mundial creó la “Red de Oportunidades” durante la administración de Martín Torrijos y con Martinelli ha generado la “Beca Universal” y los “100 para 70”.

Un país, sin embargo, no puede sobrevivir con estas políticas absurdas, depredadoras y especulativas. El neoliberalismo tuvo éxito en empobrecer a los sectores populares y a las capas medias, mientras enriquecía a los más ricos. Esa política hizo crisis a escala mundial y pronto hará igual en Panamá. Martinelli preside sobre un régimen transitorio.

La pregunta es ¿cuándo cederá lo viejo a las nuevas fuerzas sociales que todavía no emergen? ¿Quién es el sujeto (grupo social) nuevo que dirigirá ese proceso de reconstrucción?

Panamá, 3 de febrero de 2011.

La remilitarización de Panamá

En 2010 y 2011 EEUU está gastando más de 20 millones de dólares en el acondicionamiento de 9 bases “aéreo-navales” sobre las costas de Panamá. La suma no incluye entrenamiento militar para un número desconocido de agentes de la Policía Nacional. En este marco, el gobierno panameño denunció el 13 de enero de 2011 que había encontrado un campamento abandonado con equipo sofisticado cerca de Bahía Piñas (provincia del Darién), en el Pacífico, cerca de la frontera con Colombia. Los aparatos de seguridad panameños lo relacionaron con la organización guerrilla colombiana FARC. En esa misma área, sin embargo, EEUU está invirtiendo 4 millones de dólares en la construcción de barracas con fines militares y un muelle para naves con capacidad de interceptar barcos en alta mar.

EEUU, según el Tratado del Canal Torrijos-Carter, evacuó su última base militar de Panamá el 31 de diciembre de 1999. A pesar de ello, el Departamento de Defensa de EEUU ha firmado, desde esa fecha en 1999, 715 contratos con empresas norteamericanas que desarrollen actividades en Panamá.
Con el último acuerdo de asistencia militar entre ambos países, firmado en 2009, la mayoría de los contratos del Departamento de Defensa son para la construcción de “bases aéreo-navales” sobre las dos costas de Panamá. El presidente Ricardo Martinelli, el minstro de Seguridad, Raúl Mulino, y la embajada de EEUU han informado poco sobre las 9 bases “aereo-navales” que se están construyendo. A pesar de las denuncias y protestas, el silencio del gobierno es hermético.

Según información del Departamento de Defensa de EEUU, en su año fiscal 2011 se invertirán casi 16 millones de dólares en 6 bases militares en Panamá. En 2010 el Departamento de Defensa invirtió 6 millones de dólares en otras tres bases.

A fines del año pasado el Departamento de Defensa firmó un contrato por un total de 4 millones de dólares para construir barracas militares y un muelle con capacidad militar en “Puerto” Piña. El lugar donde se efectuará (o ya se está efectuando) la inversión para las barracas militares coincide con el área donde el gobierno panameño denunció la existencia de un campamento de las FARC.

Las barracas que construirá EEUU tienen, según el contrato, capacidad para desarrollar operaciones “contra-narcóticos”. Esta iniciativa de EEUU, en particular, bajo la coordinación del Comando Sur, incluye 6 bases. Además de “Puerto” Piña, se construirán centros de operaciones militares en La Palma y Punto Coco. En Meteti, Yaviza y Rambala ya se hicieron importantes avances en 2010.

Según los contratos, la empresa J&J Maintenance, con sede en Texas, va a construir un "CN (Counternarcotics) Ops Center/Barracks" y un muelle en Punta Coco, que estará listo antes de octubre de 2011. Otro contrato proyecta construir un "CN Pier Renovation and Jet Docks" en La Palma, para terminar en agosto de 2011.
Por otro lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU construirá tres bases aéreo-navales adicionales, en Isla Grande, Obaldía y El Porvenir. Los centros militares deben estar terminados entre julio y septiembre de 2011. En cada una de estas instalaciones se invertirá un total de 3.5 millones de dólares. EEUU contempla invertir en Isla Grande, Obaldía, El Porvenir y “Puerto” Piña, un total de 15.5 millones de dólares en 2011.

EEUU también construirá tres escuelas y un centro de salud por un total de 946 mil dólares en áreas rurales de Panamá. Las llamadas "acciones humanitarias" militares de EEUU pretenden justificar los objetivos bélicos.
Además de las bases aéreo navales en construcción, EEUU continúa realizando “pruebas tropicales” con fines militares en Panamá.. Según revelaciones de los contratos existentes, desde principios de la década pasada, el Departamento de Defensa tiene acuerdos con dos empresas. Por un lado, con Kvaerner Process Services que recibió 12 millones de dólares para realizar “pruebas tropicales” y “otros servicios de apoyo administrativo”. Con Trax International, asociado con Yuma Proving Ground, (Arizona, EEUU) se han suscrito contratos por una suma de por lo menos 18 millones de dólares.

