La gran estafa o el Inside Job

La producción cinematográfica Inside Job, ganadora del último Oscar (2011) por el mejor documental, ha sacudido muchas conciencias, sobre todo las de aquellos que confiaron en que con la llegada del presidente Barack Obama a la Casa Blanca, EEUU cumpliría con las reglas del juego, se comenzaría nuevamente a regular el sistema financiero y se pondría fin a la "avaricia de Wall Street". Sin embargo, es poco o nada lo realizado. Según el documental, las tímidas reformas de Obama no han avanzado en las comisiones del Congreso o han sido bloqueadas por los poderosos manipuladores al servicio de los intereses financistas que controlan tanto la esfera política como el mundo académico para legitimar sus mensajes  falsos.

Inside Job, según el periodista español Ramón Muñoz, deja en evidencia que Obama no ha perseguido a los "avaros" que provocaron el colapso financiero y crisis económica. Los mismos siguen especulando con productos financieros “tóxicos” como las hipotecas “basura” (subprime) o los CDO. Además, Obama puso al mando de su equipo económico a los mismos que presidieron el inmenso fraude contra la economía mundial y ha causado tanto daño a millones de familias en el mundo entero. Los mismos que fueron reclutados por el expresidente George W. Bush, siguen en sus puestos.

El supuesto rescate de los bancos que costó varios millones de millones de dólares consistió en traspasar los ahorros y los impuestos de los contribuyentes a los propietarios de las instituciones financieras más grandes de EEUU. En cambio, los especuladores no han asumido responsabilidad alguna. El gran “atraco” fue  orquestado por un trío de personalidades muy conocidas, con la aprobación de la Casa Blanca. Comenzando con Ben Bernanke, actual presidente de la Reserva Federal y mano derecha por muchos años del presidente anterior, Alan Greenspan. Seguido por Timothy Geithner, actual secretario del Tesoro, y presidente de la Reserva Federal de Nueva York por muchos años. Además, Lawrence Summers, entre 2009 y 2011 fue director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca y por muchos años presidente de uno de los bancos más grandes de Wall Street.

El capitalismo reformado de rostro social que presentó el presidente Obama en las reuniones del G-20, tras al estallido de la crisis, sólo fue una máscara que logró engañar al mundo por un breve período. En EEUU los lanzamientos de familias de sus viviendas han alcanzado niveles récord en 2010 y 2011. De igual manera, siguen creciendo las bonificaciones multi-millonarias para los ejecutivos de las agencias de calificación como Moody's o Standard & Poor's, que avalaron las especulaciones más atrevidas y las hipotecas basuras, precipitando el desastre financiero. También, más allá de EEUU, sobre todo en Europa, varios países (los PIGS) se han convertido en blancos de los financistas para arrancarles hasta el últimos suspiro a sus habitantes. 

En el Wall Street Journal, Paul Farrell está insistiendo en que los ricos tienen que comenzar a contribuir a la recuperación de las economías más maduras. En la actualidad, los pobres y los trabajadores son los únicos que pagan impuestos. En EEUU los ricos han logrado que los gobiernos de turno los exoneren de sus obligaciones. Incluso, como se ha visto en el caso de Wisconsin, los ricos le están secuestrando sus ahorros y fondos de pensiones a los maestros, policías y a todos los trabajadores. "Los súper ricos, agrega Farrell, no se preocupan por usted", porque viven al margen de la crisis, envueltos en una burbuja en la que "disfrutan de vacaciones en los mejores resorts, tienen el mejor masajista y los mejores cirujanos".  Farrell concluye recordándole a los trabajadores – especialmente a los más jóvenes – que aún hay “tiempo para prepararse ante la revolución que se avecina, la depresión".

