La privatización del sector público

Los médicos panameños han declarado un paro de labores con fines solidarios y políticos dirigido a frenar la avaricia sin límites de los dueños del país. Los grandes empresarios – en el mejor espíritu neoliberal – ahora quieren que todos los bienes públicos sean privatizados. La estrategia de los empresarios es apropiarse sin pagar un centavo – sin riesgo alguno – de todos los servicios públicos: Salud, educación, seguridad social, protección, vivienda, fuentes de agua, el mar, las montañas, calles y carreteras. Todo lo que rinda una ganancia para los que se creen dueños del país en detrimento de los trabajadores y capas medias.


Los empresarios, quienes ya son dueños de los servicios, del comercio y de los negocios especulativos - tanto legales como ilegales – quieren aprobar el proyecto de ley Nº 349 de Asociaciones Público-Privadas. En otras palabras, una ley que privatiza el sector público. Pero la trampa es aún más grande. Quieren privatizar todos los bienes de la república pero con la garantía de que si les va mal todos los panameños (nuestros impuestos) pagan sus pérdidas, incluso las ganancias previstas. Si les va bien, los propietarios se llevan todas las ganancias, sin pagar impuestos.


En muchos países que aplicaron políticas neoliberales recientemente la experiencia ha sido un fracaso. Actualmente, en Chile hay un movimiento social encabezado por los estudiantes para que les devuelvan el sistema educativo a la sociedad. Fue privatizada hace 20 años y sólo ha creado problemas sociales y una educación mediocre. En México y Perú la situación es muy parecida.


Ahora en Panamá se quiere ir por el viejo camino equivocado. ¿Porqué? La respuesta es sencilla: Es una manera fácil y rápida para que los especuladores se hagan ricos a costilla de los panameños. Van a arruinar el sistema educativo, acabar con el sector que presta servicios de salud y, probablemente, vendan el Canal de Panamá. Puede significar un negocio de varios miles de millones de dólares que beneficie a unos pocos especuladores.


Es una trampa a la vista. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli no quiere que la iniciativa se presente al público. En la Asamblea, los diputados de los partidos políticos de gobierno y oposición aplauden la iniciativa ya que ambas bancadas están comprometidas con las políticas neoliberales, en quiebra en todo el mundo. Quieren que sigamos por el camino de México, Grecia y EEUU que tienen movimientos de protesta social a lo largo y ancho de continentes enteros.


En Colombia el analista Eduardo Sarmiento, quien escribe en el muy conservador diario de Bogotá, El Espectador, describió el asalto del erario publico en los siguientes términos: “Se presumía que la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado enormes subsidios (por parte) del Estado”.
Según Sarmiento, “la idea era muy simple. El lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades necesarias, las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta”.
Como consecuencia “las empresas de salud conceden los mínimos servicios posibles. Gran parte de los servicios especializados se obtienen con tutelas basadas en la universalidad de la salud. Los fondos privados entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas de publicidad y no le aseguran la pensión mínima a la mayoría de los cotizantes”.
En el caso de las construcciones escolares “los contratistas modifican los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que sirvió de base para adjudicarlo. La constante es que el valor y los períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado”.
Según Sarmiento, “no han faltado la complicidad y la permisividad oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas. El presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobre-costos y pirámides de las entidades privadas”.
Lo mas peligroso es que los defensores de estas empresas especulativas trabajan con una “biblia” en la mano que llaman la ideología neoliberal. No son economistas y desconocen las mínimas reglas de administración de empresas. “Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso”, dice Sarmiento. Con la ley que somete los intereses públicos al despilfarro privado, “se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos (especuladores) y trasladar las pérdidas a los contribuyentes”. La conclusión de Sarmiento se puede aplicar a Panamá: Si se aprueba la ley de Asociaciones Público-Privadas, contribuirá a crear mas desempleo, aumentará la pobreza y provocará una desigualdad mayor en la distribución del ingreso.


Panamá, 27 de octubre de 2011.

