jueves, 30 de junio de 2011

Equidad de género

Un grupo de hombres feministas, pertenecientes a una organización llamada Fundagénero, le envió el arzobispo José Domingo Ulloa, de la Iglesia católica panameña, una carta manifestando su preocupación por la falta de responsabilidad del prelado. Todo indica que la Iglesia católica – y quizás cuantas otras iglesias en Panamá y en otras partes del mundo – sigue creyendo que la relación entre hombres y mujeres es asimétrica. Es decir, el hombre por algún don sobrenatural es superior a la mujer.
El sentido común nos dice que hombres y mujeres son diferentes... biológicamente. La naturaleza nos brinda funciones distintas en el proceso de reproducción de la especie. Esto es lo que se llama sexo.
La sociedad, a lo largo de un largo proceso de desarrollo – con sus contradicciones y conflictos permanentes – asigna diferentes roles y, a la vez, define posiciones sociales diversas a sus miembros. Esto es lo que se llama género. Las mujeres panameñas y de otros países tienen varios siglos de estar luchando por la “equidad de género”.
Esto quiere decir que aspiran a tener los mismos derechos humanos que los hombres: vida, libertad, educación, salud y, sobre todo, trabajo. Con estos derechos los hombres y las mujeres pueden formar una familia integral, donde le pueden trasmitir sus valores a sus hijos, familia, comunidad y país.
La sociedad panameña aún le falta mucho para alcanzar esos objetivos. El empleo informal y el trabajo precario del 50 por ciento de los hombres y de las mujeres panameños, tiende a desintegrar la familia, a desarticular las comunidades y a corromper a las autoridades que forman alianzas con el crimen organizado. Este es el enemigo de la integridad de la familia. Poner a nuestra juventud a estudiar y a trabajar debe ser la prioridad de la Iglesia católica y todas las otras.
Los miembros de Fundagénero fustigan al arzobispo por hacer un llamado a los padres para que “recuperen su papel en la familia, ya que quizás por el feminismo radical, la mujer tiene una obsesión por arrinconar al hombre”. Son palabras extrañas, especialmente viniendo de una persona supuestamente educada en las mejores academias e institutos. De hecho, suena a un llamado a la “lucha de los géneros”.
Los representantes de Fundagénero agregan que el llamado del arzobispo “constituye, además de una injusticia inconsecuente con las enseñanzas de Jesús, un acto de irresponsabilidad, rayano en la apología de la discriminación y el abuso contra las mujeres”.
El grupo le recuerda al arzobispo Ulloa que “el 75 por ciento de las denuncias presentadas en los últimos años por violencia doméstica han sido perpetradas por hombres y sólo el 2 por ciento han sido perpetradas por mujeres. Cuando en 2003, se aprobó la Ley de Paternidad Responsable, más de 100,000 personas reclamaron el reconocimiento de sus padres.
“Durante siglos, feministas arriesgaron su libertad, su vida, honra y bienes, en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de mujeres y niños: el derecho a la educación, a recibir un diploma universitario, a practicar la carrera de abogada, a poseer bienes, a un trabajo remunerado, al sufragio, a ser testigo en un juicio, a interponer una demanda penal cuando es agredida física o sicológicamente. Nos permitimos recordarle a monseñor (Ulloa), que antes de que se aprobara la Ley de Violencia Doméstica en Panamá, la violencia del marido contra su mujer no estaba tipificada como delito”.
La carta dirigida a la Iglesia católica concluye con la cita del arzobispo quien apuesta al triunfo del hombre en “la lucha de géneros”. Se puede comprobar mediante estudios que la razón por la cual muchos padres y madres han perdido su papel fundamental en la familia es porque los gobernantes que legislan han eliminado, mediante sus leyes absurdas, los empleos (y salarios) que necesitan los trabajadores para sostener el hogar y consolidar las relaciones entre padres e hijos.
En la misma alocución, el prelado de la Iglesia católica hizo una fuerte denuncia contra la corrupción que invade a todos los sectores del país y está haciendo estragos en a nivel de las instituciones sociales. Sus palabras fueron dirigidas especialmente a los políticos locales – del gobierno y de la oposición – que, según algunos, tomaron nota.
La posición frente a la corrupción por parte de la Iglesia es un buen indicio de que esa institución puede también acercarse a los gremios de trabajadores, profesionales y estudiantes para que juntos trabajen con una política que impulse la equidad de género. Además, la Iglesia puede impulsar cambios en el Ministerio de Educación – actualmente de espaldas a la familia panameña - para alcanzar este objetivo que contribuiría al desarrollo nacional.
Panamá, 30 de junio de 2011.