Inside Job describe como los grandes capitalistas y el gobierno de EEUU conspiraron para intentar frenar la caída de las enormes ganancias de las empresas trasnacionales norteamericanas. Mientras que las industrias emblemáticas de EEUU caían una tras otra, a partir de la década de 1970, los capitalistas comenzaron a invertir sus ganancias en actividades especulativas cada vez más arriesgadas. La banca financiera tiró por la borda todas las regulaciones y el gobierno en Washington eliminó las leyes que impedían que los especuladores se adueñaran de la economía.

La especulación combinada con la política de guerra y la “externalizacion” de la industria a China (donde existe una masa de fuerza de trabajo barata), colocó a la economía de EEUU sobre el precipicio. Sólo faltaba que colapsara la burbuja inmobiliaria para que se viniera abajo todo el edificio en 2008. Todavía no hay propuesta racional de recuperación. Tampoco existe – por el momento – grupo social con una alternativa capaz de movilizar al pueblo norteamericano.

Panamá, 14 de abril de 2011.

La integración centroamericana

Tuve ocasión de compartir algunas ideas con colegas centroamericanos preocupados por el futuro de la región. El debate se centró en los retos que presentan los diversos proyectos de integración regional y el impacto de la crisis mundial sobre los países de la región. Obviamente, la recesión económica de EEUU y Europa ha afectado a la región. A pesar de ello, Centroamérica tiene un enorme potencial que debe aprovecharse. Hay que comenzar diciendo que la integración de los pueblos no es el resultado de la eliminación de sus aduanas. Más bien, la eliminación de sus aduanas es el producto de la integración de los pueblos. De igual manera, sólo la integración política efectiva puede hacer viable un Parlamento regional.

Centroamérica tiene que plantearse un proyecto de integración que reúna tres elementos estratégicos. En primer lugar, la integración tiene que ser autóctona y no definirse en función de un objetivo que se acomode a un proyecto ajeno a la región (EEUU, Europa, China u otro). En segundo lugar, tiene que responder a un objetivo estratégico con una definición política que se encuentre solidamente sentada sobre una base material. En tercer lugar, y quizás el más importante, requiere de un sujeto social (un grupo o una alianza de grupos sociales) que le pueda dar liderazgo al conjunto de las fuerzas sociales de la región.

1. El proyecto autóctono implica que la integración debe crecer de adentro hacia fuera. El sistema mundo capitalista – en el cual Centroamérica jugó un papel estelar en su formación hace varios siglos – está cambiando permanentemente en función de las crisis y de las nuevas estrategias de acumulación. La región tiene que identificar estos procesos y sacarle el mayor provecho. A principios del siglo XXI observamos las llamadas potencias económicas emergentes, entre las cuales destacan China y Brasil. ¿Serán capaces estos países de levantar la productividad de sus trabajadores? China tiene una población de 1.3 mil millones de habitantes y Brasil cuenta con casi 200 millones de habitantes. Estos números no deben engañarnos, más de la mitad de sus trabajadores aún son improductivos y están excluidos de los procesos de producción capitalista.¿Puede Centroamérica transformar sus estructuras sociales y seguir los pasos de estados gigantes “emergentes”? Este es un momento único en la historia del sistema mundo capitalista. El sistema se ha fracturado y emergen nuevas fuerzas. ¿Surgirá una nueva potencia que reemplace a EEUU como hegemónica? ¿Aparecerá un sistema con centros hegemónicos múltiples? Para avanzar dependerá de nuestra capacidad para entender estos cambios y proceder con decisión y energía.

2. La región centroamericana cuenta con una base material de enorme potencial para hacer realidad un proyecto de acumulación. La diversidad de sus recursos naturales y la riqueza de su población, tanto en el istmo centroamericano como en la diáspora, garantizan una base sólida para avanzar en la dirección correcta.

