Relaciones obrero - patronales a la deriva

La Cervecería Nacional SA es una empresa emblemática del sector industrial de Panamá. Fue fundada hace 75 años – en 1936 – inmediatamente después de que se realizara la primera reforma al infame Tratado del Canal Hay-Bunau Varilla de 1903. Muchos han llamado ese Tratado (firmado por los presidentes Harmodio Arias M. y el norteamericano Franklin D. Roosevelt), el acuerdo de “la carne y la cerveza”. Esto era así porque los industriales panameños tuvieron acceso por primera vez al próspero mercado de la antigua Zona del Canal.

La Cervecería Nacional es famosa por sus marcas creadas incluso antes que la empresa se fundara. Además, sus propietarios eran miembros de las familias más poderosas de Panamá: Duque, Vallarino, Arias, Icaza. Entre sus ejecutivos se destacaron políticos como Ernesto de la Guardia, Alfredo “el Mayor” Alemán y Samuel Lewis Galindo. Cuando la planta cervecera se mudó a su actual local en la Transístmica, su modernidad creó todo un precedente para que otras empresas la imitaran.

A mediados de la década de 1960, el grupo de accionistas que encabezaba J.J. Vallarino se separó de la Cervecería Nacional y creó una planta nueva llamada Cervecería del Barú. La nueva empresa estaba aliada a la trasnacional Coca-Cola que ya era reconocida como la embotelladora más grande del mundo. La maniobra fue un golpe duro para la empresa más veterana pero, a la vez, introducjo un ambiente de competencia.

Durante más de trés décadas – 1936 a 1966 – la Cervecería trató de mantener relaciones con sus trabajadores de respeto y altura. El sindicato de trabajadores no se destacó por su combatividad pero mantenìa relaciones de respeto con la patronal. Sin duda, la cervecera era una de las empresas panameñas que más dividendos le ofrecía a sus dueños.

En el marco de las políticas neoliberales, en la década de 1990, la Cervecería Nacional, junto con otras empresas panameñas comenzaron a venderse a grandes trasnacionales internacionales. Fue el caso de la Cervecería Nacional que se vendió a la colombiana Baviera. Esta empresa, a su vez, la vendió - la década pasada - a la trasnacional sudafricana, SAB Miller. La Cervecería del Barú siguió el mismo camino y ahora es propiedad de la holandesa Heineken. Así mismo, Pascual, Estrella Azul, Café Duran y tantas otras empresas panameñas han sido vendidas a trasnacionales.

En pocos años la Cervecería Nacional perdió su personal ejecutivo panameño. Como consecuencia, también, los nuevos empresarios extranjeros comenzaron a imponer políticas cada vez más injustas para con los trabajadores. El número total de trabajadores fue disminuído y la carga del trabajo cayó sobre un número menor de obreros.

Para controlar las posibles protestas de los trabajadores de la Cervecería, la empresa logró montar un sindicato que le fuera “amigable”. (En el lenguaje sindical esto se llama “amarillo”). La empresa tiene dos secciones que se organizan bajo mandos separados. Por un lado, la parte productiva. Por el otro, la sección que distribuye el producto embotellado a los surtidores a escala nacional.

Esta última sección se ha venido organizando como resultado de los abusos a los cuales son sometidos sus trabajadores. Los últimos gobiernos, especialmente el actual, no han querido escuchar las protestas de los trabajadores. Ante los abusos de la empresa y el silencio del Ministerio de Trabajo, los obreros llevaron una manifestación a las puertas de la ministra de ese ramo del Ejecutivo. Más de 300 trabajadores se plantaron frente al edificio Edison para presentar sus reivindicaciones.

Según los trabajdores organizados en su sindicato, desde que se efectuó la venta de la Cervecería Nacional a la SAB Miller, “sus condiciones laborales fueron desemejoradas, la excesiva carga, (con) un promedio de 700 cajas por camión, y (sólo) una tripulación de un conductor y un ayudante…” A su vez, los trabajaodres “reciben por caja física entregada (sólo) medio centavo”. Según un comunicado del Sindicato de Trabajadores de Bebidas y Cerveza, “el salario base (está) por debajo del mínimo establecido por ley. Es decir, entre el básico y la comisión de medio centavo por caja deben hacer el mayor esfuerzo para alcanzar un salario para subsistir”.

