viernes, 25 de noviembre de 2011

Colón y el “fin de la democracia”

El mundo ha entrado en su fase más turbulenta en más de 80 años (desde la gran depresión de la década de 1930). El colapso financiero del capitalismo, las tasas de desempleo que superan un promedio del 10 por ciento y la desesperación de la población, apuntan hacia un futuro incierto. Panamá y el resto de América latina no se liberan de ese panorama global, aunque hay señales contradictorias. La crisis es financiera y, también, política. La democracia liberal tambalea al igual que las bolsas de valores.
En este mundo turbulento, la ciudad de Colón, terminal caribeño del Canal de Panamá, reproduce los indicadores más violentos de la debacle financiera global. La riqueza abunda por doquier, sin embargo, mientras más la prosperidad de una elite selecta, aún mayor la pobreza de la población (“del 99%”). ¿Cómo se explica esta contradicción sórdida? Desde su fundación a mediados del siglo XIX, la ciudad de Colón no ha hecho más que generar enormes riquezas. Ese crecimiento económico, sin embargo, no ha tenido impacto alguno sobre la calidad de vida de su población ni de la provincia que la rodea.
Hace una semana las lluvias de la estación húmeda del trópico se dejaron caer en todo el país, con especial intensidad sobre el Caribe panameño donde se encuentra Colón. Los barrios de la ciudad fueron inundados provocando daños en viviendas, establecimientos comerciales y públicos.
Fue un desastre social que pudo haber sido diagnosticado y obviamente evitado. (No hay que decir que fue un desastre “natural”).  Más aún, siendo Colón una de las ciudades que más riqueza genera en el país debería contar con un plan de desarrollo urbano y, sobre todo, la capacidad para hacer cumplir las ordenanzas municipales. Lo paradójico es que Colón tiene un plan urbano y también ordenanzas, pero no se cumplen. No debería quejarse de dinero porque en términos relativos es el distrito más rico de la República.
Según La Estrella de Panamá, sólo en los primeros 8 meses de 2011 en la Zona Libre de Colón (ZLC) “el movimiento comercial ascendió a un total de 18,816 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 44 por ciento comparado con el mismo período del año anterior. Una diferencia de 5,736 millones de dólares.
En ese período, según reporta la Contraloría General de la República, llegaron a la ZLC un total de 150 mil “turistas de todo el mundo”. En la actualidad, el principal proveedor de mercancías es China y los mayores compradores son Colombia, Venezuela y Ecuador.
Con sólo estos datos, Colón debería ser una ciudad con avenidas, edificios, viviendas y actividades sociales, educación y cultura rebosantes. A pesar de ello, está casi abandonada a su suerte, con algunos “guetos” empresariales encerrados tras gruesas murallas.