3. El sujeto social presenta problemas que pueden ser resueltos si observamos la experiencia de los países europeos, lo que ocurre actualmente en China, la historia de EEUU en el siglo XX y los esfuerzos de Brasil en el presente. En el último medio siglo las viejas clases terratenientes de la región se convirtieron – con el apoyo interesado de las elites de EEUU - en empresarios con proyectos de acumulación basados en la “super-explotación” de los trabajadores. Al mismo tiempo, los campesinos (e indígenas campesinos) que representaban más del 80 por ciento de la población a mediados del siglo XX fueron literalmente proletarizados, se convirtieron en obreros y hoy son trabajadores precarios. Ambos grupos sociales han aprendido mucho y han formado organizaciones políticas con enorme potencial. En la actualidad, en Centroamérica hay dos frentes de liberación nacional en el poder político, dos partidos social demócratas gobernando y otros dos con partidos de derecha que están siendo obligados a negociar con fuerzas populares.

La integración tiene que basarse en esa realidad. La lucha se inicia a partir de un proyecto que movilice las fuerzas sociales internas y que sea capaz de enfrentarse a las realidades del sistema en el cual nos encontramos insertos.

Según Samir Amin, el sistema unipolar de desarrollo capitalista tiene que ser reemplazado por relaciones internacionales que darán lugar a un mundo multipolar. Cada región estará integrada estrechamente a las demás, pero guardando su especificidad cultural y autonomía política.

¿Cuál es el sujeto social que puede consolidar esa especificidad cultural y autonomía política? ¿Está madurando y consolidándose en medio de las contradicciones que caracterizan un sistema mundo capitalista fraccionado y en crisis o todavía no ha hecho su aparición sobre el escenario centroamericano?

Panamá, 7 de abril de 2011.

La nueva “Banana Republic” de Norte América

EEUU se encamina rapidamente en convertirse en una “Banana Republic”, al igual que varios países de Europa. El economista Michael Hudson, antiguo especialista de Wall Street, señala que esta tendencia “se puede ver en marcha en el Estado de Wisconsin. La ciudad más grande de Wisconsin -  Milwaukee, hasta hace poco la más rica de EEUU— está entre las cuatro grandes urbes más pobres de EEUU”.

Basta un estudio superficial de la "Ley presupuestaria" de Wisconsin, aprobada a principios de marzo, que incluye la privatización de plantas públicas de generación de energía y un nuevo sistema de contratos públicos sin licitación. Las 37 plantas que el gobernador Scott Walker pretende vender por liquidación producen calefacción y refrigeración a bajo costo para las ciudades, las universidades e, incluso, para las cáceles del estado. La ley presupuestaria pretende vender todos los bienes del estado a precios de liquidación. Se supone que esta política beneficiará a los grandes contribuyentes de la campaña electoral del Partido Republicano, como las industrias de los hermanos Koch. Para cubrir esta transferencia de riquezas a los más ricos, el estado cargaría a perpetuidad la factura de producir esa energía a los contribuyentes de Wisconsin.

Estas son las mismas políticas aplicadas en los últimos 20 años en Panamá, que han empobrecido a los hogares y eliminado empleos productivos. En Chile se hizo lo mismo desde principios de la década de 1980 con Pinochet. Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Salinas de Gotari en México, Carlos A. Pérez en Venezuela, siguieron ese camino y lanzaron a sus países a la ruina. En la actualidad, en América latina muchos países han corregido los errores del pasado y tratan de sentar las bases para levantar países más prósperos.

Las repúblicas bananeras se caracterizan por no tener políticas de desarrollo nacional y depender de los agentes financieros extranjeros. En el caso de EEUU, sus capitales productivos (que incluyen fuerza de trabajo, tecnología y financiamiento) se están “externalizando”. En otras palabras exportando a China y otros países “emergentes” con políticas de desarrollo. La clase propietaria de EEUU ha optado por mantener sus niveles  de ganancia expropiando los ahorros de los trabajadores y reduciendo sus ingresos.