Según el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Coca Cola, Alejandro John, “un número plural de trabajadores se ha retirado de la empresa, producto de problemas de salud”. Según John, “la empresa está destrozando la salud de los trabajadores de distribución y de bodega, situación que los obliga a retirarse de sus puestos de trabajo por lesiones corporales”. John también denuncia la indiferencia del Ministerio de Trabajo y la ausencia de la oficina de Salud Ocupacional. “Nuestros compañeros están solos a la deriva, lo que nos motiva a hacer las denuncias”.

El deterioro de las condiciones de trabajo de los obreros panameños pareciera que se está generalizando ante las políticas gubernamentales de flexibilización y desregulación. Las últimas reformas al Código de Trabajo les permite a los empresarios abusar de los trabajadores. Esto es cierto especialmente en esas empresas donde los trabajadores no tienen un sindicato que les permita enfrentar a los ejecutivos en forma organizada. Casos similares se han dado en las obras de construcción de carreteras y en la ampliación del Canal de Panamá.

Les corresponde a los trabajadores, a la ciudadanía y, especialmente, al gobierno nacional intervenir para que las reglas que rigen las relaciones de trabajo se respeten. Si el Ministerio de Trabajo continúa su política antiobrera sólo puede generar conflictos cuyo desenlace final desconocemos.

Panamá, 29 de seeptiembre de 2011.

Crecimiento económico e inestabilidad política

La crisis económica del centro capitalista mundial ha tenido efectos distintos sobre los países de América Latina. En Sur América el incremento de las exportaciones de materias primas a China han tenido un impacto favorable. Incluso, sobre la correlación política que ha visto un giro hacia la izquierda. En Centro América y el Caribe, así como México, la experiencia ha sido diferente. Su vínculo más estrecho con EEUU ha creado problemas en su crecimiento e, igualmente, en su estabilidad política.  El caso de Panamá es ambiguo. Por un lado, el Canal de Panamá ha sostenido un crecimiento espectacular de la economía nacional. Sin embargo, las políticas equivocadas de seguridad militar impuestas por EEUU incrementan la inestabilidad política y la criminalidad.

En Sur América la proyección de estabilidad política puede deberse, en primer lugar, a la transformación de la correlación de fuerzas sociales. El movimiento obrero organizado golpeado por las políticas neoliberales y las crisis económicas (del “tango”, “tequila”, etc.) fue, en parte, complementada por la reestructuración de las capas medias. Un porcentaje significativo de este sector, en búsqueda de cierta estabilidad, optó por apoyar las propuestas políticas de un modelo“social demócrata” diferente (PT, Justicialismo, Frente Amplio). Incluso, las capas medias se inclinaron, en muchos casos, a favor de los gobiernos populistas que surgían sin precedentes partidistas históricos (Socialismo del siglo XXI, MAS y Frente Sandinista).

En segundo lugar, surgió - como alternativa al estancamiento del comercio exterior con EEUU - la opción presentada por la creciente demanda comercial de China. La pérdida relativa de la relación con EEUU se puede analizar desde tres perspectivas diferentes: Primero, la industria norteamericana perdió su competitividad y disminuyó sus exportaciones a la región. Segundo, la falta de crecimiento de la planta industrial norteamericana disminuyó las importaciones de materias primas. América Latina era el proveedor más importante de estos rubros cuando EEUU tenía una manufactura pujante. Por último, la tecnología de punta que actualmente exporta EEUU favorece países donde existe una fuerza de trabajo más barata y disciplinada. Este es el caso de China y otros países del Lejano Oriente.

En cambio, el comercio con China se ha disparado. En pocos años el país oriental se convirtió en el segundo socio comercial de la región, tanto visto desde la perspectiva de las exportaciones latinoamericanas (materias primas) como las importaciones (manufacturas). En 2000, el comercio entre América Latina y China alcanzaba los 13 mil millones de dólares. A principios de la segunda década del presente siglo llegará a 150 mil millones de dólares. La región se ha transformado en un importante proveedor de productos primarios a China, suministrando más del 60 por ciento de las importaciones chinas de soja (principalmente de Brasil y Argentina), un 80 por ciento de harina de pescado (de Perú y Chile), cerca del 69 por ciento de los despojos de aves troceados (Argentina y Brasil) y un 45 por ciento de vinos y uvas (Chile).