En Panamá los militares norteamericanos realizaron pruebas documentadas sobre soldados puertorriqueños y de otras nacionalidades a mediados del siglo XX para conocer su resistencia a cierto tipo de armamentos y químicos. En la actualidad, algunos diarios de la localidad han publicado avisos reclutando personal para trabajar en “pruebas tropicales” no especificadas.
El Departamento de Defensa de EEUU también ha contratado a J&J Maintenance (de Texas) para reparar y actualizar varios polígonos de tiro en el país. Un acuerdo firmado con la empresa le proporciona medio millón de dólares para mejorar los polígonos ("Upgrade Ranges") en el primer semestre de 2011.
 Panamá, 27 de enero de 2011.

¿Dónde quedaron los derechos humanos en Panamá?

Han muerto cuatro adolescentes y siguen otros tres en peligro, como consecuencia de las quemaduras recibidas en el Centro de Cumplimiento Juvenil del Ministerio de Gobierno y Justicia. El Centro tiene, en la actualidad, 145 niños entre 14 y 17 años de edad detenidos en un local con capacidad para sólo 70 procesados.

Los niños son privados de libertad por ser sorprendidos en actos delictivos. El Centro de Cumplimiento sólo tiene tres custodios. Para complementar los custodios, el Ministerio de Seguridad envía agentes de Policía que no tienen formación para hacer el trabajo correspondiente. Todo indica que las muertes fueron causadas por el trato inhumano y, además, incompetente de estos últimos.

En el pabellón que fue quemado habían 50 detenidos. Según se informó, 7 niños quemados fueron enviados al hospital donde ya han muerto cuatro. Otro número desconocido de niños recibieron atención médica por los perdigones y golpes recibidos durante el incendio del Centro de Cumplimiento. Los restantes fueron enviados a unos sótanos que existen especialmente para castigar a los detenidos. Cuando la Defensoría del Pueblo fue a entrevistar a los sobrevivientes, la Policía Nacional le negó la entrada a la delegación. 

Según el Partido Alternativa Popular (PAP) como consecuencia “de las muertes ocurridas en el Centro de Cumplimiento de Menores tanto el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, como el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, deben ser separados de sus cargos y sometidos a una investigación exhaustiva por su responsabilidad en esta tragedia”. El PAP recuerda que “hace apenas seis meses, en Changuinola, Bocas del Toro, murieron dos obreros víctimas de disparos de perdigones y otras cuatro personas por los efectos de los gases lacrimógenos”, producto de la irresponsabilidad de la Policía Nacional.

A fines del año pasado, la ministra de gobierno y Justicia, Roxana Méndez, viajó a Ginebra para asegurarle a las Naciones Unidas que no se cometerían más abusos a los derechos humanos de los panameños. Todo parece que las promesas quedaron en el papel. El gobierno nacional continuará abusando de su poder. ¿Qué pasará cuando las víctimas de la violencia gubernamental no sean hijos del pueblo, adolescentes, estudiantes, trabajadores o campesinos? ¿Alcanzará en algún momento el brazo represivo del Ministerio de Seguridad a los hijos de las capas medias o de las familias ricas de Panamá?

El gobierno no ha asumido las consecuencias de lo acontecido. Según la Alianza Ciudadana, “los adolescentes privados de libertad están en condiciones insalubres, sin acceso a la luz del día, comen en el piso y en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, delante de todos. Los programas de resocialización son inexistentes, por lo que predomina la ociosidad”. Según el gobierno, “la Policía envía a sus peores unidades a los Centros Custodia y Cumplimiento de Menores”. 

La Alianza Ciudadana también informó que después del incidente, cerca de 40 niños “fueron enviados a la celda de máxima seguridad del Centro de Custodia.  La  “máxima”, como la llaman, son celdas oscuras, donde se duerme en el piso,  lo que está prohibido por las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”.

El PAP señala que “Panamá enfrenta un reto que debe abordar con valentía y decisión. El gobierno actual se ha declarado enemigo de los derechos humanos, considera que la vida de los jóvenes y trabajadores no son su responsabilidad y violenta todos los principios de respeto a las leyes. Las más altas autoridades tienen que rendir cuentas ante el país”. 

Según la edición de La Estrella de Panamá, del 9 de julio de 2009, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, declaró que “he dado la instrucción de que el que se está evadiendo le disparen, tan sencillo como eso”. El ministro añadió que es a partir de “un absurdo de la ley que los custodios tienen temor a disparar, le he dado una instrucción y voy a poner mi pecho también”, expresó.