En el caso de Wisconsin, la ley presupuestaria tiene entres sus planes destruir el Sistema de Jubilación (WRS). El WRS es uno de los sistemas de pensiones públicas más estables, mejor financiados y mejor gestionados de EEUU. Aunque Wisconsin no es un estado muy populoso, el WRS ha llegado a acumular 75 mil millones de dólares en reservas. Esto le ha permitido pagar puntualmente generosas pensiones a sus funcionarios retirados, sin necesidad de subsidios públicos. La ley impulsada por el gobernador Walker está redactada con un lenguaje que acabaría con el sistema. “Es un asalto a sus activos para pagar ulteriores recortes fiscales para los ricos (especialmente los propietarios) y arrojando a los tiburones de Wall Street buena carnaza. Una vez liquidados, los empleados públicos pasarán a los sistemas privados de ahorro para la jubilación, manejados por gestores de dinero que trabajan a comisión”.

En una propuesta separada, el gobernador Walker empezaría el proceso de privatización de los dos campus universitarios, que subvencionan los doctorados de la Universidad de Wisconsin. “Irónicamente, plantea Hudson, las universidades estatales a las que el gobierno federal concedió (a fines del siglo XIX) terrenos públicos para su construcción –entre las que la de Wisconsin descolló— fueron creadas por los republicanos proteccionistas de aquella época marcada por el desarrollo. Estos promovían  visiones alternativas a la doctrina desfasada del libre mercado, que dominaba en las prestigiosas universidades de la Ivy League, las ocho grandes universidades privadas del noreste de EEUU, encabezadas por Harvard. Esas universidades estatales públicas establecidas en terrenos federales cedidos a los estados, como sus semejantes en Alemania, enseñaban una nueva política económica de gestión estatal y empresa pública que formó la base del subsiguiente desarrollo norteamericano y alemán”. 

Otras propuestas sugieren la venta de los bosques públicos de Wisconsin, rebosantes de minerales y riqueza maderera. Hudson asegura que las iniciativas de los republicanos de Walker es una declaración de guerra contra los trabajadores. “Es una guerra también contra las instituciones de la era progresista de Wisconsin. Su política amenaza con la pauperización del estado y amenaza darle un golpe de gracia a las instituciones progresistas. Contra la sugerencia de John Keynes, de proceder a la ‘eutanasia del rentista’, a quien se quiere eutanasizar ahora, en toda la América del Norte y en toda Europa, es a la clase media”. Bienvenidos a la nueva república bananera.

Panamá, 31 de marzo de 2011.

Respeto para los pueblos ngobe y buglé

Los diversos comunicados de la Coordinadora Indígena señalan que los pueblos ngobe y buglé persiguen dos cosas: Por un lado, conservar sus tierras, sus comunidades y sus familias, ante el atropello de las instancias gubernamentales que los oprimen. Por el otro, quieren que se les respete su dignidad como pueblos, con culturas siempre enriqueciéndose sobre la base de sus propias costumbres. Lo que más desean es que los descendientes de los conquistadores y sus agentes detengan los ataques sistemáticos y permanentes.

El decreto 537 de 2011, que reformó la legislación que creó la figura legal de las comarcas en 1997, tiene varios defectos. El más importante, en mi opinión, es que se confeccionó y publicó sin consulta con las partes afectadas. Los gobernantes deben ser muy cuidadosos y consultar primero con todas las partes que tienen interés en una iniciativa. En este caso no se hizo.

Con relación a la intervención inconsulta del Tribunal Electoral (TE), esta instancia del Estado no interviene en las elecciones de otras etnias panameñas (Club Unión, Congreso Negro, Sociedad Española, Colonia China, etc.). Los gobernantes deben permitirle a los pueblos indígenas hacer uso de la autonomía que les confiere la Constitución y las leyes para su propio beneficio.