En algunos países de Sur América el cambio significó un enfrentamiento político con EEUU. La nueva correlación de fuerzas en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador produjo un choque con los intereses tradicionales de EEUU en esos países. Al mismo tiempo, la nueva correlación de fuerzas produjo gobiernos más independientes en Brasil. Argentina, Uruguay e, incluso, Paraguay. Estos siete países tienen gobiernos que le dan sentido a la etiqueta de “giro hacia la izquierda”. Para administrar estos cambios políticos – producto de la nueva correlación de fuerzas – llegaron al poder partidos políticos asociados con posiciones de izquierda. Las imágenes, los discursos y la historia de los nuevos partidos y sus líderes se asocian con los símbolos de las luchas populares del siglo XX: movilizaciones populares, intervención del Estado y socialismo.

En los casos de Chile, Colombia y Perú la situación se encuentra aún borrosa aunque pueden darse cambios a corto plazo como consecuencia de la nueva correlación de fuerzas. En el caso de Chile, la “izquierda” dentro de la llamada Concertación que (1991-2010), se distanció de los discursos de la izquierda del siglo XX. Adoptó una imagen globalizada, flexible y subordinada al “Consenso de Washington”. En Colombia, la intervención directa militar de EEUU evitó que se llegaran a pactos entre las nuevas fuerzas sociales que emergen al calor de una guerra civil. Todo indica, sin embargo, que en el caso de la patria de Santander su dependencia económica y militar frente a EEUU sigue siendo dominante. En el caso de Perú, aún está por verse si se estabiliza una nueva correlación de fuerzas. La triangulación entre Brasil, EEUU, China puede beneficiar a Perú.

Los nuevos gobiernos de “izquierda” de América del Sur han logrado desarrollar programas sociales que alivian las contradicciones que surgen como consecuencia de la falta de políticas de desarrollo en sus respectivos países. Una porción de los excedentes extraordinarios recabados del creciente comercio con China, se destina a paliar la falta de participación en los procesos de producción de los trabajadores. En algunos casos son administrados por nuevas organizaciones políticas, en otros por organizaciones con historia y bases consolidadas. Paraguay y Perú se dirigen hacia un camino autónomo. Chile y Colombia negocian entre las diferentes clases sociales la salida más adecuada.

Panamá, 22 de septiembre de 2011.

El Canal de Panamá y la coyuntura

Las diferentes expresiones políticas, económicas y sociales de Panamá tienden a ser influenciadas de una u otra manera por el Canal de Panamá. Sin duda, el buen manejo del Canal, y de nuestra posición geográfica, incide sobre la integridad de la vida nacional. La vía acuática, desde la fundación de la República, hace más de un siglo, ha ocupado un lugar central en la vida de todos los panameños. Pronto habrá un cambio de administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que preocupa a muchos. Desde principios del siglo XXI la contribución económica del Canal al erario público se ha multiplicado varias veces. A su vez, los sectores dominantes continúan depredando la cuenca poniendo en peligro el tránsito de barcos.

Noticias recientes destacan el conflicto entre la ACP y las autoridades de la Alcaldía capitalina, así como con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), por la autorización de permisos de poca transparencia a empresas que quieren impulsar proyectos urbanos mal concebidos. Igualmente, el gobierno está a punto de quitarle a la ANAM los terrenos donde estaban los polígonos de tiro que usaban las fuerzas armadas de EEUU – de triste recuerdo -  y entregarlas a la Policía Nacional. ¿Tendrá el gobierno la idea de convertir a los polígonos nuevamente en zonas de bombardeos y prácticas militares? Los polígonos están a un costado de las nuevas esclusas que se están construyendo.

La falta de un plan de desarrollo nacional por parte de los gobernantes se percibe también en la ausencia de debates en torno al futuro del Canal y sobre la declinación de los tránsitos de barcos y la resultante disminución de carga y peajes. Por primera vez en varios años, la tasa de crecimiento de las entradas por concepto de peajes disminuyó en junio del presente año, según cifras dadas a conocer por la Contraloría General de la República. La carga que pasó por el Canal en el mes de junio fue menor al mismo período del año pasado.

La razón que mejor explica esta situación es la pérdida de dinamismo en el comercio entre EEUU y la República Popular China. La recesión que afecta a la economía de EEUU le impide mantener su ritmo de importaciones de China. Panamá tiene que estudiar esta situación con mucho cuidado para determinar cual es la mejor política para enfrentar los efectos de la crisis global sobre la vía acuática. Si el comercio entre los dos gigantes disminuye afectará el Canal, las instalaciones portuarias y la Zona Libre de Colón.