jueves, 23 de junio de 2011

Falta de seguridad y políticas públicas fracasadas

Desde hace una década insistimos en la que la falta de seguridad pública en Panamá es el resultado de las políticas equivocadas de los gobiernos de turno. Son las políticas de flexibilización del trabajo, de la desregulación y de la corrupción que generan una inestabilidad permanente. Tenemos que optar por una sociedad con un plan de desarrollo con empleo pleno que erradique la criminalidad y garantice el crecimiento con seguridad.
La criminalidad y la violencia social es el producto de la forma en que los sectores más poderosos organizan a la sociedad. En sociedades productivas, donde todos los miembros tienen una responsabilidad asignada, la criminalidad prácticamente no existe. En la historia, así como en la actualidad, sociedades de este tipo abundan. Sin embargo, en sociedades donde predomina la corrupción y la especulación, la producción es relegada a un segundo o tercer plano. En Panamá, que se organiza en torno a la especulación económica, tenemos el caso de familias desintegradas, de la deserción escolar y del pandillerismo.
En Panamá el 70 por ciento de los nacimientos que se registran en el país se produce fuera de una relación matrimonial. No hay sociedad civil, iglesia o gobierno que le interese enfrentar este problema.
Según el Ministerio de Educación, el 70 por ciento de los adolescentes abandonan las escuelas antes de terminar la educación media. Tampoco hay política que enfrente este engaño y que le dé oportunidad a nuestros jóvenes de llegar a una vida adulta en toda la plenitud de su capacidad.
Según las autoridades policíacas hay 270 pandillas bien organizadas, sólo en la ciudad de Panamá. Es probable que existan más y en otras ciudades del país.
Qué es lo más importante de estos datos. ¿Qué significan? Se nos dice que la desintegración familiar es causa de la deserción escolar. A su vez, que la deserción escolar es causa del pandillerismo.
La realidad es mucho más compleja. Tanto la desintegración familiar, como la deserción escolar y el pandillerismo, son efectos de una misma causa. La causa de estos males es la enorme desigualdad social creciente que caracteriza a la nación panameña.
La desigualdad creciente es el resultado de políticas que hombres y mujeres como nosotros convertimos en leyes, que el sistema judicial defiende al servicio de una sociedad injusta y que castiga a los grupos sociales que quieren modificarlo.
En los últimos 20 años, desde la invasión militar norteamericana, se han aplicado medidas de ajuste que han dejado sin trabajo a centenares de miles de jefes de familia. Al mismo tiempo, esas mismas leyes han creado unas decenas de familias multimillonarias.
Mientras que en 1995 el 69 por ciento de las riquezas que se producía en el país se destinaba a cubrir los salarios de los trabajadores que las producían, en la actualidad el 37 por ciento de las riquezas son para los trabajadores. Las cifras que proporciona el gobierno son elocuentes. La pobreza golpea cada vez con mayor dureza a la población panameña. Los niños trabajan en los campos veragüenses, piden limosnas en las calles de Colón y se mueren de hambre en Darién.
En sociedades como Panamá, sacudidas por la violencia, no podemos seguir respondiendo con más violencia física, económica o social. Es prueba de nuestra inmadurez, de falta de conocimiento y de la incertidumbre que agobia una sociedad cuyos miembros tienen miedo de lo desconocido. Tenemos que romper las cadenas que nos atan a la ignorancia y hacer leyes a favor de nuestros niños y adolescentes. También para toda la población ¿Por qué no?
Abandonemos las políticas especulativas que caracterizan a nuestros financistas trepados en sus oficinas refrigeradas que se alegran cuando ven subir torres, cintas y casinos y, al mismo tiempo, se declaran impotentes cuando ven bajar los niveles de vida de la población, de su bienestar y esperanzas de vida. La rapiña se ha vuelto cotidiana. Arrasan con nuestras costas, nuestras ciudades, nuestra infraestructura, nuestra juventud, nuestra dignidad.
Los hombres y mujeres panameños de hoy tenemos que enfocar el problema de la criminalidad por lo que es: Un problema social creado por nuestras propias políticas equivocadas en el campo de lo económico y de lo social. Si le damos un giro a esas políticas – con empleos productivos, escuelas, salud, seguridad social, caminos, cultura – producto de las riquezas que todos producimos, veremos surgir un Panamá donde la juventud estará dedicada al estudio y al trabajo, lejos de la Joyita y de las esquinas calientes.
Panamá, 23 de junio de 2011.