Las leyes, en general, y especialmente las panameñas, señalan con detalle lo que tienen que hacer los gobernantes. Todo lo que no menciona la ley le es prohibido al gobierno. Todas las leyes (panameñas) se aplican a la población de las comarcas indígenas. Por ejemplo, la ley dice que el Tribunal Electoral organizará elecciones nacionales y que todos los panameños (incluso los pueblos indígenas) tenemos el derecho y el deber de participar en las comicios para Presidente, diputados, alcaldes y representantes. Pero los Congresos que eligen a los "líderes tradicionales" de los pueblos indígenas son materia que le corresponde exclusivamente a esas comunidades originarias. (Igual que la Iglesia. En el caso de las iglesias cristianas el TE no le organiza la elección de obispos u otros dignatarios.). En parte alguna existe una ley que dice que el gobierno debe organizar politicamente a los pueblos indígenas de Panamá. El decreto 537 pretende - sin fundamento alguno - decirle a los pueblos indígenas como deben organizarse en materia política. La ley es muy clara cuando dice que el Estado respetará las costumbres de los pueblos indígenas.

En la actualidad, el gobierno ha elegido a un cacique general ngobe. Al mismo tiempo, el pueblo ngobe realizó su congreso tradicional y escogió a su propio presidente. En este último caso, fue elegido el agrónomo Celio Guerra. El gobierno lo descalifica porque dice que es miembro de un movimiento social popular contestatario. Personalmente no lo conozco. No sé si es miembro de FRENADESO. Lo importante es saber si es miembro del pueblo indígena que lo eligió presidente del Congreso. ¿Cuáles son las cualidades de Guerra para ser presidente del Congreso? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Obviamente, si hubiese sido militante de Cambio Democrático (partido del presidente Martinelli) o del PRD (partido opositor) diríamos que esos partidos políticos tienen "amarrada" politicamente a la comarca. Todo indica, si es cierta la afirmación sobre FRENADESO, que esa organización ha encontrado el consenso en los diversos grupos que forman el pueblo ngobe.

El presidente Martinelli, al igual que los mandatarios anteriores, ha ignorado los intereses de los pueblos indígenas de Panamá. Sus reformas al código minero y la represión en Changuinola son buenos ejemplos. Los insultos de sus ministros y asesores contra los indígenas, en general, es una buena muestra de la falta de respeto que tiene el gobierno del principio de autonomía.

Los pueblos indígenas son parte integrales del Estado panameño. Sus comarcas, al igual que las nueve provincias del país, forman parte de la República. Ellos respetan la Constitución y las leyes panameñas. Para contribuir a la paz social y al desarrollo de las comarcas (de igual manera que del resto del país), los gobernantes deben respetar la Constitución y las leyes que dicen que los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres. Los pueblos indígenas quieren mejorar sus niveles de vida económicos y sociales. Todo indica que ellos quieren que todos los panameños (y el gobierno) trabajemos con ellos (no supuestamente para ellos). Esto quiere decir, en primer lugar, que ellos tienen que resolver el problema de la producción (alimentos, infraestructura, manufactura, etc.) que requiere un gran esfuerzo en los campos de la educación, salud y vivienda. Segundo, reconocer que la comarca Ngobe-Buglé tiene un sistema de organización política que funciona. Hay que respetarla y no destruirla.

Panamá, 24 de marzo de 2011.