El movimiento portuario experimentó una reducción relativa comparada con el año pasado. Una disminución de este tipo puede afectar a las otras áreas donde los financistas especuladores (nacionales y extranjeros) han hecho fuertes inversiones endeudando al país. Un frenazo de los tránsitos por el Canal podría traer consecuencias imprevistas para la economía de servicios de Panamá. Además, una percepción negativa de la situación puede asustar a los inversionistas extranjeros (tanto los legítimos como los de dudosa reputación).

La ACP enfrenta en estos momentos dos frentes conflictivos en el campo laboral. Uno enfrenta a los trabajadores que construyen las obras de ampliación del Canal y un consorcio empresarial internacional. La otra se encuentra dentro de la misma estructura sindical de la Autoridad del Canal.

Los trabajadores se quejan que las autoridades de la ACP ignoran a los representantes sindicales y negocian con un personaje que se hace pasar por sindicalista. Un comunicado de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) denunció que la “Representación Exclusiva (de los trabajadores) está siendo afectada por la conducta poco ética de un señor Gabriel Ayú Prado. Mediante supuestas maniobras fraudulentas en asociación con otras personas usurparon la dirección del sindicato International Brotherhood of Electrical Workers IBEW, Local 397. Incluso, hubo retenciones irregulares de fondos de las cuotas de los trabajadores de la IBEW... (Las cuotas) aún no han sido pagadas pese a la existencia de una decisión de la Junta de Relaciones Laborales de la ACP”. La ACP tiene 12 sindicatos, heredados de los tiempos de la Comisión del Canal.

Igualmente, los trabajadores contratados por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) - integrada por la  española Sacyr Valle Hermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la Constructora Urbana S.A. (CUSA) de Panamá - acusan a la empresa de abuso de autoridad y de extender la jornada de trabajo. El año pasado la empresa puso en peligro la vida de varios obreros. El consorcio internacional tiene un plazo hasta 2014 para dejar instaladas y funcionando las dos nuevas esclusas que le servirán a los barcos post-Panamax (hasta 160 mil toneladas de desplazamiento).

Mientras que el gobierno nacional está inmerso en sus asuntos de sucesión presidencial, el resto del país tiene que velar por sus intereses sin tener a la cabeza a quienes fueron elegidos para ese propósito. En esta coyuntura – apenas una década después de la entrega a Panamá de la administración del Canal – hay que proteger la cuenca, hay que asegurar los ingresos y, sobre todo, hay que respetar a los trabajadores panameños que laboran 365 días al año en esa institución de importancia estratégica para el país.

Panamá, 15 de septiembre de 2011.

Escenario de insurgencia en Panamá

A fines del mes pasado, las organizaciones del pueblo kuna protestaron por la muerte injustificada de un joven a manos de miembros del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Según un comunicado de la Organización de Resistencia Guna (ORGUN), del 20 de agosto de 2011, Benigno González fue agredido físicamente – causándole la muerte – por agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en la comunidad de Narganá.

ORGUN dice que “el  joven del caso aludido, se encontraba en estado de embriaguez y al resistir el arresto, unidades del SENAFRONT inmediatamente le asestan golpes contundentes… Al caer al suelo recibe otros múltiples golpes y patadas, todo lo cual lo dejan mal herido e inconsciente… Seguidamente  fue esposado  con las manos colocadas tras sus espaldas y levantado por la estrecha cadena de las esposas… (Con) las coyunturas de los brazos dislocadas fue conducido al cuartel de la policía por las unidades del SENAFRONT para luego llevarlo al centro de salud de la comunidad”. Obviamente, pareciera que estos agentes no tienen formación ni entrenamiento policíaco ya que no respetaron los derechos humanos del joven Benigno González.

Todo indica que la formación militar que reciben los agentes de SENAFRONT no les habilita para servir de guardianes del orden comunitario. Todos queremos vivir en paz y tranquilidad y esperamos que la Policía Nacional sea el garante de esos derechos. Pero no puede ser a costilla de la vida humana.