Sin embargo, hay más, mucho más en materia de actividades económicas. Los puertos que surten el movimiento comercial de la ZLC y de muchos países de la región están en permanente crecimiento. Colón es la ciudad con más movimiento portuario de América latina. En los primeros 9 meses de 2011 (enero a septiembre), los 3 puertos de Colón manejaron la increíble suma de 1.6 millones de contenedores. Puntualicemos: El puerto MIT manejó 800 mil contenedores, el puerto de Cristóbal manejó 450 mil contenedores y el CCT (Evergreen) manejó 212 mil contenedores. El puerto de Balboa en el extremo sur del Canal de Panamá manejó en esos mismos 9 meses otros 1,4 millones de contenedores.
A esta actividad comercial (ZLC) y portuaria de Colón hay que sumar los 1.8 mil millones de dólares que le pagaron al Canal de Panamá en el año fiscal 2011, en forma de peajes, las 15 mil naves que subieron y bajaron sus esclusas para pasar de un océano a otro. Para rematar, hay que sumar los ingresos por el registro anual de barcos, propiedad de empresas que buscan banderas que se acomoden a sus intereses anti-laborales. En 2010 se registraron más de 900 barcos y en 2011 superaron los 1100 naves.
Este “baile” de miles de millones de dólares no incorpora a las familias ni a la comunidad de Colón. En gran parte, son acaparados por comerciantes en las grandes capitales financieras mundiales y por los intereses monopólicos navieros. Otras sumas son retenidas por los grandes comerciantes de la plaza y de algunos abogados. Otra suma, quizás aún mas pequeña, termina en la arcas del fisco en forma de tributos (peajes) e impuestos (ITBM). La ciudad de Colón recibe una suma que le permite a sus autoridades pagar la planilla y celebrar alguna fecha patria. Los trabajadores, además de sus salarios, reciben los peores servicios urbanos, de educación y de salud.
El sistema que perpetúa esta injusticia no es producto de mala administración o de banqueros ineficientes. El sistema ha sido cuidadosamente organizado para generar estas relaciones asimétricas en que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos. El sistema que ahora golpea, además de Colón, al mundo desarrollado (primer mundo como le gusta a algunos), es consecuencia de una política diseñada para ese fin: empobrecer cada vez más y desarticular a las organizaciones de los trabajadores.
Parafraseando a Francis Fukuyama, no se trata del fin de la historia soñado por los grandes especuladores. Los depredadores financistas de occidente están promoviendo el fin de la democracia.
Panamá, 24 de noviembre de 2011.