Preocupa presencia militar de EEUU en Panamá

Los medios de comunicación panameños publicaron una breve nota informando que el martes pasado (antes de ayer) se iniciaba una “intervención militar” norteamericana sobre territorio nacional. La “invasión” se realizó en varias antiguas bases militares que ese país tenía en lo que antes se conocía como la Zona del Canal de Panamá. Según las notas periodísticas, un total de 45 efectivos militares del Ejército y de la Armada de EEUU ocuparían posiciones en Sherman (antigua base de la Infantería de Marina), cerro Tigre (sede de Operaciones Especiales del Ejército a fines del siglo pasado) y Rodman (antigua base de la Armada norteamericana).
La información no detalló el tipo de armamento, ni la logística que implicaba la presencia militar norteamericana en Panamá. La nota periodística señala que entre los objetivos del despliegue militar se destaca el entrenamiento de un total de 45 panameños en operaciones antidrogas. No aclaraba el origen de los 45 panameños que recibirían estos cursos que se extenderían por más de un mes, entre el 15 de marzo y el 19 de abril de 2011.
Hay indicios que el gobierno nacional está creando estamentos militares con la cooperación de EEUU. La Constitución Política de Panamá señala en forma explícita que no existe y no se crearán fuerzas armadas en el país. En su lugar sólo existirá una Policía Nacional. Con la construcción de nueve bases aéreo-navales en las costas de ambos océanos por parte de EEUU, a partir de 2010, se inició de lleno la creación de los batallones militares.
El presidente Ricardo Martinelli ha dado señales que no se opondría a una creciente militarización de Panamá. El nombramiento de un militar de carrera en la dirección de la Policía Nacional en 2009, la creación de un Ministerio de Seguridad (2010) y la construcción por parte de EEUU de las bases aeronavales son señales que destacan una tendencia clara en ese sentido.
El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, declaró que la “invasión” es parte de “los objetivos de Panamá, para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. La opinión pública mundial y, especialmente, la panameña, sabe que el problema de la producción, distribución y consumo de droga nace en EEUU y su solución sólo puede resolverse con acciones políticas en ese país. Los países de Asia Oriental (Afganistán, Camboya y Birmania) son víctimas de esas políticas. Igualmente, en América latina, en países como Colombia y México, la producción y la distribución de la droga, respectivamente, han destruido el tejido social de esos países.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de EEUU tienen un programa global de intervención. Trata de encubrirlo bajo el manto de la lucha contra “el crimen organizado y el narcotráfico”. Este es el objetivo del Plan Colombia (inaugurado hace dos lustros) y del Plan Mérida (iniciado hace un lustro). El primero contempla más de mil millones de dólares en compra de armamento sofisticado por parte del gobierno colombiano a empresas norteamericanas. En el segundo, México ya ha invertido 300 millones de dólares en la compra de aviones de combate y otros artefactos de guerra.
El Plan Mérida, en el caso panameño, se inició con gastos presupuestados por más de 20 millones de dólares (habilitación de las bases “aeronavales”). Los medios locales no obtuvieron información sobre los gastos que tendrá que hacer Panamá por la presencia de tropas norteamericanas en las antiguas bases de la Zona del Canal.

Desde hace varios años EEUU insiste en que Panamá es un país “amigo” del narcotráfico con el fin de crear un clima favorable a su intervención. A principios de marzo, el Departamento de Estado calificó a Panamá como un “centro importante para el contrabando y advirtió que sus órganos de justicia y de seguridad son susceptibles a las influencias del narcotráfico”. En el comunicado de prensa se dice abiertamente que “los oficiales panameños (¿?) y miembros del ejército de EEUU tendrán la oportunidad de planificar misiones, comunicaciones tácticas, puntería, primeros auxilios y movilidad aérea”.

Panamá, 17 de marzo de 2011.

Los mejores talentos para los Carnavales

La gestión desordenada del presidente Ricardo Martinelli ha recibido duros golpes en los primeros meses de 2011. Los estamentos de Seguridad aún se encuentran desorganizados, a pesar de los millones de dólares que recibe de diversas fuentes norteamericanas. (O ¿será esta la causa?). La punta del “iceberg” fue la muerte de cinco menores de edad calcinados en un Centro de Cumplimiento en enero.

Apenas un mes más tarde, la aprobación de una reforma al Código minero, sin que se preparara un estudio previo o se buscara un consenso, provocó una movilización de rechazo a escala nacional, encabezada por los pueblos ngobe y buglé. El presidente Martinelli anunció que “derogaría” la ley pero no habló sobre las opciones que baraja el gobierno.