El comunicado de la organización kuna señala que una vez Benigno González está en el “centro de salud, la médica de la comunidad al percatarse de la situación del paciente, decide inyectarle un suero para calmarle el dolor… Su esposa que lo acompañaba interviene para tratar de impedir que se le ponga la inyección al padecer él de ataques cardíacos. Posteriormente el joven muere de un ataque cardíaco”.

SENAFRONT también tiene responsabilidades en la provincia de Darién y en la frontera entre Panamá y Costa Rica. La militarización de este cuerpo no le da derecho alguno de maltratar a la población. Muy por el contrario, si están en esos lugares es por alguna razón que debe justificarse. Sin duda no es para atacar y someter a la población al terror de su fuerza desproporcionada.

La organización kuna también denuncia en su comunicado “que la policía no intervino para poner orden y paz en la comunidad…Fue el SENAFRONT, una fuerza   militar de élite entrenada supuestamente contra el  narcotráfico y una insurgencia armada”. Los kunas señalan que la “brutal acción pone nuevamente de manifiesto el racismo y la intolerancia de la formación que reciben las unidades del SENAFRONT contra los comuneros de la Comarca Guna Yala”. Recuerdan que fue “de ésta manera que se provocó el levantamiento armado del pueblo kuna en 1925”.

Desde que los últimos dos gobiernos panameños pactaron con EEUU la instalación de fuerzas militarizadas a lo largo de las costas y las fronteras de Panamá hemos planteado lo peligroso y erróneo que es esta política. El ministro de Seguridad Pública ya ha indicado que los lugareños que no cooperan con los militares son enemigos del país y pueden ser objeto de expulsión, reclusión o represión. En la actualidad, esta situación se experimenta en áreas relativamente alejadas de los centros urbanos. Mañana los militares pueden comenzar a realizar operaciones en la capital y en las principales ciudades del país.

Lo que es aún más peligroso es que estos comandos militarizados no se encuentran bajo las órdenes de panameños. No acatan los intereses nacionales y trabajan en función de una estrategia global norteamericana. EEUU ha inventado un escenario de insurgencia en Panamá. Considera que para derrotar a la insurgencia es “vital” evitar la creación de nuevos insurgentes “cueste lo que cueste”. Esto se logra a través de las Operaciones de Contra Insurgencia - Coin – que incluyen programas permanentes de asistencia, ventas de equipos militares, entrenamiento y educación militar.

Según sus instructivos, los comandantes norteamericanos de las unidades asesoras deben “medir y evaluar” a las fuerzas de seguridad panameñas y trabajar muy cerca con ellas para aquilatar su calidad. Luego de esa evaluación, los planificadores desarrollarán programas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Un resultado de ese ejercicio es determinar “si algunas de esas fuerzas armadas son tan disfuncionales o corruptas que deben desmantelarse en lugar de ser rehabilitadas”. Incluso, los norteamericanos anticipan que, en algunos casos, los comandantes necesitarán reemplazar a algunos líderes de la nación anfitriona antes de que sus unidades sean totalmente funcionales.

El más reciente manual sobre táctica contrainsurgente, que estudian los jóvenes reclutas panameños en EEUU, apunta hacia la nueva estrategia regional de ese país. En la actualidad, para efectos de sus ejercicios de contrainsurgencia EEUU reúne al narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla bajo el mismo concepto de insurgencia.

En esta mezcla explosiva también incluyen a los indígenas, campesinos y, quizás, en el futuro a los trabajadores. Benigno González fue una de las primeras víctimas. ¿Cuándo nos daremos cuenta del monstruo que estamos creando para cambiar esta política antes de que sea muy tarde?

Panamá, 7 de septiembre de 2011.

Martinelli echa toda la carne al asador

La separación del presidente del Partido Panameñista y vicepresidente de la República, Juan C. Varela, como Canciller de la República crea una crisis de proporciones cuyo desenlace puede ser catastrófico. ¿Estará el presidente Ricardo Martinelli sobreestimado su mano? El Partido Panameñista estaba avisado desde hace varios meses. El presidente Ricardo Martinelli esperaba el momento más oportuno para dar su golpe. ¿A quién favorecerá a corto plazo este rompimiento? El presidente Martinelli tiene el impulso a su favor, pero cualquier piedra en el camino lo puede descarrilar facilmente.