jueves, 16 de junio de 2011

EEUU renovará operaciones militares desde Panamá

Con motivo de la creciente militarización de Panamá por parte de EEUU con la complicidad de los gobiernos de turno y, especialmente, el presidido por el actual mandatario, Ricardo Martinelli, es conveniente revisar que significó para los panameños esta presencia de las fuerzas armadas norteamericanas en el siglo XX.  En el transcurso de la pasada década aparecieron dos libros de autores norteamericanos sobre la política exterior de EEUU en materia militar, teniendo como estudio de caso a Panamá. El primero fue de John Lindsay Poland, promotor activo de los derechos humanos y de causas ambientales, publicado en 2003. El segundo fue publicado en 2007, de Peter Sánchez, oficial del Ejército de EEUU y especialista en ciencia política.
Ambos libros reúnen una extensa bibliografía para enfocar la evolución de la política exterior norteamericana, en particular lo concerniente a su expansión militar. Por un lado, en su estudio sobre la ocupación militar norteamericana de Panamá, Lindsay Poland presenta (casi en forma de denuncia) los daños “colaterales” causados en materia ambiental. Por el otro, Sánchez recrea la ideología que subyace en la política exterior de EEUU planteando lo que considera los beneficios y errores cometidos en el caso de Panamá durante la ocupación militar en el siglo XX.
En 1996, EEUU concibió – sin éxito - el Centro Multilateral Antidrogas (CMA) para operar desde la antigua base aérea de Howard, contigua al Canal de Panamá. En los primeros años del nuevo siglo, los embajadores de EEUU firmaron seis acuerdos de cooperación militar con autoridades del gobierno panameño. Con la excepción de uno, todos los otros documentos no fueron aprobados por la Asamblea Nacional de Diputados pero están vigentes.
En la actualidad, EEUU ha encontrado un gobierno panameño entusiasmado en reproducir las viejas relaciones militares con la potencia hemisférica. Aun cuando la situación es confusa y caracterizada por la improvisación, todo indica que a corto plazo EEUU completará la construcción y operaría y ejecutaría misiones desde casi una docena de bases “aeronavales” situados sobre costas panameñas.
Los libros de Sánchez y Lindsay Poland veían este escenario de re-militarización del istmo panameño sin mayores sorpresas. Sánchez dice que “EEUU tiene una obsesión para demostrarle al mundo cuan “duro” es su poder. Washington está más interesado en desarrollar una política de luces cortas y no se preocupa de desarrollar una estrategia de largo plazo”. Sanchez agrega que “la llamada guerra contra el terrorismo que impulsa EEUU tiene el potencial de alienar a los países de América latina”.
Al referirse a los objetivos de la invasión militar norteamericana de Panamá en 1989, Sanchez señala que tenían una proyección regional que respondía a una estrategia para preservar la hegemonía. Sanchez duda que Panamá pueda alcanzar a organizar una democracia “si su política económica es determinada por intereses extranjeros”. Agrega que “las políticas de EEUU han socavado la democracia en Panamá como resultado 1) de las invasiones militares, 2) la selección equivocada de sus aliados panameños y 3) apoyo a la oligarquía”. 
El trabajo de Lindsay Poland es el primero que realiza un norteamericano sobre el impacto ambiental que tuvo la ocupación militar de EEUU en Panamá. El texto está fundamentado en numerosos documentos oficiales del gobierno norteamericano. Lindsay Poland denuncia el desastre ambiental dejado por EEUU en el Istmo. Además, desenmascara la ideología de superioridad política, étnica (racista) y ecológica que caracteriza el aparato de Estado norteamericano - que reflejan muy bien las Fuerzas Armadas de ese país. Esta es precisamente la institución que sirvió de punta de lanza en la expansión militar de EEUU en los últimos dos siglos.
Según Lindsay Poland, Panamá se convirtió en un centro militar de EEUU para realizar experimentos que iban desde las armas de guerra hasta los seres humanos, pasando por el ambiente. Los objetivos estaban relacionados con la expansión y conquista global. Con relación a los experimentos hechos sobre armas y seres humanos, Panamá se convirtió en una “probeta” donde se sometían ambos a pruebas de resistencia y se comparaban con otros escenarios climáticos. Al mismo tiempo, se hacían experimentos socio-ecológicos bajo el supuesto que era necesario transformar la naturaleza para permitirle al hombre europeo colonizar el trópico. “El Ejército de EEUU también fue responsable de otro tipo de intervención que no fue estrictamente militar: La transformación de la Zona del Canal para hacerla segura biológicamente para el hombre blanco”.
Pueden consultar los dos libros: John Lindsay-Poland, Emperors in the Jungle: The Hidden History of the U.S. in Panama. Durham, NC: Duke University Press, 2003 y
Peter M. Sanchez, Panama Lost? U.S. Hegemony, Democracy, and the Canal. Gainesville: University Press of  Florida, 2007.
 Panamá, 16 de junio de 2011.

jueves, 9 de junio de 2011

El Comando Sur y el nuevo régimen de seguridad


El Comando Sur de EEUU anunció que en agosto de 2011 realizará sus maniobras militares Panamax en torno al Canal de Panamá. Invitó a un total de 17 países de la región, incluyendo a Panamá, para que participen en el operativo de 15 días. Las maniobras, un triste remanente de la guerra fría, son parte de la novena versión de los ejercicios multinacionales Fuerzas Aliadas Panamax.