Las declaraciones inusuales del ministro Raúl Mulino fueron hechas en compañía del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, cuando visitaban las cárceles La Joya y La Joyita. Según el PAP “el ministro Mulino y el director Pérez tienen que ser reemplazados con otras personas que den garantías de su apego a la Ley y al respeto de los derechos humanos de los panameños”.

La Conferencia Episcopal panameña fue tajante al señalar que “la fuerza pública y los estamentos de seguridad no pueden olvidar que deben ser garantes de la vida y honra de todos los ciudadanos panameños, aun a riesgo de la propia...”

Panamá, 18 de enero de 2011.

La crisis del agua y la planificación

Hace varias semanas los panameños residentes de la ciudad de Panamá y sus alrededores no tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas. Desde el 8 de diciembre de 2010, fecha en que un frente climatológico procedente del norte sorprendió a la región con lluvias torrenciales, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) está improvisando para resolver su desgreño administrativo. Por un lado, ha dejado de distribuir agua a gran parte de la ciudad capital.  Por el otro, produce agua impotable que no pueden beber los habitantes del área metropolitana de la urbe capitalina.

El gobierno nacional ha culpado a la “naturaleza” por el desastre urbano. Alega que las lluvias han “enturbiado” las aguas del lago Alajuela, que provee a la ciudad del líquido precioso. La excusa no tiene sustento alguno en la medida en que hay que tomar en cuenta que el istmo de Panamá recibe fuertes cantidades de lluvia todos los años y que los distintos gobiernos fomentan la deforestación de las cuencas de los ríos.

La causa del desastre administrativo es la falta de planificación por parte de las autoridades electas por el pueblo. Cuando el IDAAN “descubrió” que no podía controlar la situación creada por el alto nivel de sedimentación en su planta potabilizadora, debido a la falla de piezas claves, comenzó a buscar una solución. Lo primero que hizo fue emitir un comunicado señalando que las piezas no le habían llegado a tiempo. Después le pidió las piezas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al gobierno de Costa Rica. Solicitó algunos días de “paciencia” por parte de la población para resolver la falta de distribución de agua en la metrópolis panameña, lo que hace más de un mes no logra.

Hay un gran parecido entre lo que pasa en el IDAAN y lo que acontece a nivel del gobierno nacional. El presidente Ricardo Martinelli plantea que el país “está abierto a los negocios”. Todo es medido con la vara empresarial. Si la iniciativa arroja una ganancia entonces debe emprenderse inmediatamente. No importa cuales puedan ser las consecuencias para el país o para la población. Si la actividad no es rentable, entonces es abandonada (no recibe mantenimiento) y las autoridades gubernamentales se desentienden.

Los gobiernos de turno - y el actual no es una excepción - nunca han entendido que para hacer lo que el presidente Martinelli llama “negocios”, un país necesita una infraestructura sólida que incluye una distribución de agua potable, la recolección sistemática de la basura, vías de circulación,  transporte público y energía eléctrica. Igualmente, tiene que tener una población educada y servicios de salud “igual para todos” para que la población pueda acudir sana y sin interrupciones a sus trabajos.

Las políticas neoliberales de las dos últimas décadas han tirado por la borda toda noción de planificación. Apurados por acumular riqueza basada en la especulación financiera, inmobiliaria y comercial los políticos han construido “castillos de arena” que la marea ya se está llevando. La semana pasada, apenas, el gobierno nacional le dio a los ex – productores de arroz del país, que protestaban por el abandono del sector, un porcentaje de las cuotas de importación de ese producto fundamental en la dieta panameña. Medida demagógica que convierte a todos los panameños en perdedores. Gobernantes y oposición partidista celebran “el crecimiento económico” del país cuando saben que tal incremento es sólo fruto de su afiebrada imaginación. Según cifras oficiales, hace dos décadas los sectores productivos del país están estancados y todo indica que han comenzado a decrecer.

Lo que crece es la expansión del crédito financiero. Hay una pequeña minoría de panameños y extranjeros que especulan con la expansión del crédito y compran bienes raíces, viviendas, carros, paseos y mercancías de toda clase. El desenfreno, producto de la especulación y no de la producción, es la causa de la crisis del agua. Crisis que fue antecedida por el problema de la recolección de la basura, aún sin solución. La especulación abanicada por el gobierno también es la causa de la crisis del transporte, de la falta de vías de comunicación tanto en la ciudad como en el interior y el colapso de los dos puentes que cruzan el Canal de Panamá.

La única solución al problema del agua en la ciudad de Panamá es la planificación a mediano y largo plazos. Así se hizo durante gran parte del siglo XX. ¿Por qué abandonaron la planificación los malos políticos neoliberales hace 25 años?

Panamá, 13 de enero de 2011.