Como se dice en el mundo deportivo, para inaugurar el mes de marzo le salvó la campana o el pitazo. Llegaron los Carnavales y los panameños se abocaron a cumplir con la tradición de la “rumba”. El presidente Martinelli se fue a Disneyworld. Los miembros de su gabinete salieron del país. Los diputados que no pudieron viajar al exterior se fueron a sus casas de campo. Muchos alcaldes y representantes se quedaron en sus circunscripciones para darle seguimiento a sus intereses.

La juventud (de todas las edades) se fue a las fiestas organizadas en las comunidades de Azuero, Veraguas y Coclé (entre otros lugares). Por razones que nadie quiere entender, el director de Turismo decidió invertir a última hora 2 millones de dólares en unos Carnavales improvisados (como siempre) en la Cinta Costera de la ciudad capital. Incluso, se utilizaron fondos públicos destinados a proyectos de asistencia social. Según los diarios de la localidad, la asistencia a los “culecos”, desfiles y espectáculos fue pobre, siguiendo la tendencia de los últimos lustros.

Al igual que el año pasado cuando fue a esquiar, este año Martinelli partió hacia EEUU, en su viaje número 33 desde que llegó al Palacio de Las Garzas. ¿No podría haber aprovechado estos días para evaluar las debilidades de su política de Seguridad? Podría haber reunido su equipo de política exterior para definir los próximos pasos frente a la crisis económica mundial, los cambios políticos en el Medio Oriente o la emergencia de las nuevas potencias del Lejano Oriente (tanto China como su “socio” de Corea del Sur).

Mientras los panameños “carnavaleaban” el presidente podría haber convocado a los especialistas en las cuestiones alimenticia, energética y de transporte. Las próximas crisis que enfrenta Martinelli están en las áreas de la educación (inicio del año escolar), la salud (las protestas por los envenenamientos siguen en la agenda) y seguridad social. Quienes gobiernan tienen que entender que su responsabilidad es trabajar todos los días administrando el presupuesto anual de casi 20 mil millones de dólares que le entrega el pueblo. Sin embargo, quienes gobiernan parecen tener otras metas muy ajenas a los del país.

Los Carnavales son una tradición popular, en su momento impulsados por la Iglesia con fines religiosos en Europa y en algunos lugares de América. El vínculo con la Iglesia parece haberse diluido con el tiempo. En Panamá los gobiernos – por razones diversas – intervinieron en la promoción de los carnavales durante la segunda mitad del siglo XX. Su política, sin embargo, ha probado ser un fracaso en la ciudad de Panamá donde las fiestas han quedado reducidas a las ganancias de las empresas de bebidas alcohólicas y sus intermediarios. De querer continuar con su política intervencionista, para asegurar su éxito el gobierno debe cambiar de política.

Recomendamos que en los distritos de Panamá y San Miguelito, los más poblados de la región metropolitana, se organicen los Carnavales con apoyo gubernamental a nivel de cada corregimiento. La juventud de cada uno de los casi 30 corregimientos competirían por los premios a los mejores disfraces, las mejores “comparsas”, corrazas y arreglos musicales. Los panameños que no quieren este tipo de Carnaval pueden visitar los distritos vecinos de Chepo y Capira o viajar al interior de la República.

Sin restarle alegría a la fiesta, se incorporaría a la juventud a los Carnavales. En la actualidad, estos son meros objetos que son manipulados por los organizadores y empresarios que montan los espectáculos. En el esfuerzo hay que movilizar a las familias, a las comunidades y a las escuelas. Incluso, las iglesias, los clubes cívicos y los sindicatos pueden sumarse a la fase organizativa.

La juventud tendría la oportunidad de sacar a relucir sus mejores talentos en materia de diseño, coreografía, arquitectura, ingeniería y música en un ambiente de fiesta y alegría. El presidente de la República también podría reunir a los mejores talentos... para gobernar el país.

Panamá, 10 de marzo de 2011.