El año pasado, los norteamericanos realizaron una operación similar para enfrentar una supuesta insurrección popular panameña. Según un despacho de prensa fechado en aquella época, “el Comando Sur defendería el Canal de Panamá contra un levantamiento de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que pretenden desestabilizar al Estado panameño”. Para este año, el Comando Sur aún no ha anunciado quienes son los enemigos de los 2,000 efectivos participantes.
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli tiene que demostrarle a su mentor norteamericano que el uniforme militar, los gorros y las medallas que presentan sus subalternos en las reuniones del “alto mando conjunto” son merecidos. Durante el último año, el Ministerio de Seguridad ha realizado operaciones tácticas a lo largo de la geografía panameña sacando a relucir su nuevo armamento y las flamantes bases aéreo navales.

Las llamadas bases aeronavales que construye EEUU en ambos litorales de Panamá ya están causando conflictos entre las tropas panameñas y los moradores – en su mayoría campesinos - de esos lugares. Además, está creando un elemento de soberbia entre los militares panameños que colaboran con EEUU desde las distintas instancias de la Policía Nacional. Estos elementos, comenzando por el propio ministro de Seguridad, parecieran creerse por encima de la ley y de los intereses del pueblo panameño.

En Jaqué, Daríen, cerca de la frontera de Colombia, la base militar financiada por EEUU y operada por efectivos panameños, ha construido retenes y controla los movimientos de la población. En la comarca Cuna-Yala ha generado reacciones de los pobladores que acusan a la fuerza fronteriza de “terrorismo”. En el norte de la provincia de Veraguas ha provocado un enfrentamiento entre la comunidad y las tropas navales.

En abril del presente año la Organización Revolucionaria de Resistencia Kuna (ORKUN) condenó “la violenta agresión cometida contra la comunidad kuna de Miria Ubigandup, por parte del Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT), causando heridas en los ojos de un argar (vocero y guía espiritual), producto del lanzamiento de bombas  lacrimógenas. Según ORKUN, esta “actitud terrorista del SENAFROT demuestra la intolerancia, la incapacidad y la brutalidad en el manejo de una situación de conflicto interno en una comunidad regida bajo sus propias normas jurídicas y culturales”.
Poco antes, el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, arremetió contra la comunidad de Guázaro, sobre el litoral caribeño en el norte de la provincia de Veraguas. Los campesinos se quejan de los abusos de los militares panameños. Mulino le pidió incluso al Ministerio Público que investigara al representante de la comunidad por estar “brindando colaboración” a las fuerzas enemigas. Al mismo tiempo, el ministro ordenó que se reforzara la custodia y patrullaje de varias comunidades (entre ellas Belén y Calovébora).
Mulino parece tomar muy en serio las líneas de acción que emanan del Comando Sur y aseguró que sus fuerzas armadas “no se van” de la comunidad. Un diario de la capital panameña, dándole seguimiento a este lamentable espectáculo – en el peor estilo “macartista” - sentenció que “la denuncia de Mulino obedece a que el representante de la comunidad ha sostenido reuniones con la población para exigir la salida del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)”. El diario – por ignorancia o por complicidad - concluyó que “resulta inaudito que un representante abogue porque los uniformados que laboran en el área se retiren. Razón tiene el ministro en pedir que se haga una investigación al respecto”.
En la actualidad, la militarización de Panamá avanza rapidamente en algunas comunidades relativamente aisladas como las mencionadas más arriba. Pero cuando el país entero se encuentre nuevamente sometido a un régimen militar, sirviendo a los ineptos gobernantes, los abusos y los retenes serán generalizados. Tendremos en ese futuro, que no se ve tan lejano, un ministro de Seguridad que acuse a todos los panameños de “brindar colaboración” a los enemigos. Tampoco faltarán diarios – como en el pasado – que defenderán a los uniformados que abusan de su poder para defender los intereses de quienes se consideran dueños del país.
El ejercicio de Panamax que se inaugura el próximo mes, para la supuesta defensa contra una insurrección popular panameña, es un buen ejemplo de los planes militares que tiene nuestro Ministerio de Seguridad y los actuales gobernantes.
Panamá, 9 de junio de 2011.