jueves, 17 de noviembre de 2011

El Estado panameño globalizado

Sin duda, los conceptos de Estado y globalización son difíciles de manejar debido a las múltiples interpretaciones que se hacen de los mismos. Para algunos, el Estado es la síntesis de todos los actores políticos de una sociedad. Para otros, es el aparato gubernamental que tiene el monopolio para tomar decisiones políticas y reprimir a los opositores del sistema que encabeza. En realidad, cuando se habla del Estado se está haciendo referencia a una correlación de fuerzas. Seamos más claros y directos: Es el equilibrio que se establece entre las distintas fuerzas sociales que compiten por ejercer su dominio sobre la totalidad de la sociedad. El Estado refleja los intereses del sector más poderoso de la sociedad o de una alianza entre diferentes sectores que comparten el poder. El Estado (el grupo más poderoso) define la política exterior de la sociedad organizada así como la política interna (el orden y el grado de represión). La política exterior incluye relaciones con otros estados, las alianzas internacionales y la guerra. La política interna del Estado define el uso de la Policía y otras fuerzas represivas, las recaudaciones y las inversiones, la educación, los servicios de salud, las relaciones entre obreros y patrones, el uso del territorio y, en algunos casos, incluso, el culto (religión).
El Estado entra en una crisis cuando pierde el equilibrio. Generalmente, el desequilibrio es consecuencia de la declinación de un grupo social y la emergencia de otro. La industrialización transformó el Estado “antiguo” (anciene règime) con motivo de la insurgencia de una burguesía que tenía una política exterior e interior totalmente diferente a las clases terratenientes y su aparato político (la Corona o algo parecido).
El nuevo Estado burgués necesitaba una política exterior que le garantizara acceso a mercados crecientes, materias primas y población. A su vez, necesitaba una política interior que organizara, educara y disciplinara a la clase trabajadora que era reclutada mediante la desposesión de los campesinos combinado con las migraciones internacionales.
La revolución industrial destruyó el Estado tradicional (equilibrio entre una clase dominante de terratenientes y una población dominada de campesinos) y después de muchas revoluciones sociales creó el Estado burgués. El nuevo Estado es el resultado de una correlación de fuerzas asimétrica entre industriales y obreros. Para acabar con los remanentes del Estado de los terratenientes la burguesía se alió con la clase obrera. Posteriormente, para frenar las ambiciones políticas de los obreros que levantaron la bandera comunista, la burguesía se alió con los terratenientes ya derrotados.
El Estado por definición está en un proceso permanente de cambio, en una lucha por mantener el equilibrio y, al mismo tiempo, buscando un nuevo equilibrio. Las políticas que promueve el Estado entran en contradicción con los intereses de quienes las promueven. La burguesía invierte capital para contratar cada vez más trabajadores. Los trabajadores, a su vez, se organizan para destruir el Estado burgués y reemplazarlo con un Estado social. El Estado de “bienestar social” que surgió a mediados del siglo XX en el llamado Occidente (EEUU y Europa nor-occidental) pretendió ser un equilibrio entre las dos fuerzas sociales que luchaban por sus intereses: burguesía y obreros.
El llamado Occidente (del Atlántico norte) era rodeado por una periferia que ocupaba el resto del mundo. Una periferia relativamente rica (la semiperiferia), con una clase obrera consumidora. Otra periferia relativamente pobre (América latina), con una clase obrera “superexplotada” que consumía muy poco. Además, una periferia sumida en la pobreza,  que representaba a más del 70 por ciento de la población mundial.
Este orden mundial que se mantuvo más o menos intacto durante toda la segunda mitad del siglo XX perdió el equilibrio y, en su lugar, está apareciendo una nueva correlación de fuerzas. Incluso, al interior de los países hay un reacomodo de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. China y, en menor medida, Brasil, Rusia e India, (los países BRIC) se están convirtiendo en países capaces de competir en el escenario mundial.
En el caso de Panamá, el cambio de la correlación de fuerzas que se experimentó entre 1990-2010 pareciera indicar que vamos a contratiempo con el resto del mundo. Es decir, la burguesía rentista (Canal de Panamá, centro bancario, actividades portuarias y la Zona Libre de Colón) han sometido a la sociedad y a los trabajadores a un régimen inflexible. Los rentistas (representados por sus partidos Panameñista, PRD y, sobre todo, Cambio Democrático) se preguntan para qué tener una clase obrera. El actual gobierno, incluso, se pregunta para qué sirven las capas medias, la llamada sociedad civil.
Esto es lo que a escala global llaman la crisis. La dirección política mundial, y Panamá no es una excepción, perdió la brújula y sólo piensa en acumular riquezas lo más rápido posible antes de que el edificio se desplome. Un periodista europeo, Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique,  constata que los dirigentes políticos están perdidos. “La política se revela impotente. La gente constata el derrumbe de la autoridad política. Los líderes actuales no están a la altura de los desafíos”. ¿Cuándo aparecerá esa nueva generación política capaz de ofrecer el liderazgo esperado en el marco de un nuevo Estado?
Panamá, 17 de noviembre de 2011.