La dirección política que el actual gobierno le ha dado al país en los últimos dos años ha generado nuevas contradicciones que ponen en peligro la estabilidad económica del proyecto de acumulación promovida desde la  invasión militar norteamericana de 1989. El presidente Martinelli no sólo ha arremetido contra los sectores populares - trabajadores organizados, comunidades y barriadas, agricultores, campesinos y pueblos indígenas - también se empecina en desplazar del círculo de poder a fracciones de la tradicional clase dominante.

La guerra de clases declarada por Martinelli contra los sectores populares en 2009, se ha extendido a un enfrentamiento con los empresarios vinculados a la producción agropecuaria y manufacturera. Igualmente, el gobierno “empresarial” ha puesto en la mira a inversionistas que no se acoplan al modelo especulador. La víctima más importante fue su propio vicepresidente contra quien invertirá los recursos necesarios para desarmar su candidatura presidencial en las elecciones de 2014.

Las maniobras de Martinelli produjeron daños colaterales en el PRD, partido de oposición, que reclama para sí el discurso torrijista. Los capitales más poderosos (y tradicionales) se han tomado el PRD pero aún no encuentran la manija para salir de su crisis de credibilidad. Las contradicciones afloran con regularidad en las relaciones con el gobierno, en la Asamblea de Diputados y en el propio seno del partido.

El presidente Martinelli ha mostrado sus intenciones de ir a la reelección, a pesar de que la Constitución Política lo prohíbe. Pronto tendrá los 36 diputados que necesita para formar una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. También quiere nombrar 5 magistrados nuevos en la Corte Suprema de Justicia en enero de 2012 que le daría una cómoda mayoría. Martinelli ha mencionado a sus delfines, pero es muy probable que sólo esté pensando en su propia persona.

El proyecto oficial de la “segunda vuelta” parece ser un globo de prueba para medir la “temperatura política”. La actual correlación de fuerzas le daría a cada uno de los tres partidos “grandes” un tercio del electorado en 2014. Martinelli calcula que si es derrotado en la primera vuelta, tiene los votos del contrincante que llega tercero para ganar en la “segunda vuelta”.

El debate sobre la “segunda vuelta” en la Asamblea de Diputados fue ganado por Martinelli con los votos del PRD y la oposición cerrada del Partido Panameñista, del vicepresidente Varela. El gran capital refugiado en el partido fundado por Omar Torrijos en 1978 está consciente de este dilema y espera que el tiempo juegue a su favor.

El presidente Martinelli continúa cometiendo errores en todas las esferas de su gobierno y los escándalos de corrupción son denunciados casi a diario en los medios de comunicación. La militarización del país se acelera a un paso que supera los peores pronósticos. La semana pasada se anunció la construcción de una base militar en la comunidad de Antón, vecina del futuro aeropuerto internacional de Río Hato. En ese lugar EEUU construyó una base militar durante la segunda guerra mundial.

En el marco de los “negocios” de la gestión gubernamental, la popularidad del presidente Martinelli, según las encuestas, fluctúa entre 36 por ciento (IPSUS) y el 63 por ciento (D&N). Indiferente, el CD inscribió 80 mil nuevos adherentes el fin de semana pasado. Sin embargo, el pueblo no confía en los ministros y colaboradores del gobierno.  

Una crisis de los tres partidos políticos vinculados a los grandes millonarios  panameños (Martinelli, Varela y los muchos del PRD) y a los intereses norteamericanos, puede ser el detonante para que aparezcan alternativas políticas que se encuentran a la izquierda del actual espectro electoral. Hay sectores populares que están apostando a convertirse en una oposición electoral viable después de muchos años de ocupar posiciones marginales.

Hace pocos meses el movimiento social Frenadeso lanzó el Frente Amplio por la Democracia (FAD) con el propósito de inscribirlo como partido para presentarse en las elecciones de 2014. El Partido Alternativa Popular (PAP) se está reestructurando para fortalecer sus bases. Por su lado, Juan Jované  no ha abandonado su candidatura de libre postulación. Las opciones plantean una lucha larga y difícil contra una estructura política monopolizada por empresarios, con una tradición de muchas décadas y que han recurrido siempre a las medidas de fuerza para contener las propuestas políticas populares.

Martinelli, sin embargo, con su estilo abierto y arrogante de hacer política corrupta, está creando las condiciones para abrirle al pueblo una ventana para legitimar una propuesta electoral propia.

Panamá, 1º de septiembre de 2011.