La estafa de Juan Hombrón

Un negocio que se calcula valorado al menos en 80 millones dólares pretende realizar un pequeño grupo de especuladores con relaciones muy cercanas al Palacio de las Garzas. “En un periodo no mayor de seis meses, 12 sociedades anónimas y 2 personas lograron un hecho insólito en la historia de la titulación de tierras en Panamá: el reconocimiento de sus derechos posesorios, todos en la comunidad de Juan Hombrón, en las costas de la provincia de Coclé. (Sector de mayor crecimiento turístico del litoral panameño). El trámite supuso reunir a unos 50 lugareños, supuestos titulares de los derechos posesorios”. Así titularon sus portadas los rotativos de la capital panameña que dieron a conocer la gran estafa. Esta sigue los anteriores ya reportados en un largo rosario de intrigas y asaltos al erario público.
Además de reunir a los supuestos titulares, convencerlos para que “vendieran” sus derechos, acordar el precio, elegir a los abogados que los representarían, hacer el papeleo en notarías y otras oficinas gubernamentales y pagarles.  Los curioso es que se trata de derechos posesorios sobre lotes paralelos y consecutivos que juntos suman 54 hectáreas y que hoy valen B/ 80 millones. Las tierras a orillas de las playas de Juan Hombrón se encuentran a dos horas de carretera de la ciudad de Panamá, aproximadamente 100 kilómetros. Además, en las cercanías se está empujando la construcción del aereopuerto internacional de Río Hato (una inversión de más de 100 millones de dólares). También EEUU está presionando para que el gobierno panameño construya una base aereo-naval militar en la comunidad próxima de Antón.
En el negocio de titulación gratuita la ex directora de Titulación de la Administración Nacional de Tierras (ANATI), Anabelle Villamonte, fue la abogada que inició los trámites para las 12 sociedades.  Después, ocupando en el cargo de directora de Titulación, otorgó a las 12 sociedades la adjudicación gratuita que habían pedido.  Antes de ocupar el cargo, Villamonte renunció a sus poderes como representante legal. La abogada renunció al cargo en ANATI después que los medios de comunicación dieran a conocer la adjudicación de tierras.
Según los medios de comunicación, “la Ley 59 de 2010, que creó la ANATI establece que se puede adjudicar gratuitamente los terrenos si se prueba que quien alega tener derechos posesorios las ha ocupado cinco años en forma pacífica e ininterrumpida.  En el caso de la sociedad Properties Group se le adjudicaron gratuitamente 1.3 hectáreas a una sociedad que solo tenía 9 meses de vida jurídica”. Otra característica de esta titulación paralela, consecutiva y gratuita es que quienes alegaron tener derechos posesorios adujeron como única prueba la declaración de su colindante.  Esto quiere decir que un colindante declaraba a favor de quien tenía a su lado y este a su vez declaraba a favor del supuesto dueño del lote vecino.  Ninguna otra prueba fue exigida por la ANATI. 
Para verificar la residencia de las personas favorecidas en la adjudicación de derechos posesorios y de sus testigos, el diario local La Prensa corrió sus nombres en el padrón electoral de finales de 2004.  La mayoría de ellos no figuraba en esa base de datos del Tribunal Electoral.  Al menos, no vivían ese año en Juan Hombrón.  Pero sirvieron de testigos  de los cinco años de ocupación a sus supuestos colindantes. 
La Prensa publicó extensos reportajes describiendo en detalle cómo se creó la ANATI, las diferencias de criterio que surgieron en la Asamblea, el papel jugado por su primer director, Alejandro Castillero y la directora de Titulación, Anabelle Villamonte, en la adjudicación de 54 hectáreas en forma consecutiva, paralela y rodeada, al parecer, de irregularidades.

La comunidad panameña exige que se haga justicia con los responsables de esta injusticia. Además, plantea que es necesario que todo el sistema creado por ANATI, para el beneficio de unos pocos allegados al poder, sea eliminado. Para comenzar, ANATI debe desaparecer de la misma manera que apareció, para ser utilizada por los especuladores de tierras.

El presidente Ricardo Martinelli alega que el le prometió en su campaña electoral a los pequeños agricultores y campesinos que pondría en marcha un programa de titulación para beneficio de esos sectores. Si la intención del mandatario es hacer justicia con los miles de campesinos sin tierra que comience por casa: la provincia de Veraguas y no por las playas de Coclé.

La titulación de tierras, además, tiene que responder a un programa racional que contemple una Reforma Agraria. Los agricultores tienen que organizarse para entrar a producir en forma competitiva. Es decir, el gobierno tendría que darle todo su apoyo a la reorganización de los Asentamientos Campesinos donde los agricultores organizados produzcan los granos y otros productos de la tierra que consumen los panameños.

Si no hay un plan de desarrollo para los agricultores, todo programa de titulación de tierras responde a un fraude al más alto nivel. Con la excusa de querer ayudar a los campesinos sin tierra lo que han hecho los gobernantes es crear un sistema que se presta para estafar al fisco y, de paso, depredar a la República.

Panamá, 20 de octubre de 2011.

El Top Ten de noticias censuradas

Los periodistas en el mundo saben que su trabajo es remunerado y como asalariados se espera que respeten la línea editorial de los dueños de los medios de comunicación. En EEUU y otros países, además, se suma el peso del “establishment”. Es decir, el círculo que toma las decisiones al más alto nivel. El presidente Eisenhower dijo en 1960 que el “establishment” norteamericano está formado por un círculo muy cerrado de empresarios claves, de generales de las fuerzas armadas y de líderes políticos, en ese orden. Según algunos el orden de los factores ha cambiado, pero sigue siendo el “establishment”.