jueves, 10 de noviembre de 2011

El pueblo rechaza la ley privatizadora


La Asamblea Ciudadana se sumó a la protesta nacional contra los desmanes del gobierno al querer, entre otras cosas, aprobar un proyecto de ley que privatizaría el sector público panameño. La iniciativa de la Asamblea Ciudadana considera que “el paro ejemplar de la Coordinadora Médica Nacional (COMENENAL) y de los profesionales y técnicos de la salud, apoyado por sectores de los educadores, estudiantes y sindicatos, que se opone al proyecto de ley de Asociación Público-Privada (APP), se ha granjeado la simpatía de amplios sectores de la población… Han podido constatar que el proyecto de Ley no sólo afecta a los sectores de salud y de educación, sino que afectará, si es aprobada, a la totalidad del pueblo panameño”.
El proyecto de ley faculta a los gobernantes para distribuir entre sus allegados todos los negocios públicos que se consideren rentables. Además, la ley plantea que la concesión pública entraría a formar parte del régimen de propiedad privada. Un ejemplo sería si una persona natural o jurídica recibe la concesión para cobrar peaje en una calle de la ciudad de Panamá por un plazo de 20 años, tendría todo el derecho a extender automáticamente la concesión por otro período igual en forma permanente. Si la persona se retira del negocio, el gobierno está obligado a entregar el privilegio a otro interesado.
Hay quienes plantean que este proyecto de Ley también puede justificar la concesión a empresas privadas de la recolección de tributos e impuestos a escala nacional. La empresa puede ser panameña o extranjera. En la actualidad, los consulados marítimos panameños en el exterior les dan a los allegados de los políticos en el poder, la autoridad para cobrar los servicios que les presta el Estado.
La Asamblea Ciudadana denuncia que “mediante contratos que pueden llegar a ser de 50 años de duración, el gobierno podría privatizar escuelas, hospitales, diversos servicios de salud, el IDAAN, la segunda línea del Metro, el nuevo puente sobre el Canal y cualquier otra obra o servicio”. El negocio “sólo depende de lo que proponga la empresa privada, con el consiguiente pago de los ciudadanos por servicios que hasta ahora han sido gratuitos… Dejarían de ser “servicios públicos” para convertirse en negocios privados”.
La Asamblea Ciudadana también alerta sobre el denominado “Fondo Soberano” que se pretende establecer utilizando los ingresos del Canal de Panamá. Según el comunicado, el presidente Ricardo Martinelli, “ha declarado que el “Fondo” serviría para afrontar las deudas contraídas por los proyectos APP… los ingresos del Canal dejarían de beneficiar al pueblo panameño e irían directamente al “pro mundi beneficio” de las trasnacionales”.
 En la reunión que se celebró la semana pasada entre el presidente Martinelli y los gremios médicos, el inquilino del Palacio de las Garzas enumeró los proyectos que se ajustan al modelo de la APP. Según una fuente presente en la reunión, Martinelli destacó la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la ciudad gubernamental, otro tramo del metro y la ampliación de la red de agua potable. La APP también serviría “para la compra de equipo médico y medicamentos. (Es decir, desconoce lo que propone la Ley)”.
Los médicos reaccionaron y le recordaron después al presidente del ejemplo argentino donde la APP fue un fracaso en la ampliación de la red de alcantarillados. Igual suerte corren los panameños con el ejemplo de los corredores, la falta de reglas y la corrupción.  
El presidente Martinelli también insinuó la posibilidad de enviar el proyecto de ley de la APP a la mesa de la Concertación Nacional para que se discuta en ese marco. Los médicos aceptaron la propuesta presidencial pero el gobierno no ha dado aún un paso formal en esa dirección. Los médicos señalaron que “la Concertación Nacional fue un mecanismo diseñado para aprovechar mejor los fondos provenientes del Canal de Panamá, durante el periodo del presidente Martin Torrijos. Sin embargo, fue ampliamente criticado por su carácter excluyente. (También) fue convertido en un dialogo de ‘yo con yo’. Muchas de las asociaciones que participaron (en aquel entonces) eran pro PRD. La COMENENAL participo en ese dialogo y se retiro por que dio origen al sistema único de salud, bajo el concepto de que la Caja del Seguro Social asumía toda la responsabilidad financiera del sistema y el Estado hacia un aporte mínimo”.
Lo que se respira en los grupos que se suman al movimiento de los trabajadores de la salud, es incredulidad ante las declaraciones cambiantes del presidente Martinelli. En primera instancia, dijo que no afectaba a los trabajadores, después dijo que se reformaría su contenido y finalmente que enviaría el proyecto a la Concertación Nacional. Los médicos y el pueblo sólo le han pedido que lo baje de segundo debate a primer debate en la Asamblea de Diputados. Si se niega es porque su intención es aprobar la iniciativa legislativa de todas maneras.
En el te deum del 3 de noviembre, el arzobispo de Panamá, José D. Ulloa, le dijo al presidente Martinelli que había “que mirar el pasado de nuestra historia para proyectar un futuro”. Las palabras de la Iglesia son sabias, basadas en su propia experiencia.
10 de noviembre de 2011.