Ricos contra pobres

Un dirigente gremial de los profesores de la Universidad de Panamá me escribió diciendo que “es muy cierto que ningún extranjero debe alterar el orden público e incitar a la violencia. Pero también es muy cierto que ningún extranjero debe venir a contaminar estas tierras, a depredar sus recursos o a exigir cambios en las leyes para su propio provecho y mucho menos que el presidente (de la República) llame por teléfono  para dar cuenta de que ha cumplido con su tarea.

“En el caso del periodista Paco Gómez Nadal es aconsejable y oportuno que el gobierno nacional muestre a la luz pública las pruebas que se le imputan y que han conducido a su salida del país”. 

Desde Madrid, España, donde fue expulsado Gómez Nadal, por orden directa del presidente Ricardo Martinelli, el periodista envió un mensaje al país. En el mismo señala que en Panamá no existen “garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá... Alertamos a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social”.

El mensaje de Paco Nadal es alto y claro: Hoy es expulsado del país un periodista de nacionalidad extranjera. Mañana será un periodista de nacionalidad  panameña. Pasado mañana expulsarán a cualquier panameño que consideren un estorbo. La escalada es parte del proceso que se vive actualmente en Panamá. Tenemos un gobierno que no tiene experiencia política y que actúa de acuerdo con sus instintos de preservación. Su único objetivo es mantenerse en el poder y, en el mismo suspiro, acumular riqueza para los miembros de su alianza gobernante.

Con la expulsión del país de Gómez Nadal el gobierno muestra una debilidad muy peligrosa. No es algo que le conviene a los intereses de la nación panameña. Como en su momento señalara el “canciller de la dignidad”, Juan Antonio Tack, quien falleciera la semana pasada, “queremos ser un país de verdad”.

Los arrestos, los muertos y heridos en Changuinola, San Félix y otros puntos del país, causados por la política depredadora del presidente Martinelli, parece que no tendrán fin hasta que termine su mandato. La población panameña, sin distingo de clases sociales, le está diciendo que ponga fin a las políticas mineras destructivas. Sin embargo, el “olfato” por el negocio lo ha enceguecido.

Bernardo Pérez Salazar, un estudioso colombiano de la economía minera señala que “de las cerca de 100 mil entradas que contiene el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, apenas ocho se asocian semánticamente a la voz extraer. Resulta curioso que ninguna de las entradas haga referencia a la acción de explotar yacimientos o riquezas naturales, una de las principales actividades realizadas en las colonias del Nuevo Mundo desde la conquista de América hasta el presente.

En contraste, el término potosí sí es aceptado en su acepción figurativa por el

diccionario para referir una “riqueza extraordinaria”, como la constituida por los miles de millones de onzas de plata extraídas del “Cerro Rico”, al pie del cual fue fundada la ciudad de Potosí en 1545.

El nombre de Potosí se asocia a un tipo de crecimiento económico y social efímero, generalmente asociado con actividades de extracción de riquezas naturales, del cual es un ejemplo académico clásico. De un asentamiento pujante hoy sobrevive penosamente como un “pueblo fantasma”.

La literatura también se refiere el “extractivismo” – al igual que los cuentos de niños - como una estrategia de crecimiento económico acogida por un número creciente de gobiernos, particularmente en países ricos en recursos naturales en América latina. La promoción de la inversión de capitales en actividades extractivas se presenta – al igual que los espejitos - como la locomotora, fundamental para el crecimiento económico y una promotora clave para combatir la pobreza a escala nacional. El extractivismo promueve la inversión extranjera al igual que la exportación de materias primas como dos pilares fundamentales del desarrollo y la prosperidad.

En la actualidad, Panamá es el escenario de una guerra por el poder entre diferentes clases. Hay que entenderlo como el “poder hacer”. Los pueblos indígenas y todos los panameños queremos conservar nuestra tierra, nuestras comunidades y nuestras familias. La clase de personas que gobiernan, en cambio, quieren arrancarle a los panameños más humildes sus tierras, comunidades y familias. La lucha por el poder está claramente establecido: Los ricos en contra de los pobres.

Panamá, 3 de marzo de 2011.