Los medios de comunicación en EEUU y la mayoría de los países del mundo tienen que responder a los requerimientos de ese grupo de hombres que forman el “establishment”. Argenpress recientemente publicó una lista de las noticias – Top Ten - más importantes censuradas por los medios norteamericanos y de sus acólitos en el resto del mundo en 2010 y 2011. La lista la divulgó Ernesto Carmona, un periodista chileno.

Las noticias se centran en EEUU pero tienen repercusiones a escala global, muy especialmente en América latina y en Panamá, particularmente. Entre las noticias más censuradas se encuentra el asesinato del norteamericano Anuar Al-Aulaki, nacido en Nuevo México, EEUU. En 2010 fue colocado en una lista “presidencial” de ejecuciones extrajudiciales. El ex director de Inteligencia Nacional del presidente Barack Obama, Dennis Blair, dijo en el Congreso en Washington que el programa estaba dentro de los “derechos del Poder Ejecutivo” y que los contenidos de la “lista de la muerte” no necesitaban ser revelados. Entre los extranjeros, Fidel Castro, Hugo Chávez y, en su momento, Lula están en la lista. Omar Torrijos, Salvador Allende y Ernesto “Ché” Guevara (entre otros) estaban también en la nefasta lista.

También ocupa un lugar destacado en la recopilación de noticias censuradas los niveles de desempleo que hace estragos en EEUU y otras partes del mundo. Mientras que las cifras oficiales hablan de un 9 por ciento de trabajadores sin empleo en ese país, otras fuentes indican que el desempleo llega al 22 por ciento. “Pareciera que el gobierno mantiene a la gente en la oscuridad sobre el índice real de desempleo para hacerle creer que la economía está mejorando”, señalan los críticos. Algo parecido ocurre en Panamá. El gobierno asegura que el desempleo sólo afecta al 5.6 por ciento de la población económicamente activa. Sin embargo, si se utilizara el método anterior, modificado por la OIT para reducir el desempleo (en papel), la tasa se duplicaría facilmente.

Una tercera noticia censurada se refiere a los esfuerzos de la oficina de Alimentos y Drogas de EEUU de camuflar sus exportaciones de productos agrícolas para incrementar sus ventas en otros países. Una medida reciente de esta entidad fue pedirle a los cuerpos internacionales que pongan fin a la obligación de etiquetar los alimentos para evitar que los productos transgénicos sean identificados. Esta política afectará especialmente la salud de la población de países pobres del mundo y de aquellos que tienen llamados tratados de libre comercio con EEUU.

El presidente Obama también carga con otra responsabilidad que le asignó el “establishment” de su país. Además de continuar con las guerras de Bush II en Irak y Afganistán, Obama encabezó el bombardeo criminal de la población libia en la guerra contra Gadaffi.  “La guerra contra Libia podría configurar el crimen de esparcir tóxicos como óxido de uranio empobrecido en áreas pobladas de ese país. El avión de combate A-10 (“Thunderbolt”) tiene un cañón que dispara... proyectiles a menudo con uranio sólido”, según la Coalición Internacional para Prohibir Armas de Uranio. En 1989, cuando Bush padre invadió a Panamá también hubo mucha preocupación por el posible uso de armamentos que podían dejar residuos de uranio.

Otra noticia censurada tiene relación con el sistema penitenciario creado en EEUU especialmente para detener a los inmigrantes sin documentos (la gran mayoría son latinoamericanos) en ese país. El sistema es financiado con fondos públicos y administrado por empresas privadas. Según la información, en la actualidad, las cárceles para “indocumentados” tienen un millón de detenidos y se “abusa de niños, se violan mujeres y se dejan morir hombres por falta de atención médica básica”.

En sexto lugar, otra noticia censurada se refiere a la publicación de 13 artículos por la revista American Psychologist, detallando un contrato por 117 millones de dólares para prestarle servicios al Ejército de EEUU a través de un programa llamado “Aptitud Comprensiva del Soldado”. El programa se está comercializando como entrenamiento para reducir resistencias psicológicas adversas en soldados que entran en combate. Los militares todavía no pueden entender porque en 2010 y 2009 hubo más casos de suicidios entre los soldados norteamericanos en Irak que muertes en “combate” militar. En Panamá, mediante acuerdos desconocidos, el Ejercito de EEUU maniobra para realizar experimentos con la población panameña. Especialmente en áreas rurales con poblaciones campesinas e indígenas. Entre 1940 y 1970 EEUU realizó en sus bases militares en Panamá múltiples experimentos con soldados puertorriqueños, afro-norteamericanos y de ascendencia europea, así como con panameños, para detectar su resistencia a enfermedades inducidas y conocer aspectos relacionados con su conducta (psicológicos).

Panamá, 13 de octubre de 2011.