jueves, 3 de noviembre de 2011

Patria y credibilidad

Los panameños celebramos orgullosamente un aniversario más (108 años) de la República. Producto de un movimiento político, un 3 de noviembre de 1903, se declaró la nueva entidad republicana en medio de contradicciones y conflictos. Como en la mayoría de los países del mundo, las contradicciones y conflictos aún no se superan. Incluso, se podría decir que todavía no hay señales de que se estén reduciendo.  Son básicamente conflictos entre los intereses de las diferentes clases sociales y, además, al interior de las clases.
En 1903 se cuestionó si los llamados “próceres” habían actuado en los mejores intereses del país y de su pueblo. La forma sigilosa en que se produjo el movimiento separatista, el Tratado del Canal con EEUU que ningún panameño firmó 15 días después de la independencia, la Constitución Política aprobada por una Asamblea seleccionada a dedo con un artículo que ponía los intereses de EEUU sobre los de la nueva República, eran algunas de las preguntas que surgieron. La falta de transparencia generó una falta de credibilidad entre todos los panameños.
Aunque se dudaba de las intenciones de los gobernantes republicanos y sus agentes políticos, nunca se cuestionó la entidad independiente y soberana que es la República. Casi de inmediato se levantó una oposición contra los desmanes de los gobernantes quienes prácticamente convirtieron la República en un coto privado para enriquecer sus familias en íntima alianza con EEUU que creó su enclave colonial en la Zona del Canal.
La elección de Belisario Porras en 1912 puso un freno a los desmanes. Posteriormente, desatada la corrupción, en 1940 llegó a la Presidencia Arnulfo Arias como expresión de la protesta de las capas medias.
En ese marco, la insurrección popular del 9 de enero de 1964 consolidó el proyecto soberano de la Nación. El desgobierno, sin embargo, no se detuvo y en 1968 se produjo el “golpe militar”. En 1977 se logró acabar con el Tratado del Canal de 1903, redactado en inglés y firmado por un francés. La lucha generacional – como la llamara Omar Torrijos – culminó con la eliminación de la semicolonia “zoneita”, la evacuación de las bases militares y Panamá asumió la administración del Canal.
La invasión militar norteamericana de 1989 y la muerte de centenares de panameños fue un golpe severo que desdibujó la identidad nacional panameña y cuestionó la soberanía del pueblo republicano. Los descendientes de los próceres de 1903 asumieron nuevamente las riendas de la República y prometieron una democracia auténtica, la desmilitarización del país, una mejor distribución de la enorme riqueza que generan los trabajadores del país y transparencia en todos los actos políticos.
Muchos panameños le dieron un voto de confianza a los gobernantes creyendo que, a pesar de ser criaturas moldeadas por los intereses norteamericanos, podrían encaminar la República por un camino de prosperidad y amplia participación. Los cinco gobiernos que se sucedieron (1990-2010) nunca cumplieron sus promesas y cercenaron las conquistas sociales logradas por el pueblo durante el siglo XX. En primer lugar, acabaron con la democracia construyendo una “República de primos” donde gobierna un círculo muy cerrado. La base de la nueva democracia es tan angosta actualmente que está en peligro de colapsar.
La militarización se inició con el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa (FDP). A pesar del fracasó del Centro Multilateral Antidrogas (CMA), EEUU logró imponer acuerdos en los últimos diez años que han culminado con la creación de dos entidades militares que actúan con total autonomía frente a la Constitución Política de la República. Los militares tienen sus bases y amedrentan a las comunidades vecinas. En días pasados, incluso, los militares amenazaron a la Universidad de Panamá por supuestas acciones subversivas.
La prosperidad que experimenta la economía panameña, en la actualidad, sólo beneficia a la clase especuladora y rentista. El sector bancario panameño declaró ganancias por más de dos mil millones de dólares en 2010. El pueblo panameño ha sido excluido. La metáfora de los ideólogos, que se hacen pasar por economistas, sobre el “goteo” de riquezas que llegarán a los trabajadores jamás se materializó. Las capas medias que consumen sobre la base del crédito se enfrentarán a un “shock” a corto plazo, cuando colapse la burbuja creada por la especulación que alimenta el lavado de dinero.
La transparencia prometida jamás se hizo realidad. La desnacionalización caracteriza a los gobiernos de los últimos 20 años. La corrupción a todos los niveles del sector privado en combinación con funcionarios públicos es la norma. Las políticas públicas que impiden que la juventud encuentre empleos decentes, que pueda seguir estudiando o desarrollar sus habilidades creativas. El trasiego de la droga con destino a EEUU y el crimen organizado, son quizás lo peor que le pudo haber ocurrido a la República en sus cien años de existencia.
El actual gobierno se ha creado un ambiente sin credibilidad alguna. La Patria ha sido engavetada a cambio de una nueva promesa: “Estamos abiertos para hacer negocios”. El presidente de la República resucitó el viejo lema de “Pro mundo beneficio”. No hay cambio.
El proyecto de Ley que crea las Asociaciones Público Privadas es la gota que rebasó toda credibilidad republicana.
3 de noviembre de 2011.