jueves, 2 de junio de 2011

Otro conflicto arrecia en el Tabasará

El presidente Ricardo Martinelli abandonó Panamá durante el fin de semana para gozar como un fanático más de las jugadas de un partido de fútbol en Europa. Dejó en el patio una polémica iniciativa de introducir una segunda vuelta en la institucionalidad electoral del país. Al mismo tiempo, su ministro de Economía está obsesionado con un proyecto de construcción de 400 millones de dólares que sólo beneficiará a su séquito. Su ministro de Seguridad, disfrazado de soldado, está preparando un contingente militar especial con armamento norteamericano con el objetivo supuesto de perseguir a los narcotraficantes. Su ministro de Comercio asumió como misión la búsqueda de clientes en todo el mundo para vender el país al mejor postor antes de 2014.
“La segunda vuelta” y las otras iniciativas gubernamentales responden a una sola estrategia: la reelección y la entronización de Ricardo Martinelli en el poder. La debilidad institucional de la democracia, sin embargo, impide que el país enfrente este exabrupto para orientar la agenda política hacia problemas más importantes. Los empresarios no se atreven a actuar debido a la corrupción que corroe su relación con el gobierno. Cualquier movida en falso puede hacer caer el edificio entero. La llamada “sociedad civil” o conjunto de organismos no gubernamentales que se movilizan a favor de la transparencia está amarrada sin poder actuar con energía. Las organizaciones de la clase obrera, campesina y pueblos indígenas son perseguidas y reprimidas con saldos fatales cada vez que protestan.
Mientras los políticos más poderosos del país viajaban al exterior, colapsaba el diálogo
del Movimiento 10 de Abril por la Defensa del Río Tabasará con el gobierno nacional. Las trasnacionales y el gobierno no se detienen en hacer realidad el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el área donde colindan la provincia de Chiriquí y la comarca Ngobe Buglé. Miles de familias perderán sus tierras y viviendas debido a la falta total de planificación. El conflicto se ha agravado con la ocupación de la servidumbre pública de la Carretera Interamericana por parte de unidades de la Fuerza Pública, listas para entrar en acción contra los pueblos del área.
Las autoridades que están preocupadas por sus intereses personales desconocieron el compromiso adquirido por el vice-ministro Luis Carles quien solicitó el 6 de mayo, a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la suspensión de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que se hubiesen podido realizar los estudios necesarios. Los trabajos se reiniciaron a pesar de las denuncias formales interpuestas por los dirigentes del Movimiento 10 de Abril ante la administración regional de ANAM, en Chiriquí. La obra se reinició aún cuando el estudio de impacto ambiental ya no tiene vigencia.
La persistencia del conflicto del Tabasará representa otro fracaso de la sociedad panameña por resolver conflictos de manera pacífica y garantizar la seguridad jurídica para todos los panameños. Según las organizaciones ambientalistas “resulta vergonzoso que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco subsista a pesar de una larga controversia entre el gobierno y los pobladores ngobe y los campesinos que viven a orillas del río Tabasará… Están defendiendo las aguas de este imponente río frente a la generación de energía hidroeléctrica”.
La falta de planificación ha generado conflictos similares en los ríos Chiriquí, Changuinola, Bayano y tantos otros. “Durante más de una década, según las organizaciones, esta lucha ha provocado movilizaciones, acciones de protesta, pronunciamientos públicos e incluso enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y los afectados. Lamentamos que por tantos años no se haya favorecido el diálogo y el imperio de la ley”. La Asamblea de Diputados llegó al extremo de introducir un “camarón” legislativo confundiendo un proyecto hidráulico con la creación de dos corregimientos. Incluso, las trasnacionales dueñas de las generadoras contemplan la exportación de la energía producida.
El Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre le planteó al gobierno que “como  sociedad aprendamos de los errores cometidos, ya que la falta de diálogo y la alteración inconsulta del orden jurídico sólo contribuyen a la disrupción de la paz social y a la vulneración de los derechos ciudadanos”. El Movimiento que reúne campesinos e indígenas le dieron un sano consejo a los gobernantes: No queremos que se repitan los hechos trágicos ocurridos hace poco en el distrito de San Félix. “Por esta razón, exhortamos al gobierno nacional a que reexamine su posición y que honre los compromisos adquiridos”. Hay que exigirle al presidente que resuelva esta crisis antes de su próximo compromiso deportivo o familiar en el exterior.
Panamá, 2 de junio de 2011.