“Crónica de una muerte anunciada”

Según el ministro de Seguridad Pública el secuestro y asesinato de cinco jóvenes en La Chorrera fue un asunto aislado. Después se retractó y pidió disculpas. Sin embargo, los panameños sabemos que el ministro considera prioritario los lazos con EEUU y la política de contra-insurgencia que está disolviendo el tejido social de la sociedad panameña. Mientras el rancho arde en casa, el ministro sale de caza con sus amigos norteamericanos a hacerles la vida imposible a los campesinos y pescadores más humildes. Existe una estrecha correlación entre la política equivocada de militarización de la fuerza pública y el incremento del crimen organizado. ¿Cuándo podrá entender el gobierno panameño esta relación tan peligrosa? ¿Son engañados por los agentes norteamericanos o saben perfectamente lo que hacen?

Según el último informe presentado ante la nación por el ministro, el número de homicidios en el país disminuyó. A esta altura la credibilidad del gobierno se ha perdido. Según “el Indignado”, quien escribe en internet, después de los asesinatos en La Chorrera, “el miedo es el nuevo sentimiento que caracteriza al panameño”.

Hace escasos días fueron hallados 5 jóvenes panameños asesinados y enterrados en una residencia de La Chorrera. Los casos de secuestros y desaparición en La Chorrera empezaron hace un año. “El Indignado” plantea que los “datos son muy reveladores y merecen ser compartidos con el público en general”.

“Yessenia Loo Kam de 18 años (el primer caso) desapareció cuando iba en trayecto a la escuela. Las autoridades encontraron su vehículo abandonado y dieron la voz de alarma a sus familiares. El Departamento antisecuestro de la DIJ se hizo cargo del caso y recomendó a los familiares de la víctima mantener un bajo perfil y no acudir a los medios para no entorpecer la investigación. Los familiares de Yessenia colaboraron con las autoridades y siguieron sus recomendaciones. A un pariente de la joven le pareció muy familiar la voz del secuestrador que llamaba para pedir el rescate. Incluso, salió a relucir el nombre de Alcibíades Méndez, (quien fue detenido un año y cuatro muertes después) por su acento dominicano”.

En el caso del joven Wen Ken Wu, quien fue el segundo secuestrado, pasó algo muy parecido. “Ken desapareció mientras salía de su negocio rumbo al médico a buscar a su esposa embarazada. Los familiares del joven acudieron a poner la denuncia en la policía de La Chorrera y estos le replicaron que no podían hacer nada hasta después de 24 horas”.

Ken tenía el sistema GPS en su celular el cual enviaba a su local las señales de su ubicación. “Los colaboradores del local rastrearon la señal que venía del área de Trapichito. La señal de GPS emitió señales por más de 24 horas pero la DIJ hizo caso omiso del mismo. Los parientes de Ken siguieron las recomendaciones de las autoridades y colaboraron con ellas al sentirse impotentes”.

Por segunda vez, al escuchar las conversaciones con el secuestrador de Ken, el psicólogo de la DIJ reconoció la voz de la persona involucrada en el caso de Yessenia. Las autoridades le preguntaron a los familiares si el joven Ken tenía algún conocido dominicano. Los parientes de Ken nombraron dos conocidos  y entre estos sobresalía el nombre de Alcibíades Méndez. Estos decidieron no actuar por falta de pruebas concretas y optaron por atrapar al secuestrador en la entrega del rescate. El secuestrador y sus secuaces después de recibir los 83,000 dólares, se esfumaron con el dinero luego de eludir 4 unidades Lince y una unidad antisecuestro en civil”.

Según el Indignado, “los hechos contradicen la versión del ministro de Seguridad Pública y del jefe de la Policía Nacional. Las autoridades argumentan que no hubo cooperación por parte de los familiares de las víctimas. Lo cierto es que éstos mantuvieron el silencio por recomendación de las autoridades competentes para no entorpecer las investigaciones”.

Las vidas de los otros tres jóvenes se habrían salvado si se hubiera actuado de manera más eficaz. “No estaríamos lamentando las muertes más recientes de Samy Zeng Chen, Joel Liu Wong y Georgina Lee Chen. El público panameño se pregunta si hay otros involucrados en este caso”.

El Indignado concluye que estamos frente al “ejemplo de una crónica de una muerte anunciada a la Gabriel García Márquez. Ojalá la muerte de estos muchachos y el dolor de sus familiares no sea en vano y como nación reflexionemos...” La Policía tiene que cumplir con sus obligaciones constitucionales, dedicarse a proteger a las comunidades y revisar su política de militarizar el país. El Ministerio de Seguridad acaba de comprar armamentos sofisticados por un total de 400 millones de dólares. Los deudos se preguntan “¿porqué Panamá tiene que subsidiar la guerra contra el crimen en EEUU”?  

 Panamá, 6 de octubre de 2011.